La Ley de Transparencia

​Se ha hecho de rogar, pero al fin el Gobierno de España ha puesto en marcha la Ley de Transparencia prometida por el PP en su programa electoral que, en mi opinión, ha tardado demasiado tiempo en ver la luz.
​Bien es verdad, que llega en un momento en que las encuestas ciudadanas colocan en el segundo lugar de sus preocupaciones a la corrupción, muy cerca del gran problema nacional que es el paro, con lo que ojalá sirva a los objetivos que prevé el Gobierno, pero, al menos en esto, el Sr. Rajoy si habrá cumplido con sus votantes. Sin embargo, resulta sorprendente que para esta Ley no haya conseguido el deseado consenso, aunque lo haya intentado, pero pese a ello, en esta cuestión, no ha reculado, como sí lo ha hecho con la retirada del Anteproyecto de la Ley del aborto, apelando, precisamente a esa falta de consenso.
​Sigue llamando la atención la actitud del PSOE no apoyando esta Ley, ni las medidas contra la corrupción presentadas en las Cortes por el Sr. Rajoy, como si esta cuestión no fuera con los socialistas y no les afectara excesivamente la opinión de los ciudadanos, puesta de manifiesto en la retirada de la confianza en los grandes Partidos, aquellos que desde siempre han gobernado nuestro país. Se trataría, una vez más, de una postura de radicalización para satisfacer a su electorado de izquierdas, en el caso de que aún le quede alguno que no esté ya en la órbita de Podemos. Actitudes como la manifestada esta semana por una diputada del PSOE en el Congreso, llamando verdugo al nuevo Ministro de Sanidad, con el aplauso de su bancada o su posición contra la nueva Ley de Seguridad, son síntomas claros de esta radicalización.
​Un elemento importante de la Ley lo constituye el Portal de la Transparencia puesto en funcionamiento por el Gobierno, un instrumento imprescindible para conocer como se gasta el dinero público, información que, hasta ahora, era prácticamente imposible obtener. De momento, quizás lo más llamativo sea conocer los sueldos del Gobierno y de los altos cargos de la Administración del Estado, con auténticas paradojas, pero esta información debería complementarse con la aportada, en su momento, por las Comunidades y Ayuntamientos, lugares donde se encierra el verdadero poder político de los grandes Partidos.
​Si a esta Ley se une en Andalucía la anunciada por la Junta para su entrada en vigor en 2015, estaremos en el camino de lograr esa regeneración democrática que tanta falta hace.

Es evidente que este avance habrá que completarlo con otras medidas, como la duración en los cargos, la duplicidad en puestos institucionales y una razonable revisión retrospectiva de algunos patrimonios y todo ello unido a la responsabilidad de los Partidos y de la propia sociedad a la hora de la elección de sus representantes. Quizás todavía estemos a tiempo.