Almería convive con el picudo rojo desde hace 33 años

 

Los primeros daños causados por este insecto se detectaron en 1993 en la costa de Granada, muy cerca del límite provincial almeriense, adonde llegó a través de palmeras ornamentales importadas desde el norte de África, principalmente de Egipto, según recogen las fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. A lo largo de 32 años, la especie ha continuado su propagación hasta alcanzarse en 2025 su presencia en Getaria, en Gipuzkoa, trazando un mapa en el que actualmente se contabilizan 14 territorios con afección documentada, pero sin un marco regulatorio uniforme. En el ámbito agrícola y rural almeriense, esta evolución resulta crítica debido a la gran presencia de palmeras canarias en los linderos de las explotaciones, accesos a cortijos, balsas de riego y perímetros de los invernaderos, siendo esta la especie de mayor vulnerabilidad. Muestra de esta preferencia es que, en la Región de Murcia, entre los años 2006 y 2008, el 96 por ciento de los ejemplares talados correspondieron a palmeras canarias, frente a un 3 por ciento de palmeras datileras y un 1 por ciento de otras especies.

En el plano regulatorio, España carece de una legislación estatal contra el picudo rojo desde el 17 de octubre de 2018, fecha en la que quedó derogada la orden reguladora de ámbito estatal, dejando la potestad legislativa en manos de las distintas comunidades autonómicas. Mientras que en 6 de los 14 territorios afectados —como Cataluña, Aragón, Galicia, Cantabria, País Vasco y Ceuta— no se ha localizado ninguna norma específica en vigor, en la comunidad andaluza rige el Decreto 77/2010. Esta disposición de la Junta de Andalucía obliga explícitamente a los propietarios a comunicar la presencia de síntomas en sus ejemplares, así como a aplicar tratamientos o proceder a la eliminación de aquellas palmeras que no puedan ser recuperadas, corriendo todos los costes a cargo del titular. Esta exigencia legal impone una responsabilidad directa sobre los agricultores almerienses, dado que el incumplimiento de las medidas fijadas está tipificado en la Ley 43/2002 de Sanidad Vegetal, estableciendo sanciones que oscilan entre los 300 y los 3.000 euros para las infracciones leves, y de 3.001 a 120.000 euros en el caso de las infracciones graves por omitir las actuaciones dictadas contra la plaga.

El calendario de intervención en el arbolado constituye uno de los factores de mayor relevancia para los agricultores de la provincia de Almería. El marco regulatorio andaluz permite la realización de labores de poda durante el mes de noviembre, periodo que los estudios técnicos identifican como uno de los dos picos anuales de mayor densidad de población del insecto. Por el contrario, en territorios vecinos como la Región de Murcia se aconseja no realizar podas entre abril y noviembre, coincidiendo con la fase de vuelo de los adultos, mientras que los análisis de la Generalitat Valenciana sitúan precisamente en noviembre el máximo poblacional de la plaga. Ante esta disparidad, la recomendación técnica más prudente para prevenir contagios en el campo almeriense es restringir las tareas de poda exclusivamente a los meses de enero y febrero, únicos periodos validados de forma unánime por las normativas revisadas. Dichas intervenciones deben ser mínimas, limitándose al corte de hojas secas sin cepillar el tronco, y en caso de precisarse el corte de palmas verdes, se requiere el sellado inmediato de la herida mediante mástic o productos fitosanitarios autorizados.

La detección precoz del picudo rojo presenta serias dificultades debido a que las larvas alimentan y desarrollan su actividad en el interior de la palmera. Por ello, las autoridades de sanidad vegetal recomiendan vigilar indicadores visuales en la copa del ejemplar, como la presencia de palmas desprendidas, tonalidades amarillentas o bordes roídos, así como en la base del tronco, donde pueden apreciarse acumulaciones de virutas, orificios y exudaciones. Al detectarse estos síntomas, la normativa andaluza exige su notificación inmediata a los órganos competentes. En los casos en que la infestación resulte irreversible, la indicación técnica determina la tala total de la palmera afectada, cuyos restos no pueden gestionarse como un residuo convencional, sino que deben trocearse, transportarse debidamente cubiertos y depositarse en plantas de tratamiento o vertederos autorizados para evitar la diseminación del coleóptero.

En lo referente a las herramientas fitosanitarias disponibles para controlar la plaga, el Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio mantiene vigentes 13 formulaciones autorizadas contra el picudo rojo, agrupadas en siete sustancias activas diferentes. Seis de estos productos se basan en la deltametrina, mientras que tres de ellos —Epik, Revive II y Sivanto Prime— están diseñados para su aplicación mediante endoterapia, inyectándose de forma directa en el tronco de la planta. Asimismo, existen tres opciones de origen biológico o natural, consistentes en dos formulaciones del hongo Beauveria bassiana y una basada en aceite de naranja. No obstante, para los propietarios que no dispongan del carné de usuario profesional de productos fitosanitarios, las posibilidades de actuación directa son mínimas, puesto que solo uno de los productos registrados, Decis Protech, cuenta con autorización para su venta en envases orientados a la jardinería exterior doméstica. La aplicación de la práctica totalidad del catálogo fitosanitario requiere de la intervención de empresas especializadas o aplicadores cualificados.

A la complejidad del manejo de la plaga se suma la inexistencia de un censo público centralizado sobre el impacto total del picudo rojo en España, no existiendo recuentos oficiales que constaten las estimaciones informales que apuntan a más de un millón de ejemplares muertos. El único precedente documentado con rigor corresponde a Canarias, donde el insecto se detectó en 2005 con la aparición de 16 focos activos. Tras un plan de contingencia llevado a cabo durante diez años, que implicó la inspección de 706.081 palmeras, la aplicación de tratamientos en 209.547 ejemplares y la tala de 659 unidades, el archipiélago logró declarar la erradicación oficial de la plaga en 2016. Este caso demuestra la efectividad de las inspecciones masivas y continuadas por parte de las administraciones, un nivel de coordinación que en la actualidad no se encuentra desplegado de forma centralizada en el territorio peninsular.

Para el sector agrícola de la provincia de Almería, las conclusiones de los análisis técnicos subrayan la importancia de no demorar las actuaciones hasta que los daños sean irreversibles, planificar las podas únicamente en los meses de invierno de enero y febrero, notificar obligatoriamente cualquier sospecha a los órganos autonómicos de sanidad vegetal y recurrir a profesionales autorizados para los tratamientos. Asimismo, se aconseja priorizar especies con mayor resistencia natural en las nuevas plantaciones, evitando la palmera canaria por su elevada vulnerabilidad, y exigir en todas las adquisiciones el pasaporte fitosanitario, documento obligatorio para el comercio de ejemplares que superen los 5 centímetros de diámetro en la base de su tronco.