La provincia de Almería ha vivido este 11 de noviembre una jornada de contrastes. Mientras la actividad económica transcurría prácticamente como cualquier otro día en buena parte de sus municipios, la capital almeriense se convertía por la tarde en escenario de una importante movilización ciudadana que desbordó la Plaza de las Velas y recorrió la Rambla Federico García Lorca hasta concluir en su anfiteatro. Dos imágenes muy diferentes de una misma convocatoria: una huelga general con escasa repercusión en los centros de trabajo, pero con capacidad para reunir a miles de personas en torno a reivindicaciones que van mucho más allá de las condiciones laborales.

El acceso a una vivienda, el encarecimiento del coste de la vida, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y el deterioro de determinados servicios públicos han sido los principales argumentos de una protesta que ha encontrado en el mercado inmobiliario almeriense uno de sus grandes puntos de encuentro. Una preocupación que afecta especialmente a los jóvenes, pero que se extiende también a familias trabajadoras que encuentran cada vez más dificultades para afrontar el alquiler o plantearse la compra de una vivienda.

La convocatoria de Comisiones Obreras (CCOO) y UGT, a la que se han sumado otros sindicatos, asociaciones y colectivos sociales, pretendía trasladar esas reivindicaciones a la calle y convertirlas en una demostración de fuerza. La respuesta, sin embargo, ha sido desigual: importante en las manifestaciones y mucho más discreta en el seguimiento laboral.

Una provincia que trabajó con normalidad

Desde primera hora de la mañana, la actividad en los principales sectores económicos de Almería se desarrolló sin alteraciones generalizadas. Comercio, hostelería, construcción, agricultura, industria, logística, transporte de mercancías y transporte de viajeros mantuvieron sus servicios y horarios habituales, sin que se produjeran incidencias reseñables relacionadas con la convocatoria.

Los piquetes informativos hicieron acto de presencia en algunos puntos de la capital, especialmente en el Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), el Sector 20 y distintas zonas industriales y comerciales. También hubo actividad sindical en los alrededores de Ikea y del centro comercial Torrecárdenas. No obstante, estas actuaciones tuvieron un recorrido limitado y se disolvieron sin que se registraran altercados de consideración.

La normalidad fue igualmente la tónica dominante en otros polígonos industriales de la provincia, incluidos los de Viator y las zonas industriales del Levante y el Almanzora. Las empresas de distribución y logística mantuvieron su actividad, al igual que los establecimientos comerciales y las empresas de servicios.

Tampoco las carreteras almerienses registraron incidencias destacables vinculadas a la huelga. La circulación se desarrolló con normalidad y no se produjeron bloqueos que afectaran de manera significativa a los desplazamientos.

La fotografía general de la jornada, por tanto, dista de la que suele asociarse a una huelga general con un seguimiento masivo. La provincia no se paralizó y la mayoría de los sectores mantuvieron su funcionamiento habitual.

La Junta cifra en un 1,2% el seguimiento entre los docentes

Los datos facilitados por la Administración autonómica apuntan también a una incidencia limitada en los servicios públicos.

Los colegios e institutos públicos dependientes de la Junta de Andalucía abrieron sus puertas con normalidad en las ocho provincias. En el conjunto de Andalucía se contabilizaron 1.260 ausencias de docentes sobre una plantilla de 108.827 profesionales, lo que representa un seguimiento del 1,2%.

Por enseñanzas, 619 ausencias correspondieron a centros de Infantil y Primaria, un 1,4% de sus plantillas; otras 598 se registraron en institutos de Secundaria, un 1,1%; 26 en residencias escolares, un 0,5%, y 17 en centros de educación de adultos, un 0,8%.

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Góngora, defendió que la incidencia había sido muy reducida y que los servicios públicos habían funcionado con normalidad.

«La incidencia de la huelga de los servicios públicos dependientes de la Junta de Andalucía en Almería está siendo mínima y el funcionamiento ordinario de todos los servicios está siendo el habitual hasta las doce de la mañana. Podemos decir que los colegios e institutos han abierto con normalidad en la provincia de Almería», señaló.

