La Audiencia Provincial de Almería ha puesto en marcha los trámites procesales para el cumplimiento efectivo de la pena de cuatro años de prisión dictada contra el futbolista Santi Mina. La medida da continuidad al procedimiento seguido contra el atacante por la comisión de un delito de abuso sexual perpetrado en el municipio de Mojácar durante el verano de 2017, cuando el deportista asaltó a la víctima en el interior de un vehículo estacionado en los alrededores de un espacio de ocio nocturno.

El tribunal con sede en la capital de Almería ha otorgado un margen de diez días a las partes personadas para que formulen sus alegaciones sobre las condiciones y la modalidad en que deberá ejecutarse el fallo. Asimismo, la resolución procesal dispone el cumplimiento estricto de la medida cautelar que prohíbe al delantero aproximarse a menos de 500 metros de la agredida o entablar cualquier vía de comunicación con ella a lo largo de un periodo de 12 años, habilitando a la acusación particular el plazo para concretar la vía de cobro de la indemnización de 25.000 euros fijada en concepto de daños morales.

Este avance procesal acontece después de que el Tribunal Supremo ratificara de forma definitiva la condena al desestimar el recurso de casación impulsado por la defensa del jugador, la cual pretendía ampararse en una supuesta interpretación errónea del consentimiento. El alto tribunal dictaminó que la secuencia de los hechos no ofrece resquicio alguno para deducir una manifestación favorable por parte de la víctima, remarcando que el episodio delictivo se interrumpió únicamente cuando el condenado advirtió que la continuidad de los actos exigiría recurrir a la fuerza física.

De igual modo, la alta magistratura desestimó las pretensiones de la acusación, que reclamaba tipificar la conducta como un delito de agresión sexual con penetración e incrementar la sanción hasta los ocho años de cárcel, además de rechazar la imputación por complicidad sobre el segundo investigado que resultó absuelto en la vista oral. Con este decreto dictado desde la provincia de Almería, el jugador, que se encuentra sin equipo tras rescindir unilateralmente su contrato con el Celta de Vigo en verano de 2023, encara la fase final para su encarcelamiento en el Estado español.