Sucesos

Confirmados diez años y medio de prisión para un hombre por agredir sexualmente a la hija de su pareja en Vícar

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestima el recurso de apelación y ratifica íntegramente la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Almería, que incluye el pago de 30.000 euros de indemnización y dieciséis años de alejamiento

Viernes 20 de noviembre de 2026

La Sección de Apelación Penal de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de diez años, seis meses y un día de prisión impuesta a un hombre como autor penalmente responsable de un delito continuado de agresión sexual con penetración y prevalimiento sobre una menor de dieciséis años, hija de quien entonces era su pareja sentimental, en el municipio almeriense de Vícar. Mediante la sentencia número 469/2026, dictada el pasado 29 de octubre tras la deliberación celebrada la jornada anterior, el alto tribunal desestima en su totalidad el recurso de apelación interpuesto por la defensa y ratifica la resolución emitida en primera instancia el 4 de abril de 2025 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería, en una causa procedente del Juzgado de Instrucción número 4 de Almería.

Además de la pena privativa de libertad y la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, el fallo ratificado establece para el procesado la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros, cualquiera que sea el lugar en el que se encuentre, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante un periodo de dieciséis años. La resolución judicial, que fue rectificada de error material mediante auto de 19 de mayo de 2025, impone también al condenado una medida de libertad vigilada por espacio de seis años, que deberá ejecutarse con posterioridad al cumplimiento de la pena de cárcel, junto con la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante dieciséis años. En concepto de responsabilidad civil derivada de infracción penal, deberá indemnizar a la perjudicada en la suma de 30.000 euros más los intereses legales previstos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y abonar un tercio de las costas procesales ocasionadas, mientras que resultó absuelto de los delitos de elaboración y exhibición de material pornográfico con menores de los que también venía siendo acusado, declarándose de oficio los dos tercios restantes de las costas de primera instancia y las generadas en esta segunda instancia.


Según los hechos declarados probados por la Audiencia Provincial de Almería y avalados ahora por el TSJA, el acusado mantenía una relación de convivencia como pareja con la madre de la víctima, nacida el 2 de noviembre de 2006. Aprovechando esta condición, que le permitía un mayor acceso y un trato cercano con la niña, el hombre inició los abusos en fechas no concretadas pero comprendidas entre el 2 de noviembre de 2018 y principios de diciembre de ese mismo año, periodo en el que la menor cursaba primero de Educación Secundaria Obligatoria en un instituto ubicado en Vícar. Durante los desplazamientos en los que la llevaba en coche hasta dicho centro educativo, el condenado comenzó a tocarle el muslo en varias ocasiones, llegó a besarla en los labios hasta en dos oportunidades y le propuso mantener relaciones sexuales, a lo que la menor se negó.

La secuencia de agresiones continuó pasados unos días en el domicilio familiar, donde el procesado aprovechó que ambos se encontraban a solas en el salón, sin la presencia de la madre, para meterle la mano por debajo del pantalón y de la ropa interior y tocarle sus partes íntimas, logrando la niña apartarse en cuanto pudo para marcharse a su habitación. En otra ocasión posterior, al ausentarse momentáneamente la progenitora de la vivienda, el acusado volvió a aprovechar dicha circunstancia para empujar la cabeza de la menor hacia su pene mientras le ordenaba que abriera la boca, viéndose obligada la víctima a realizarle una felación con asco y soltándose en cuanto tuvo oportunidad. Por el contrario, la sala sentenciadora no consideró acreditado que el hombre exhibiera vídeos con contenido pornográfico a la niña ni que elaborara dicho material con fotografías o vídeos de la menor.

