Sostiene que no afectan a los actuales responsables del PP aunque éstos hayan pagado las facturas por valor de 4,5 millones de euros a que se refiere
La Fiscalía Superior de Andalucía advierte posibles delitos en los anteriores gestores de la Diputación de Almería, gobernada por el socialista Juan Carlos Usero, y cuyo vicepresidente, Luis Pérez, está imputado en el llamado “caso facturas” relacionado con el Patronato de Turismo. Hay que recordar que el PSOE estaba apoyado por el Partido de Almería, siendo el entonces concejal del Ayuntamiento de El Ejuido José Añez, también vicepresidente de la institución, cargo del que fue retirado al estallar la Operación Poniente, también relacionada con la corrupción.
El auto de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) indica que los acuerdos plenarios de la Diputación de 1 de marzo de 2011 y 2 de marzo de 2012 para reconocimiento extrajudicial de créditos por un montante de 4,5 millones de euros, no apunta a la existencia de delitos deprevaricación administrativa, que es lo gestionado por el actual gobierno que preside Gabriel Amat, del Partido Popular, si no que los posibles delitos vienen del propio objeto de las facturas y su tramitación, es decir de quienes las propiciaron.
El pronunciamiento del Fiscal del TSJA, Arturo Gómez Pardo, se produce porque quienes presentaron la denuncia, la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT), apuntaban directamente a la posible ilegalidad del pago, que afectaría entre otros al diputado provincial y parlamentario autonómico -y por tanto aforado- Miguel Ángel Castellón. De este modo, García Calderón manda el asunto a la Fiscalía Provincial por considerar que no tiene nada que ver con éste, pero señala claramente los presuntos delitos de los anteriores responsables de la institución.
El Fiscal jefe ordena al de Almería que investigue la contratación de servicios o trabajos por parte del anterior equipo de gobierno ya que advierte un "cúmulo de irregularidades" que califica en algunos casos como constitutivas de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos o incluso tráfico de influencias.
Esto se produciría por "ilícitos administrativos" como la "defectuosa conformación de facturas", todo lo cual podrían comportar "responsabilidad patrimonial de autoridades y personal" en unos casos mientras en los más graves "podrían ser incluso constitutivas de un delito".
De modo somero se detalla en el auto que dichos delitos se habrían producido por la adjudicación de obras o trabajos conculcando “palmariamente” la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, bien por la adjudicación de tales encargos por parte de quienes carecían de legitimación para ello, o por vulneración o inexistencia del preceptivo procedimiento o expediente administrativo. De ahí, y se deduciría una posible malversación de acuerdo a la observación que hizo el interventor de la institución en los informes previos a ambos pleno "aludiendo a la falta de adecuación de los centros u órganos de gasto a las directrices marcadas por el pleno".
Y es que el informe del interventor que acompañó la aprobación del reconocimiento extrajudicial ha servido de base a Arturo Gómez Pardo para apuntar aunque sea como “pura hipótesis” que se produce la presunta comisión de uno o varios delitos de tráficos de influencias de los artículos 428 y ss. del Código Penal. Señala además que éste muy extenso y "son muchas las irregularidades detectadas” en la contratación de servicios o de trabajos por parte de la Diputación e "incluso supuestas desviaciones de partidas que deberían hallarse de manera conveniente presupuestadas".
Las facturas fueron llevadas a pleno por Usero en el mes de marzo de 2.011, momento en que fue aprobado un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 1.289.142, 50 euros, con los votos a favor del Grupo Socialista y el PAL y los votos en contra de Izquierda Unida y Partido Popular, comentar al respecto que, en el reconocimiento de deuda extrajudicial aprobado figuran facturas de importes muy consideradables y pertenecientes a medios de comunicación provinciales, siendo la cuantía más elevada la correspondiente a La Voz de Almería.
En aquel momento el diputado de Izquierda Unida, Antonio Romero, y el portavoz del grupo popular José Fernández, se opusieron al pago de las mismas basándose en el informe del interventor.
Romero destacó la existencia de “facturas de las que no se sabe su naturaleza, otras sin acto administrativo expreso, y por tanto, son actos nulos de pleno derecho, así como facturas sin consignación presupuestaria”.
Fernández, por su parte, calificaba de “demoledor” el informe del interventor en el que ahora también se ha sustentado la decisión del Fiscal del TSJA. El hecho es que cuando el Partido Popular gana las elecciones municipales y consigue el Gobierno de la Diputación Provincial, lleva a pleno y aprueba el pago de las mencionadas facturas, lo que la Fiscalía no ve delictivo, que apunta a que la comisión de posibles delitos se produjeron antes, en la contratación de los servicios y su fiscalización.