La autora de la agresión sufrida por una maestra de Educación Infantil en el CEIP Juan de Orea de Roquetas de Mar el pasado 2 de octubre ha sido condenada a una pena de un año de prisión. De esta resolución judicial ha dado cuenta la Delegación Territorial de Educación en Almería, organismo dependiente de la Junta de Andalucía, que ha puesto de relieve la trascendencia de un dictamen que refleja la gravedad de unos hechos calificados como completamente inaceptables.
Desde la Administración educativa subrayan que esta condena constituye una muestra evidente de que las agresiones contra el personal docente no solo acarrean la más firme reprobación de la Junta de Andalucía, sino que también conllevan responsabilidades en la vía penal. En esta misma línea, el departamento territorial ha traído a colación otro precedente judicial reciente en la Comunidad, concretamente en la provincia de Málaga, donde un juzgado de Coín impuso sendas penas de 8 y 4 meses de cárcel al padre y a la madre de un alumno de un instituto público por agredir a una profesora.
Tras conocerse el fallo judicial sobre los hechos ocurridos en
Roquetas de Mar, la Delegación Territorial ha vuelto a trasladar su respaldo y solidaridad tanto a la maestra afectada como al conjunto de la comunidad educativa del centro escolar. En su valoración, la institución recalca que los episodios violentos contra los profesionales de la enseñanza no pueden ni deben quedar impunes, advirtiendo de que quienes opten por la violencia se enfrentan a conductas tipificadas como delito que pueden derivar en penas privativas de libertad, ya que ninguna discrepancia, desacuerdo o circunstancia justifica una agresión.
Asimismo, desde la administración educativa en
Almería inciden en que esta sentencia debe servir para recordar que cualquier conflicto surgido en el entorno escolar tiene que encauzarse siempre mediante el diálogo, el respeto y la colaboración entre las familias y el profesorado. En este sentido, insisten en que la formación y el bienestar de los hijos e hijas deben prevalecer por encima de cualquier diferencia de criterio, descartando por completo el uso de la violencia como respuesta ante un desacuerdo.
Por último, la Delegación Territorial ha reafirmado su compromiso con la defensa y el amparo de todos los trabajadores de la enseñanza, recordando que la Ley de Autoridad del Profesorado, impulsada por la
Junta de Andalucía y aprobada en el Parlamento autonómico, proporciona un marco legal de protección que facilita las actuaciones en el ámbito judicial. El organismo concluye señalando que agredir a un docente no es un hecho menor ni una conducta carente de consecuencias, puesto que maestros y profesores merecen ejercer su labor con seguridad, tranquilidad y el reconocimiento de toda la sociedad, bajo la premisa de que «defender a nuestros docentes es defender la educación» y reclamando «ni una agresión más».