Crespo acusa al Gobierno de devolver 62.000 millones europeos

La candidata número 1 del Partido Popular de Almería al Congreso de los Diputados, Carmen Crespo, ha denunciado hoy junto al candidato número 1 al Senado, Miguel Ángel Castellón, alcaldes del Poniente y miembros de la ejecutiva provincial del PP, que los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez han supuesto un retroceso en la política hidráulica de la provincia, con infraestructuras pendientes, proyectos que acumulan retrasos y una falta de ejecución de inversiones que está comprometiendo el abastecimiento y el futuro del sector agrícola. 

Crespo ha situado la desaladora del Campo de Dalías como ejemplo de la parálisis que sufren las infraestructuras hidráulicas de la provincia de Almería y ha recordado los incumplimientos con su ampliación, una actuación que debe incrementar su capacidad de producción de los actuales 30 a 40 hectómetros cúbicos anuales, aportando 10 hectómetros adicionales para el abastecimiento y el regadío del Poniente, y que el gobierno de Sánchez ha incumplido durante ocho años a pesar de la importancia de esta infraestructura para los cerca de 300.000 habitantes de la comarca. 

Carmen Crespo ha recordado que la planta produce más de 4.000 metros cúbicos por hora, pero cuenta con una capacidad de regulación limitada, lo que incrementa la vulnerabilidad ante posibles averías. De hecho, ha recordado el episodio de la Navidad de 2023, cuando una incidencia en la desaladora dejó sin suministro a parte del Poniente durante dos días.

La candidata ha denunciado además que la falta de ejecución de los fondos europeos Next Generation está afectando a distintas actuaciones hidráulicas del Poniente, que ha cifrado en alrededor de 90 millones de euros. Entre ellas ha señalado los 35,5 millones previstos para la ampliación de la desaladora de Dalías, los 15,9 millones de la red secundaria de distribución, más de 10 millones para el abastecimiento de Adra desde la desaladora y cerca de 30 millones destinados a un parque fotovoltaico asociado a la instalación para mejorar su eficiencia energética.

A estas actuaciones ha sumado la incertidumbre sobre las conexiones de agua desalada a Adra y La Mojonera, que forman parte del convenio suscrito en 2023 entre el Gobierno de Juanma Moreno y el Ejecutivo central para financiar al 50% infraestructuras hidráulicas cuya competencia correspondía al Estado. Crespo ha contrapuesto estos compromisos pendientes con las actuaciones que sí ha ejecutado o está desarrollando la Junta de Andalucía, como la conexión de Roquetas de Mar, la mejora de la ETAP de Cuevas del Almanzora, la conexión del depósito de La Pipa con San Cristóbal y las obras de abastecimiento de agua desalada a El Ejido, que superan ya el 80% de ejecución.

Subida del agua

En su intervención, Carmen Crespo ha advertido también de las consecuencias que puede tener la falta de inversiones en desalación y en instalaciones fotovoltaicas destinadas a reducir los costes energéticos de producción del agua. Según ha denunciado, el Gobierno pretende trasladar ahora a los ayuntamientos y, finalmente, a los ciudadanos el coste de esa falta de inversión mediante un incremento del precio del agua que podría repercutir en los recibos de los hogares.

La candidata ha cuestionado además que esta medida se plantee a pocas semanas de las elecciones, al considerar que puede comprometer económicamente a los ayuntamientos y condicionar las decisiones del futuro Ejecutivo. A su juicio, el Gobierno debe ejecutar primero las infraestructuras y las inversiones comprometidas, en lugar de trasladar a las administraciones locales y a los usuarios las consecuencias de los retrasos.

Frente a esta situación, Crespo ha defendido el Plan Nacional del Agua de Alberto Núñez Feijóo, que contempla movilizar hasta 40.000 millones de euros en inversiones hasta 2030 para modernizar las infraestructuras hidráulicas, ampliar la capacidad de desalación, impulsar la reutilización y mejorar los regadíos. 

Asimismo, ha destacado la inversión de más de 182 millones de euros realizada por el Gobierno de Juanma Moreno en política hídrica en Almería y ha defendido la necesidad de coordinar las actuaciones de las distintas administraciones para dar respuesta al déficit de agua de la provincia.

