La formación Andalucía Por Sí - Andalucistas ha expresado su apoyo a los reclamos sociales que impulsan la huelga general del 11 de noviembre en materia de acceso a la vivienda, un problema que afecta de forma directa a las familias y jóvenes de la provincia de
Almería. No obstante, el partido ha marcado distancias con el uso político de la protesta, rechazando de forma tajante que una reivindicación de este calado termine supeditada al calendario electoral o a la confrontación de partidos.
Desde el colectivo consideran contradictorio que la presidencia del Gobierno pretenda encabezar ahora este malestar tras ocho años de gestión sin haber articulado soluciones estructurales ante un deterioro residencial que no ha dejado de agravarse. En este sentido, denuncian que durante dicho periodo los grandes fondos de inversión y operadores inmobiliarios han afianzado su dominio en el mercado, mientras miles de hogares encuentran trabas insuperables para comprar o alquilar a precios asumibles.
Frente a esta coyuntura, la corriente andalucista defiende que el suelo debe ser una oportunidad real para residir, trabajar y desarrollar un proyecto vital, en lugar de un ámbito reservado a la especulación. Por ello, sostienen que la Comunidad requiere de políticas públicas firmes que sitúen el derecho a la vivienda por encima de los intereses financieros.
En esta línea, reclaman la adopción de medidas contundentes para frenar la especulación, incrementar de manera significativa el parque público de inmuebles y garantizar el acceso a un hogar digno. Asimismo, exigen un aumento de recursos, financiación y competencias para las corporaciones locales de los municipios, al tratarse de la administración más cercana a la ciudadanía y la que cuenta con mayor capacidad para fomentar el alquiler asequible.
Por último, la organización recuerda que la defensa del municipalismo y el aprovechamiento de los recursos propios son pilares esenciales del andalucismo, subrayando que no se puede asumir el éxodo juvenil de los pueblos ni que las familias destinen la mayor parte de sus ingresos al pago del techo. En consecuencia, reiteran su respaldo a la movilización pero apelan a que no se convierta en una herramienta de campaña, recordando que el acceso a un hogar requiere decisiones firmes e inversión pública antes que discursos electorales.