El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de Aviación Civil, ha esperado a la campaña electoral del próximo 29N para sacar a licitación mediante procedimiento abierto acelerado el contrato para garantizar los servicios de transporte aéreo regular sometidos a obligaciones de servicio público (OSP)  en las rutas que conectan Melilla con Almería, Granada y Sevilla. El anuncio oficial, publicado en el Boletín Oficial del Estado este viernes 13 de noviembre de 2026 bajo el expediente 87A2026 y difundido previamente en el Diario Oficial de la Unión Europea los días 6 y 9 de noviembre, establece un valor estimado de 2.160.000 euros para un periodo de ejecución de doce meses cuya fecha prevista de inicio se fija en el 1 de marzo de 2027. Esta actuación administrativa asegura la continuidad de un enlace aéreo estratégico para la provincia de Almería, tanto por su peso en los desplazamientos institucionales, comerciales y familiares con el norte de África como por el mantenimiento de la actividad regular en la terminal aeroportuaria almeriense.

La cuantía económica fijada en este nuevo concurso supone un notable ajuste a la baja en el desembolso máximo previsto por el Estado español en comparación con licitaciones precedentes de estas mismas líneas aéreas. Cuando el Consejo de Ministros declaró estas tres rutas como obligaciones de servicio público mediante su acuerdo del 5 de octubre de 2018 para recuperar unas conexiones que comenzaron a operar en mayo de 2019, el coste estimado para las arcas públicas rondó los 3,5 millones de euros anuales. Esa misma senda presupuestaria se mantuvo en el contrato correspondiente al periodo 2023 y 2024, que fue adjudicado en noviembre de 2022 a la unión temporal de empresas formada por Air Nostrum y Mel Air por un importe de 3.590.751 euros.

 

Tras la modificación de los parámetros operativos aprobada mediante la Orden TRM/951/2024 de 29 de agosto y la posterior adjudicación en enero de 2025 del contrato para el ciclo 2025-2027 a la misma alianza empresarial, la nueva licitación para el ejercicio que arrancará en marzo de 2027 sitúa el techo de compensación en 2,16 millones de euros, reduciendo en más de 1,4 millones el gasto presupuestado respecto al contrato de 2023-2024.

El procedimiento administrativo se tramita por la vía de urgencia tras la declaración adoptada por el órgano de contratación el pasado 24 de septiembre de 2026, lo que acorta los plazos para que las compañías aéreas interesadas presenten sus propuestas. Las aerolíneas disponen hasta las 19:00 horas del próximo 23 de noviembre de 2026 para remitir sus ofertas de forma electrónica a la sede de la Dirección General de Aviación Civil en Madrid, quedando obligadas a mantener sus propuestas durante un plazo de dos meses.

 

La apertura del sobre correspondiente a la oferta económica está prevista de manera orientativa para el 21 de diciembre de 2026 a las 10:00 horas, mientras que el plazo orientativo para la presentación de posibles recursos especiales en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales finalizará a las 23:59 horas del 30 de noviembre de 2026.

Para concurrir a este concurso y hacerse cargo de los vuelos entre Almería y Melilla, además de las rutas con Granada y Sevilla, los pliegos exigen una estricta solvencia técnica, financiera y operativa. Las empresas licitadoras deben contar con una licencia de explotación en vigor conforme al Reglamento europeo 1008/2008 y disponer del correspondiente Certificado de Operador Aéreo emitido bajo la normativa comunitaria vigente. En el plano económico, se requiere acreditar un volumen anual de negocios en el ámbito del transporte aéreo regular de al menos 3.240.000 euros en el año de mayor facturación de los tres últimos ejercicios concluidos. Asimismo, en el apartado técnico, las compañías deben demostrar haber operado al menos tres servicios similares durante los últimos tres años, entendiéndose como tales rutas aéreas regulares de menos de 1.000 kilómetros de distancia entre origen y destino con una frecuencia igual o superior a tres vuelos semanales durante un mínimo de tres meses consecutivos.

Más allá de la dotación presupuestaria, las condiciones reguladoras del contrato introducen mecanismos específicos de control tarifario, calidad del servicio y sostenibilidad ambiental para proteger a los usuarios que viajan desde y hacia Almería. El pliego establece una tarifa de referencia para los billetes y habilita a la aerolínea adjudicataria a comercializar una tarifa flexible que podrá superar dicha referencia en un máximo del 25 por ciento, siempre bajo la obligación de compensar ese incremento con billetes a precio inferior para no alterar el promedio anual, además de exigir una tarifa promocional con un descuento mínimo del 20 por ciento sobre la tarifa base y una política definida de equipaje tanto en cabina como en bodega. En la valoración de las ofertas, cuyo anuncio oficial en el Boletín Oficial del Estado recoge una ponderación uniforme en los criterios de adjudicación, se examinarán las condiciones tarifarias, el número de frecuencias ofrecidas, el importe de la compensación solicitada, la mejora en la oferta de asientos, la disponibilidad de aeronaves de reserva para garantizar la capacidad de respuesta ante incidencias y la continuidad del servicio.

El cumplimiento de los horarios y la fiabilidad de las operaciones constituyen otro de los pilares del pliego técnico, que fija un umbral máximo de vuelos cancelados por causas imputables a la compañía del dos por ciento del total programado por temporada, al tiempo que exige que al menos el 90 por ciento de los vuelos no sufran retrasos superiores a quince minutos.

 

La adjudicataria recibirá la compensación económica del Estado español únicamente para cubrir el déficit real derivado de la explotación de estas obligaciones de servicio público, motivo por el cual estará obligada a llevar una contabilidad analítica completamente separada para las rutas de Melilla con Almería, Granada y Sevilla, someter sus cuentas anualmente a una auditoría externa independiente costeada por la propia empresa y entregar cada mes a Aviación Civil informes detallados sobre ocupación, cancelaciones, puntualidad e ingreso medio por pasajero. A todo ello se suma el cumplimiento obligatorio de cláusulas medioambientales destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero durante la ejecución del servicio aéreo.