Hay algo profundamente hipócrita en la actitud del Partido Popular de Almería y es pedir responsabilidades a los demás, exigir explicaciones y repartir lecciones de ética, mientras sus mandatarios siguen sin responder por uno de los mayores escándalos de corrupción que ha conocido esta provincia.
El ‘Caso Mascarillas’ ha dejado al descubierto una investigación judicial de enorme gravedad que afecta a la cúpula del PP en la Diputación de Almería. Su expresidente, Javier Aureliano García, sus exvicepresidentes, Fernando Giménez y Óscar Liria, y otros cargos populares están siendo investigados por una presunta trama de adjudicaciones irregulares, comisiones y mordidas en contratos públicos. La UCO ha señalado posibles irregularidades en contratos para la compra de material sanitario durante la pandemia -las más que necesarias mascarillas- y en numerosas adjudicaciones de obras. El caso es de tal naturaleza que la cifra de investigados alcanza ya a 43 personas.
A pesar de ello, sin empacho alguno, el actual presidente de la Diputación, José Antonio Alcaina, nombrado precipitadamente tras el escándalo en la Casa Provincial, habla hoy de la “decadencia” del PSOE y de la “decencia” del PP. Y lo dice él, que mantiene en su cargo, “supervisando” cómo llegan y se gastan los fondos europeos, al imputado alcalde de Tíjola, el mismo que sigue sin cambiar la estructura presuntamente corrupta de políticos y funcionarios de la Diputación de Almería.
Y ante semejante escándalo, el PP pretende seguir dando lecciones, señalar a los demás y presentarse como garante de ejemplaridad. Qué desfachatez. Quien exige explicaciones debe empezar por dar las suyas. ‘Justicia sí, pero no por mi casa’, como bien señala desde tiempos inmemoriales el refranero popular.
Si alguien ha personificado la decadencia y la indecencia en nuestra provincia han sido el Partido Popular de Almería, sus cargos y las decenas de amiguetes que se han aprovechado de nuestras instituciones para, presuntamente, robar a manos llenas, otorgar contratos a dedo a cambio de mordidas y crear una red clientelar inexpugnable donde impera la ley del silencio, al más puro estilo de la Sicilia de los años 20.
La realidad es que el PP de Almería personifica una de las mayores redes de corrupción e indecencia de España. Sólo observar cómo se produce el reparto de sillones podría arrojar un patrón perfectamente visible de cómo controlan las adjudicaciones y la contratación pública para que presuntamente lleguen a los mismos de siempre, muchos de los cuales, ahora, están siendo investigados judicialmente. El dolor de muelas que aquejaba a los políticos del PP, tal y como se recogía en sus comentarios de What’sApp, va camino de convertirse en el escorbuto de los almerienses. Y todo por la indecencia y la decadencia de un partido político al que urge echar de las instituciones almerienses.