La provincia de
Almería se convertirá en un bastión infranqueable contra el crimen organizado si el
PP logra gobernar el país. Así lo ha defendido la aspirante al Congreso, Maribel S. Torregrosa, quien ha detallado una estrategia integral diseñada para frenar a las redes delictivas que operan a diario a lo largo de los extensos kilómetros del litoral almeriense. Para la dirigente, blindar a los ciudadanos y dar respaldo a los efectivos de seguridad constituye una obligación ineludible del Estado.
El proyecto liderado por Alberto Núñez Feijóo plantea una reorganización total de los recursos disponibles. Entre sus compromisos destaca la creación de un cuartel centralizado y permanente en la frontera sur, acompañado por una renovación urgente de las embarcaciones de vigilancia. Para asegurar el control desde el aire y combatir de manera efectiva a las
narcolanchas, se destinará un helicóptero fijo a la demarcación provincial, apoyado por patrullas de drones. A estas herramientas se sumarán dispositivos de georradar y modernos escáneres portuarios, dotando así de una mayor capacidad operativa a las fuerzas del orden.
Torregrosa ha incidido especialmente en la necesidad de cuidar a los profesionales, apostando firmemente por otorgar a la costa de la Comunidad andaluza la categoría de zona de especial singularidad. Este paso resulta vital para atraer y asentar a nuevos efectivos de la
guardia civil y de la
policía nacional, gracias a un sistema de incentivos laborales y jurídicos. Además, la formación aboga por reinvertir el patrimonio incautado a los criminales en la mejora del propio equipamiento policial. Tal y como ha expresado la política, no se puede exigir a estos profesionales que hagan frente a mafias altamente peligrosas sin los recursos materiales y humanos adecuados, sentenciando que "hay que proteger a quienes nos protegen".
Durante su intervención, la candidata también ha recordado las recientes victorias legislativas de su formación, subrayando que la tipificación del contrabando de combustible en alta mar ya es un hecho desde la pasada primavera. Esta norma salió adelante pese a la paralización inicial impulsada por el
PSOE en el Parlamento, y gracias a las aportaciones de los tribunales especializados en perseguir el tráfico de
droga. Finalmente, el plan conservador contempla atajar la multirreincidencia mediante procedimientos judiciales más rápidos, unificando causas y facilitando a los agentes el acceso inmediato a historiales delictivos, garantizando siempre el marco legal vigente.