Blindar las pensiones

La gran virtud de la Constitución Española de 1978 —y acaso el secreto de su inusitada longevidad entre las cartas magnas de nuestra historia, que no han sido muchas— siempre ha sido su calculada ambigüedad. Un malabarismo semántico que en su día permitió, por ejemplo, encajar el término «nacionalidades» para contentar a los nacionalistas periféricos sin romper el marco jurídico común que se afanaban en defender los nacionalistas españoles; un espacio flexible donde conviven la protección de la vida bajo cánones conservadores y la legalización del aborto reclamada por los progresistas, o la aconfesionalidad del Estado con un estatus de preferencia histórica y social para la Iglesia Católica. Aquella ambigüedad, lejos de ser un defecto de fábrica, actuó hasta ahora como el pegamento indispensable para articular el consenso institucional.

Sin embargo, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el conjunto de la izquierda parlamentaria parecen empeñados en demoler esa neutralidad elástica para rematar una norma a la medida exacta de su catecismo ideológico. Nada extraordinario en el tablero político, por otra parte: si de Vox dependiera, tampoco dudarían en finiquitar el modelo autonómico y centralizar hasta la última competencia administrativa, prohibir la libertad sexual y religiosa e imponer algunas otras.  

Escuchamos estos días al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pero también a los candidatos del PSOE almeriense como Anabel Mateos (cabeza de lista al Congreso de los Diputados) o José María Martín (secretario general provincial, exsubdelegado del Gobierno de España y aspirante al Senado), prometer solemnemente que blindarán en la Constitución Española asuntos como el derecho a las pensiones públicas o la interrupción voluntaria del embarazo. Un despliegue de pirotecnia jurídica que exige una pregunta elemental: ¿qué garantía ofrece el compromiso de quien hace del incumplimiento constitucional una rutina de gestión?

Para valorar la credibilidad de semejante promesa, basta con revisar la historia más reciente. El Gobierno de España acumula cuatro años consecutivos saltándose a la torera la obligación fijada en el artículo 134.3 de la Constitución Española, que establece con total nitidez que el Ejecutivo debe presentar ante el Congreso de los Diputados el proyecto de Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de que expiren los del año anterior. Conviene recordar la distinción jurídica: la Carta Magna no exige que las cuentas se aprueben obligatoriamente —pues eso depende de las mayorías parlamentarias y no siempre son posible, para lo que se establece la posibilidad de prorrogar los presupuestos—, pero sí impone con carácter imperativo su presentación. Si un Ejecutivo es incapaz de cumplir con un mandato constitucional tan diáfano, tan sencillo porque solo depende de él, como es presentar sus cuentas para el próximo año,  simplemente porque no le cuadran las alianzas o prefiere evitar el desgaste parlamentario, ¿en virtud de qué milagro deberíamos creer que incluir un nuevo epígrafe en el texto va a asegurar su cumplimiento real?

El argumento del blindaje de las pensiones en la Constitución Española roza además el esperpento conceptual. El derecho a una pensión pública forma parte del núcleo duro del Estado social en cualquier democracia de la Europa occidental; no existe en nuestro entorno geográfico un solo país civilizado que carezca de él. Y si lo que se pretende es fijar por mandato constitucional la revalorización automática según el Índice de Precios al Consumo (IPC), el truco resulta aún más evidente. Si las cuentas públicas quiebran o el Ejecutivo de turno decide mirar hacia otro lado, la frase en el texto constitucional tendrá exactamente el mismo valor práctico que la obligación de presentar presupuestos en fecha: ninguno. El papel no imprime euros ni paga nóminas.

 

Que sí, que vale, que lo hagan, pero eso, visto lo visto no garantiza nada.

En el caso del aborto o de las leyes de marcado calado social, la paradoja es si cabe más sangrante. Las prestaciones sanitarias y los servicios sociales no los ejecuta el Gobierno de España desde un despacho madrileño, sino la Comunidad Autónoma de Andalucía a través del presupuesto de la Junta de Andalucía. Aprobar titulares grandilocuentes en el Congreso para obligar a las Administraciones autonómicas a financiar servicios sin garantizar la suficiencia financiera es una jugada trillada. Ocurrió con la Ley de Dependencia y ocurre con cada anuncio efectista: el Gobierno central se cuelga la medalla y le endosa la factura a Andalucía, mientras riega de privilegios presupuestarios a Cataluña para amarrar la estabilidad parlamentaria del Ejecutivo central.

 

El blindaje constitucional no es más que un señuelo de campaña para electorados olvidadizos. En la provincia de Almería los ciudadanos comprueban a diario las carencias en infraestructuras que ni los presupuestos aprobados logran ejecutar, así que es bien sabido que las leyes no se cumplen por estar escritas con letras más grandes. Prometer candados en la Constitución Española cuando se lleva años ignorando el mandato presupuestario de la propia norma suprema no es proteger derechos: es tomar por ingenuos a los electores.