www.noticiasdealmeria.com

Todas las subvenciones de los cursos de formación en Almería presentan irregularidades

sábado 05 de marzo de 2016, 01:00h

google+

Comentar

Imprimir

Enviar

Add to Flipboard Magazine. Compartir en Meneame

Escucha la noticia

El interventor de la Junta de Andalucía en nuestra provincia desvela la estrategia del gobierno andaluz para bordear la ley en la justificación de las ayudas y permitir su pago

El interventor de la Junta de Andalucía en Almería, José Castillo, ha reconocido ante la comisión parlamentaria de investigación creada sobre las subvenciones de los cursos de formación que todas las analizadas en esta provincia presentaban irregularidades.

No sólo eso, en su intervención, Castillo ha explicado el sistema que utiliza el gobierno andaluz para sortear la exigencia legal de que se justifique ante ellos, ante los interventores, el cumplimiento de los requisitos de la subvención y así darle éstos el visto bueno para su abono al beneficiario.

En el primero de los asuntos, el interventor ha indicado que “en el momento en que se detecta una incidencia el informe es desfavorable”, y eso sucede en los 51 expedientes analizados en Almería, por lo que en la conclusión del estudio afirma que no se puede plantear de manera “indubitada” que el dinero fue destinado a lo que se concedió.

La mayoría de las irregularidades detectadas era de índole “administrativa” por la falta de documentación, lo que él mismo se apresuró a justificar por el hecho de que su seguimiento había ido cambiando de consejería, motivo por el que se pudo extraviar algún papel.

Pero la clave de cómo ha funcionado la Junta de Andalucía en este asunto la daba el propio interventor más adelante, dejando en evidencia cómo se ha burlado el control que ellos mismos estaban llamados a realizar.
A ellos les corresponde advertir si el beneficiario de una subvención efectivamente ha cumplido con los requisitos exigidos y se le puede pagar, o por el contrario ha de reintegrar lo percibido. Si como él mismo ha reconocido, el trabajo les supera ya que en una provincia como Almería sólo siete personas han de revisar unos 20.000 expedientes al año, se invoca el artículo 40 del Reglamento de Intervención, mediante el cual, no es necesario que el interventor confirme personalmente ese cumplimiento, ya que basta con que el beneficiario aporte un certificado del órgano que se la otorgó en el que diga que efectivamente todo está en regla.

Es decir, es quien otorga las subvenciones a pesar de estar cargadas de irregularidades, quien luego certifica que se ha cumplido con las exigencias legales, y así los interventores no tienen más opción que dar el visto bueno y proceder al pago sin haber podido confirmar personalmente la veracidad. Textualmente dijo que "si venía con certificación, no se miraba", y la falta de medios personales, hacía el resto.

De hecho, se acude tanto a este sistema de certificación, que Castillo informó que ahora, a raíz de la investigación judicial de este entramado, se les ha solicitado desde la Intervención General, que al menos el 25% de los expedientes los verifiquen ellos y no se atiendan las certificaciones.

Es conveniente recordar que, según las primeras investigaciones judiciales, las vinculaciones entre los beneficiarios de estas ayudas y el PSOE eran más que evidentes, especialmente llamativo en el caso de la provincia de Almería.

Valora esta noticia
0
(0 votos)
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+

0 comentarios