El PSOE de Garrucha acusa al Gobierno municipal de utilizar políticamente el informe definitivo de la Cámara de Cuentas de Andalucía y de presentar sus conclusiones como una historia de corrupción, dinero desaparecido o millones sustraídos. Los socialistas sostienen que el documento señala deficiencias administrativas que deben reconocerse y corregirse, pero no afirma que se haya perdido dinero ni que exista corrupción.
La formación afirma que no niega las deficiencias que acredita el informe y que asumir errores no equivale a aceptar lo que considera falsedades. Entre los ejemplos que señala está la cifra de 7.876.070,30 euros en gastos sin cobertura contractual, que, según el PSOE, el actual Gobierno atribuye íntegramente a los mandatos socialistas. Los socialistas indican que el informe definitivo incluye en esa cantidad un periodo en el que el actual Gobierno ya dirigía el Ayuntamiento.
El PSOE recuerda que, según recoge la Cámara de Cuentas, el Ayuntamiento reconoció que no había formalizado contratos conforme al procedimiento legal desde, al menos, 1975 hasta 2018, año en que se adjudicó el primero. La formación afirma que ese antecedente no exime de responsabilidad a ningún Gobierno, anterior o posterior, incluido el socialista, y presenta las deficiencias como estructurales e históricas del Ayuntamiento, no como un sistema creado por el PSOE.
La formación considera también relevante el desenlace de la denuncia que el alcalde presentó ante el Tribunal de Cuentas. El Ayuntamiento puso en conocimiento de ese órgano facturas del periodo 2020-2023 por 2.108.443,35 euros y alegó que carecían de contrato, consignación presupuestaria o fiscalización previa.
Según el PSOE, el informe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas recoge que las facturas correspondían a servicios y suministros efectivamente prestados al Ayuntamiento. La conclusión fiscal, indica la formación, fue que los hechos denunciados no presentaban indicios compatibles con responsabilidad contable por alcance.
Los socialistas explican que, según la Fiscalía, vulnerar la normativa administrativa de contratación no genera por sí solo responsabilidad contable: distinguen el incumplimiento del procedimiento de la falta de contraprestación, la desaparición de dinero público o la existencia de un perjuicio patrimonial. Añaden que el fiscal interesó el archivo de las diligencias preliminares y sostienen que este dato es importante para que los vecinos entiendan el caso.
El PSOE afirma que una factura puede haberse tramitado incorrectamente y corresponder, al mismo tiempo, a un servicio recibido por el Ayuntamiento que este tenía obligación de pagar. Considera que esa irregularidad debe corregirse, pero niega que las facturas acrediten que se robaran, desaparecieran o fueran a parar a manos de alguien. También acusa al alcalde de haber llevado el asunto al terreno de la responsabilidad penal y sostiene que la Fiscalía estudió su denuncia y pidió archivarla; reclama que ese dato se comunique a los vecinos.
La formación cuestiona asimismo que se presente una cifra de 14 millones de euros como una conclusión de la Cámara de Cuentas. Señala que esa cantidad ya se difundía políticamente meses antes de la aprobación del informe definitivo y pide al alcalde que identifique la página, el párrafo y el cuadro del documento que, según él, respaldarían que la Cámara detectó 14 millones de euros gastados irregularmente por el PSOE.
El PSOE indica que el informe recoge distintas magnitudes económicas sobre contratación, modificaciones presupuestarias, gastos sin consignación y obligaciones y pagos sin fiscalización. Sostiene que esas categorías pueden referirse a las mismas operaciones y que no deben sumarse sin comprobar antes que no haya duplicidades. Por ello, cuestiona que se agreguen varias veces las mismas facturas para obtener una cifra que atribuye a la Cámara de Cuentas.
La formación considera significativo que algunas deficiencias señaladas continuaran después de las elecciones municipales de 2023. Según el PSOE, la Cámara indica que la falta de ejercicio de la función interventora se mantuvo prácticamente hasta 2025. Añade que la práctica irregular de cobrar en efectivo las fianzas del aparcamiento municipal comenzó en 2014 y continuó hasta principios de 2025, casi dos años después del cambio de Gobierno.
Los socialistas sostienen que, si las prácticas recogidas en el informe se atribuyen automáticamente como responsabilidad política al PSOE, el alcalde debería explicar por qué continuaron durante su mandato.
El PSOE recuerda que algunas cuestiones difundidas a partir del informe provisional cambiaron tras el periodo de alegaciones. Cita las gratificaciones abonadas a trabajadores municipales: afirma que la documentación aportada permitió justificar las correspondientes a varios empleados y acreditar que determinados pagos a agentes de la Policía Local en 2022 eran atrasos por servicios extraordinarios de meses anteriores, cuando esos trabajadores prestaban servicio en el Ayuntamiento.
Según la formación, la Cámara eliminó ese reproche del informe definitivo. El PSOE considera que este caso muestra por qué, a su juicio, no se debían emitir conclusiones políticas sobre un informe provisional antes de que finalizara el procedimiento de alegaciones.
El PSOE de Garrucha afirma que mantendrá una posición de máxima transparencia sobre el informe. Reconoce que hubo procedimientos administrativos que debieron hacerse mejor y que las conclusiones de la Cámara deben servir para modificar algunos procedimientos municipales.
Al mismo tiempo, la formación rechaza que el Gobierno municipal convierta las deficiencias administrativas en una historia de corrupción que, según sostiene, ningún tribunal ha declarado; que presente servicios efectivamente prestados como dinero desaparecido; que atribuya íntegramente al PSOE cifras que incluyen años del mandato actual, o que presente cálculos políticos previos que considera falsos como conclusiones de la Cámara de Cuentas.
Los socialistas reclaman al alcalde que explique a los vecinos tanto las conclusiones que afectan al anterior Gobierno como las que, según la formación, contradicen el relato que ha difundido y afectan a su propio Gobierno. También le exigen que exponga el conjunto de la información y sostienen que no se deben utilizar errores administrativos para formular acusaciones de corrupción que, a juicio del PSOE, no han acreditado los órganos fiscalizadores ni la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.
| Cifra o periodo | Referencia según la noticia |
|---|---|
| 7.876.070,30 euros | Gastos sin cobertura contractual. El PSOE afirma que el informe de la Cámara de Cuentas atribuye una parte al periodo en que ya gobernaba el actual equipo municipal; la noticia no detalla cuánto. |
| 1975-2018 | Periodo en el que, según el reconocimiento municipal citado por el PSOE, no se habían formalizado contratos conforme al procedimiento legal. En 2018 se adjudicó el primero. |
| 2.108.443,35 euros | Importe de facturas de 2020-2023 que el Ayuntamiento comunicó al Tribunal de Cuentas en una denuncia del alcalde. Según la noticia, la Fiscalía pidió archivar las diligencias preliminares. |
| 14 millones de euros | Cifra que, según el PSOE, el alcalde difundió como gastos irregulares atribuidos a los socialistas. El PSOE sostiene que no es una conclusión del informe de la Cámara de Cuentas. |
| 2014-principios de 2025 | Periodo durante el que, según el PSOE, continuó la práctica de cobrar en efectivo fianzas del aparcamiento municipal. |
| Hasta aproximadamente 2025 | La noticia atribuye al informe de la Cámara de Cuentas que la falta de ejercicio de la función interventora se mantuvo prácticamente hasta ese año. |
| 2022 | El PSOE señala que determinados pagos a agentes de la Policía Local correspondían a atrasos por servicios extraordinarios de meses anteriores; según la noticia, la Cámara eliminó ese reproche del informe definitivo. |