Góngora destacó igualmente que el 98,8% de los docentes andaluces habían acudido a sus puestos de trabajo y precisó que, según los datos de la Administración autonómica, el seguimiento de la huelga entre el profesorado de Almería se situaba en el 1,2%.

El delegado del Gobierno andaluz también ofreció cifras sobre otros servicios. En el transporte por carretera, explicó que la actividad había alcanzado el 80%, por encima del 60% establecido como servicios mínimos. Los museos, archivos, bibliotecas y monumentos abrieron con normalidad, al igual que las nueve estaciones de ITV de la provincia.

La sanidad pública tampoco experimentó alteraciones relevantes en su funcionamiento ordinario, según los datos facilitados por la Junta.

El delegado territorial de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, cifró en 182 los profesionales sanitarios que secundaron la huelga durante el turno de mañana, lo que representa un 2,95% de la plantilla.

«Los centros sanitarios de la provincia de Almería hoy han abierto con total normalidad y sin incidencias. Hoy, en el día de la huelga general, un 2,95% de los profesionales sanitarios, 182 profesionales, se han ausentado de su puesto de trabajo en la provincia de Almería en el turno de mañana», explicó.

Son cifras que dibujan una jornada de escasa repercusión en el funcionamiento de los servicios públicos y que contrastan con la lectura que realizaron las organizaciones convocantes.

Los sindicatos discrepan de los datos oficiales

La secretaria general de UGT Almería, Carmen Vidal, ofreció una valoración muy distinta del seguimiento de la convocatoria. Aunque reconoció que la incidencia había sido desigual entre sectores, defendió que determinados centros de trabajo y actividades habían registrado paros significativos.

«Se han podido ver polígonos totalmente paralizados, donde hay industria», aseguró.

Vidal apuntó que una parte de la industria almeriense había secundado la huelga y situó entre el 20% y el 30% el seguimiento en algunos ámbitos. Sin embargo, insistió en que las cifras variaban considerablemente dependiendo de las empresas y de los conflictos laborales existentes.

«A nivel general, por ejemplo, la educación un 40%, sanidad un 20%, empresas como manipulado podemos decir que algunas ha sido el 100%, una residencia de ancianos de Mayores de Almería capital un 100%, porque donde ha habido conflicto, donde hay problemas, la gente ha parado. Se entiende que hay que parar porque tienen ya conflicto», manifestó.

La dirigente sindical quiso poner el acento en que la huelga no debía medirse exclusivamente por la repercusión sobre la actividad productiva, sino también por la capacidad de movilización social y por la situación de los trabajadores que atraviesan dificultades para llegar a fin de mes.

La diferencia entre las cifras sindicales y las ofrecidas por la Junta y los representantes empresariales evidencia la habitual dificultad para establecer un balance único del seguimiento de una huelga general. Los datos oficiales se refieren a ausencias registradas en las plantillas de los servicios públicos, mientras que las organizaciones convocantes aportan estimaciones sectoriales y de empresas concretas.

En cualquier caso, la actividad observada en buena parte de la provincia durante la jornada confirma que la convocatoria no consiguió provocar una paralización generalizada de la economía almeriense.

La vivienda se convierte en el gran argumento de la protesta

Si la mañana estuvo marcada por la actividad prácticamente normal de las empresas, la tarde ofreció una imagen muy diferente. La Plaza de las Velas comenzó a llenarse pasadas las cinco, con la llegada de representantes sindicales, colectivos sociales, asociaciones y ciudadanos que acudieron a participar en la manifestación.

La vivienda fue uno de los asuntos que concentró mayor atención. No se trataba únicamente de una reivindicación sindical, sino de un problema que afecta a sectores de población muy diferentes y que se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales de la provincia.

La secretaria general de UGT, Carmen Vidal, puso como ejemplo el precio de las viviendas de protección oficial en Almería, que, según denunció, alcanza los 200.000 euros.

«Las viviendas de Almería de VPO valen 200.000 euros. A ver qué persona con un salario de 1.500, de 1.600, de 1.700 se puede comprar una vivienda. A ver qué joven puede acceder a una vivienda. Es imposible ahora mismo», afirmó.

