Juan Megino | Domingo 16 de noviembre de 2014
Reconozco que el tema está bastante trillado, puesto que ha sido un debate que ha estado presente en la sociedad almeriense durante los últimos 6 ó 7 años. Primero para convencer a la Junta de la necesidad de esta infraestructura para corregir graves déficit asistenciales en nuestra ciudad y posteriormente por los avatares del proyecto, el inicio de las obras y su paralización casi inmediata, cuando a estas alturas del año 2014 ya debiera estar funcionando el Hospital.
La actualización del tema viene a cuento de la aprobación de los presupuestos generales de la Junta para el año 2015 en donde no aparece ni un solo euro dedicado a la continuidad de la obra, estando supeditada en todo caso, a la hipotética consecución de fondos europeos.
Mi indignación como ciudadano y como sanitario ante esta tropelía, una más, de la Junta, para con Almería me lleva a hacer una serie de consideraciones.
Lo sucedido con la paralización de las obras podría estar en los supuestos de presuntos delitos penales cometidos por personas de la Administración en el ámbito de la prevaricación y la malversación de fondos públicos.
Veamos. Para que la obra fuese licitada era necesario la existencia de partida presupuestaria en los presupuestos de la Junta. Estos más de 25 millones, de estar consignados, permitió adjudicar la obra a una UTE (Unión Temporal de Empresas) integrada por una multinacional española y una solvente empresa almeriense.
Como consecuencia de dicha adjudicación, la UTE inició la obra, hasta que esta fue paralizada por las propias empresas por impago de la Junta, actitud absolutamente legítima.
Esto sucedió hace más de 3 años y la interrogante que se suscita es la siguiente: Si existía partida presupuestaria y no se ha pagado a los empresarios ¿Adónde ha ido a parar el dinero? Si se ha destinado esos 25 millones a otro fin estaríamos ante el supuesto de una presunta malversación de fondos públicos, tipificada gravemente en el Código Penal. Si, por otra parte, la obra se adjudicó sin fondos, estaríamos ante otro supuesto penal como la prevaricación cometida por aquellos que adjudicaron la obra, sin consignación presupuestaria, delito igualmente grave.
Ante el impago, la UTE ha insistido ante la Administración pidiendo una compensación por los daños y perjuicios producidos, entre otros el lucro cesante, sin que desde hace más de 1 año la Junta se haya dignado a contestar. Ante ello, la UTE ha acudido a los Tribunales reclamando una cantidad en torno a los 6 millones de euros, como indemnización compensatoria.
En resumen, no tenemos Hospital Materno Infantil, se han perdido 25 millones previstos como inversión y ahora nos puede costar 6 millones más, si como es probable, la Justicia da la razón a las empresas demandantes.
Esta es la brillante actuación de la Junta en este tema que solo ha tenido como respuesta activa por el PP la recogida de firmas por parte de la ciudadanía que a nada conduce.
Los almerienses necesitamos una explicación y, además, convincente.