En su recurso de apelación ante el TSJA, cuya desestimación solicitaron tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular ejercida por la madre de la víctima, la defensa alegó en primer lugar un supuesto quebrantamiento de garantías procesales con vulneración del derecho de defensa, reclamando la nulidad del juicio oral. Por una parte, sostenía que la presidenta de la sala almeriense vetó indebidamente que se interrogase a las psicólogas de la fundación Márgenes y Vínculos, autoras de la prueba pericial sobre la credibilidad del testimonio de la menor, acerca de supuestas contradicciones entre su exploración ante la Guardia Civil, la prueba preconstituida llevada a cabo judicialmente y las entrevistas efectuadas durante el propio informe pericial. El tribunal superior desestima este argumento señalando que la defensa no utilizó la vía legal prevista en el artículo 790.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para pedir la práctica de prueba en segunda instancia y que, en cualquier caso, la inadmisión de la pregunta no generó indefensión, ya que las psicólogas contaban con la declaración policial de la niña cuando redactaron su informe escrito y estuvieron presentes en la prueba preconstituida, por lo que conocían plenamente sus manifestaciones al ratificar y explicar su dictamen en el juicio. Por otra parte, la defensa afirmó que la Fiscalía no había interrogado al procesado sobre los hechos, una queja que los magistrados califican de insólita e irreal tras comprobar en el soporte multimedia del juicio oral que el Ministerio Público sí interrogó al acusado —que habló en último lugar— de modo sucinto pero extensivo sobre los tocamientos íntimos, la felación, las grabaciones mediante teléfonos móviles y su explicación sobre la denuncia interpuesta por la menor y su madre.

El segundo bloque del recurso denunciaba una supuesta vulneración del derecho a la presunción de inocencia y una valoración errónea de la prueba practicada, atribuyendo la denuncia a un trasfondo de odio y venganza tras el deterioro sentimental entre el acusado y la madre de la niña, y asegurando que la convivencia había cesado antes de noviembre y diciembre de 2018. Para respaldar esta tesis, la defensa invocó un convenio regulador de medidas paternofiliales suscrito el 20 de febrero de 2019 y aprobado por sentencia de 19 de julio de ese año del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Almería, en el que se afirmaba que la relación afectiva había cesado en mayo de 2018, así como mensajes de WhatsApp dirigidos por la madre a la nueva pareja del procesado. Sin embargo, el TSJA respalda la valoración de la Audiencia Provincial de Almería y subraya que la progenitora explicó en el juicio que aquella fecha fue señalada formalmente en el convenio, pero que después continuó en parte la convivencia con oscilaciones y periodos en los que el acusado volvía al hogar familiar antes de iniciar otra relación sentimental, una prolongación irregular reflejada también en otros mensajes de WhatsApp analizados en la sentencia apelada, mientras que los mensajes citados por la defensa se referían a un piso que mantenía el hombre con unos perros peligrosos en su interior. Asimismo, la sala razona que, si todo contacto hubiera cesado en mayo, carecería de sentido que la menor, que contaba con trece años cuando reveló lo sucedido, ubicara temporalmente los hechos meses después.

La resolución del tribunal andaluz incide igualmente en la ausencia de motivos espurios o de inquina por parte de la víctima para idear falsamente unos hechos tan detallados y sostenerlos durante años, recordando que en situaciones de agresiones sexuales reiteradas contra menores no es exigible una concreción milimétrica de las fechas ni un marcaje estricto del comienzo y del final de la dinámica abusiva. En esta línea, los magistrados restan trascendencia a divergencias menores sobre si el acusado le proporcionó uno o dos teléfonos móviles y explican que el matiz entre su manifestación inicial ante la Guardia Civil y declaraciones posteriores respecto a la introducción de dedos responde a la lógica vergüenza y nerviosismo de una niña al describir tocamientos por debajo de su ropa interior. Con el respaldo adicional del informe pericial de Márgenes y Vínculos, que descartó motivación para declarar en falso, apreció en la menor síntomas compatibles con los abusos relatados y reputó su testimonio como creíble, el TSJA concluye que la prueba practicada desvirtuó plenamente la presunción de inocencia y advierte a las partes de que contra esta sentencia cabe preparar recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en el plazo de cinco días desde su notificación.

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