La dirigente sindical vinculó esta situación con la pérdida de capacidad adquisitiva de los trabajadores y con el bloqueo de numerosos procesos de negociación colectiva.

«Nosotros estamos aquí para defender hoy a los jóvenes, a los mayores, a la clase media, a todos los que tienen una negociación colectiva ahora mismo paralizada, que el IPC está subiendo por las nubes», señaló.

Vidal reclamó una respuesta ciudadana ante una situación que, a su juicio, justifica una movilización mucho más amplia.

«Y esto, Almería hoy tenía que estar abarrotada, abarrotada, porque tenemos los motivos para estar y ser la provincia que más gente tiene en la calle. Y ese es un llamamiento a la ciudadanía y a que piensen en lo que nos pueda venir», añadió.

El problema de la vivienda fue también uno de los principales argumentos del secretario general de CCOO Almería, Antonio Rico, que puso el foco en el incremento de los alquileres y en la falta de medidas para contener los precios.

Rico situó el encarecimiento del alquiler en el 5,2% durante el último año en el conjunto de la provincia, aunque destacó especialmente la situación de El Ejido, donde, según sus datos, la subida se aproxima al 17%.

El dirigente sindical criticó que no se hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado en la provincia y responsabilizó tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento de Almería de no haber impulsado esta posibilidad.

«Y ni la Junta de Andalucía, alegando que el ayuntamiento lo han solicitado, ni el ayuntamiento del mismo partido han solicitado esas zonas tensionadas, lo cual pararían y frenarían ese crecimiento de los alquileres», manifestó.

Su argumento no se limitó al alquiler. También alertó sobre las dificultades que supone el encarecimiento de la vivienda usada para las familias con ingresos modestos.

«También a eso se une que las viviendas de segunda mano han crecido un 10% en el último año y es imposible para una familia que cobre el SMI, 1.330 euros, pagando 800 de alquiler, jamás se van a poder comprar una vivienda», afirmó.

La comparación utilizada por Rico refleja uno de los principales problemas que se pusieron sobre la mesa durante la manifestación: la distancia entre los salarios de una parte importante de la población y el coste de acceder a una vivienda.

En una provincia en la que el empleo agrícola, los servicios y las actividades vinculadas al turismo tienen un peso importante, la capacidad de emancipación de los trabajadores jóvenes y de las familias con rentas medias y bajas se ha convertido en un asunto central del debate social.

El movimiento por la vivienda reclama medidas concretas

La movilización contó también con la participación de la Acampada Almería, cuyo posicionamiento fue expuesto por su portavoz, Tamara Calatrava.

Su intervención amplió el contenido de la protesta más allá de la reivindicación de precios asequibles. La organización reclamó medidas contra los desahucios, el racismo inmobiliario y las dificultades de acceso a una vivienda digna.

«Conseguir una vivienda digna para todo el mundo, que el fin de los desahucios, el fin del racismo inmobiliario, también que se pueda poner Almería como zona tensionada, que eso es importante, y bueno, que todo el mundo al final que se cumpla con el artículo 47 de la Constitución, que es lo imprescindible», explicó.

La referencia al artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, estuvo presente en el discurso de los colectivos participantes.

La reclamación de declarar Almería como zona tensionada constituye una de las demandas que los movimientos sociales y los sindicatos quieren trasladar a las administraciones públicas. Se trata de una medida que, en su planteamiento, permitiría intervenir sobre el mercado del alquiler para contener su evolución.

La manifestación convirtió así el problema inmobiliario en el principal elemento de conexión entre organizaciones que, aunque tienen diferentes ámbitos de actuación, comparten la exigencia de que las administraciones adopten medidas más eficaces.

Una primera movilización desde el instituto Celia Viñas

La jornada reivindicativa había comenzado mucho antes de que la Plaza de las Velas se llenara por la tarde.

A las nueve de la mañana, CGT, el Sindicato de Inquilinas y USTEA protagonizaron una primera movilización por el centro de Almería, que arrancó frente al instituto Celia Viñas.