Huelga general

Por último, Carmen Crespo se ha referido a la huelga convocada durante la jornada y ha cuestionado su finalidad, al considerar que responde más a intereses políticos que a una reivindicación laboral. La candidata ha pedido a los sindicatos coherencia y responsabilidad y ha criticado que mantengan una convocatoria que, a su juicio, se dirige contra la oposición en un momento de especial tensión política.

Crespo ha defendido que el derecho de huelga debe servir para proteger los intereses de los trabajadores y no convertirse en un instrumento de confrontación partidista. También ha reclamado a las organizaciones sindicales que ejerzan su labor con independencia del Gobierno y ha cuestionado su actuación durante los ocho años de legislatura de Pedro Sánchez. La candidata ha asegurado que el PP mantendrá su actividad política y sus propuestas pese a la convocatoria y ha reclamado sindicatos libres e independientes, centrados en defender los derechos laborales.

Miguel Ángel Castellón y Gabriel Amat

Por su parte, el candidato número 1 del PP al Congreso, Miguel Ángel Castellón, ha subrayado que el agua es una cuestión estratégica para Almería, cuya economía depende en gran medida de la agricultura y de la actividad que genera en miles de familias. En este sentido, ha responsabilizado al Gobierno de Sánchez de los retrasos en las desaladoras y de los recortes en los trasvases, que, según ha señalado, están reduciendo los recursos disponibles para los agricultores.

Castellón ha enumerado las actuaciones pendientes en la provincia, entre ellas la ampliación de siete hectómetros cúbicos de la desaladora de Carboneras, la reparación de la desaladora de Bajo Almanzora I, la del Bajo Almanzora II y la reducción de los recursos procedentes de los trasvases del Negratín y del Tajo-Segura. Frente a esta situación, ha defendido la propuesta de Feijóo de movilizar 40.000 millones de euros en inversiones hidráulicas hasta 2030 para dar respuesta a las necesidades de agua del Poniente, el Levante y el conjunto de la provincia.

Seguidamente, el presidente de honor del PP de Almería, Gabriel Amat, ha recordado que durante el Gobierno de José María Aznar se impulsó el Plan Hidrológico Nacional, pero que fue derogado tras la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al Gobierno.

Amat ha lamentado que aquella decisión supusiera la paralización de una infraestructura que, a su juicio, habría contribuido a resolver el déficit hídrico de la provincia. 

El presidente de honor del PP ha concluido poniendo como ejemplo las dificultades de abastecimiento que ha sufrido Roquetas de Mar, recordando especialmente la avería de la desaladora durante las Navidades de 2023, que obligó a recurrir a soluciones extraordinarias para garantizar el suministro. Amat ha insistido en que Almería necesita inversiones y planificación a largo plazo, y ha lamentado que las infraestructuras hidráulicas continúen siendo una asignatura pendiente para el Gobierno central.

Alcaldes y portavoces del Poniente

Por último, la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, la alcaldesa de Balanegra, Nuria Rodríguez, el alcalde de Adra, Manuel Cortés, el alcalde de Enix, Álvaro Izquierdo, y los portavoces del PP en Vícar y La Mojonera, José Manuel Manzano y Antonio Tomás, han coincidido en reclamar al Gobierno central que desbloquee la ampliación de la desaladora del Campo de Dalías, una infraestructura que consideran estratégica para garantizar el desarrollo económico y social de toda la comarca. 

Los alcaldes y portavoces han subrayado que el agua no es un recurso más para el Poniente, sino la base de su presente y de su futuro, en una comarca referente internacional en producción agrícola y que destaca por su capacidad de innovación, modernización y competitividad dentro de la Unión Europea.

Además, han advertido de que, pese a la fortaleza y capacidad de superación del sector agrícola, la escasez de recursos hídricos y la presión sobre los acuíferos constituyen una de las principales vulnerabilidades del territorio. Por ello, consideran que la ampliación de la desaladora es una actuación urgente e imprescindible que debería haberse impulsado durante los últimos ocho años por el Gobierno de Pedro Sánchez. 

En este sentido, han calificado su paralización como un ejemplo de la falta de compromiso del Ejecutivo socialista con el Poniente y han reclamado seguridad hídrica, planificación, presupuestos, inversiones y un calendario cierto para una infraestructura vital para los municipios de la comarca. 

Finalmente, han mostrado su confianza en que el proyecto reciba el impulso necesario con un futuro Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.