El PSOE ha entregado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso de Leire Díez la relación de abogados contratados por el partido entre 2021 y 2025 y las facturas de sus encargos. La formación ha pedido que la documentación reciba tratamiento reservado y que, por el momento, no se facilite a las partes personadas.
El juez ha incorporado el material, entregado en un pendrive y tres cajas, a una pieza con acceso reservado únicamente al Ministerio Fiscal mientras concluye su análisis, según una providencia consultada por Europa Press.
En un escrito, los socialistas respondieron al requerimiento reiterado del magistrado y afirmaron que colaboraban con la justicia y con el esclarecimiento de los hechos.
El partido aportó un archivo Excel con los profesionales y despachos contratados entre 2021 y 2025 por sus distintos órganos. Para cada encargo, el listado recoge el territorio o federación contratante, el despacho o profesional, los documentos aportados, la cuantía y una descripción genérica de la categoría del servicio.
También entregó las facturas, que incluyen los importes, las fechas, los datos fiscales y los conceptos tal como fueron emitidos. Según el escrito, esa información permite verificar la realidad, el volumen y el destino del gasto en servicios jurídicos del PSOE. El partido añadió que esos desembolsos han sido sometidos a auditoría y están depositados en el Tribunal de Cuentas.
La formación precisó que no incluyó en la relación ni aportó las facturas de los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, investigados en la causa, porque esa documentación ya consta en las actuaciones.
El PSOE indicó que las facturas fueron emitidas en distintos territorios y pagadas por el partido. Según explicó, corresponden a necesidades de asesoramiento jurídico de órganos de diferentes ámbitos territoriales y a intervenciones en procedimientos judiciales motivados por alguna acción política o relacionados con ella.
La formación comunicó al juez Pedraz que, si tras analizar la documentación considera necesario conocer más datos sobre algún encargo, pedirá autorización a los profesionales y personas afectadas y trasladará de inmediato al magistrado el resultado.
El partido argumentó que la documentación contiene datos identificativos y económicos que forman parte de la intimidad personal y pidió que se mantuviera reservada. También señaló que el PSOE está inmerso en un proceso electoral y que la difusión fragmentada o descontextualizada de la información podría causar un perjuicio que una rectificación posterior no repararía.
Por este motivo, el PSOE solicitó a Pedraz que creara una pieza separada y reservada para custodiar la documentación y limitara el acceso al tribunal. También pidió que no se diera traslado del material ni acceso a las partes personadas hasta que, mediante una resolución motivada y previa audiencia de los afectados cuando proceda, se valoraran su relevancia y necesidad para la investigación.
La formación había solicitado más tiempo para reunir la documentación requerida por Pedraz. Alegó que había consultado al Consejo General de la Abogacía Española para que se pronunciara sobre si la información podía afectar al secreto profesional.
El juez acordó esta diligencia en una investigación sobre una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y al entorno familiar del presidente del Gobierno. Según la hipótesis investigada, la trama habría sido dirigida por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante del PSOE Leire Díez.
| Dato | Cifra |
|---|---|
| Periodo de contratación de abogados incluido en la relación | 2021-2025 |
| Soporte digital entregado | 1 pendrive |
| Cajas de documentación entregadas | 3 |
| Abogados investigados cuyos servicios no se incluyeron en el listado ni en las facturas aportadas | 2 |