La convocatoria puso el foco en la situación de la educación pública y en las condiciones en las que se desarrolla la actividad docente. Entre pancartas y música, los participantes reclamaron un incremento de las plantillas, más inversión y una mejora de las condiciones de los centros educativos.

Los representantes de los colectivos denunciaron problemas relacionados con las ratios de alumnos por aula, las dimensiones de algunos espacios educativos y la falta de sustituciones del personal que se encuentra de baja.

También alertaron de las dificultades para atender adecuadamente al alumnado con necesidades educativas especiales.

La reivindicación no se limitó a las condiciones laborales del profesorado. Los convocantes defendieron que la calidad de la enseñanza depende de los recursos disponibles y de la capacidad del sistema público para ofrecer una atención adecuada a todos los estudiantes.

Durante el recorrido por Obispo Orberá, la protesta incorporó igualmente las reivindicaciones relacionadas con la vivienda y la dignificación del trabajo.

Los participantes defendieron que la coincidencia de estas demandas con la huelga general respondía a una misma preocupación: las dificultades que afronta la población para acceder a servicios públicos de calidad y cubrir sus necesidades básicas.

La movilización concluyó en la Plaza del Educador, donde se hizo visible uno de los lemas que acompañaron la protesta: «Gobierne quien gobierne, la vivienda se defiende».

Dos manifestaciones y un mismo diagnóstico social

De manera paralela a esta primera convocatoria, UGT y CCOO organizaron su propia movilización, con salida desde el Auditorio Maestro Padilla a las diez de la mañana.

La jornada terminó teniendo así dos expresiones diferentes en las calles de la capital. Por un lado, la movilización de CGT, el Sindicato de Inquilinas y USTEA, con especial protagonismo de la educación pública y el acceso a la vivienda. Por otro, la convocatoria de UGT y CCOO, que desembocó en la gran manifestación de la tarde.

Aunque las organizaciones participantes no comparten necesariamente todas sus estrategias sindicales o sus planteamientos, la vivienda, los salarios y la defensa de los servicios públicos aparecieron como reivindicaciones comunes.

La manifestación vespertina recorrió la Rambla Federico García Lorca en sentido descendente hasta alcanzar el anfiteatro, donde concluyó la movilización.

La asistencia convirtió la protesta en uno de los principales acontecimientos ciudadanos de la jornada en la capital, aunque no tuvo una correspondencia equivalente en el seguimiento de la huelga en los centros de trabajo.

Una huelga con dos fotografías

El balance del 11N en Almería deja, por tanto, dos imágenes que conviven sin llegar a contradecirse necesariamente.

La primera es la de una provincia que no se paralizó. La mayoría de los sectores económicos mantuvieron su actividad, los comercios abrieron, las empresas trabajaron y los servicios públicos funcionaron prácticamente con normalidad. Los datos de la Junta reflejan una incidencia reducida en educación y sanidad, mientras que los sindicatos sostienen que hubo empresas y sectores concretos con un seguimiento mucho más elevado.

La segunda imagen es la de una capital que sí respondió a la convocatoria de movilización. La Plaza de las Velas y la Rambla acogieron una protesta numerosa en la que la vivienda se convirtió en el principal hilo conductor, acompañada de reivindicaciones salariales y de la defensa de la sanidad y la educación públicas.

La huelga general del 11 de noviembre no ha conseguido detener la actividad económica de Almería, pero ha permitido visualizar un malestar social que los sindicatos y colectivos convocantes consideran cada vez más extendido.

La distancia entre los datos de seguimiento laboral y la asistencia a las manifestaciones deja una cuestión de fondo: la capacidad de movilización en torno a problemas cotidianos no siempre se traduce en la disposición de los trabajadores a secundar un paro general.

En Almería, este 11N, la mayoría de las persianas permanecieron levantadas y las empresas siguieron funcionando. Pero por la tarde, las calles ofrecieron una imagen mucho más contundente de las dificultades que una parte de la ciudadanía considera que las administraciones todavía no han sabido resolver.