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Concluye la instrucción del caso Poniente siete años después de su inicio con la imputación de 65 personas

lunes 20 de junio de 2016, 15:12h

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En el tiempo que ha durado la investigación judicial ha dado tiempo a que mueran cuatro investigados

El Juzgado de Instrucción Nº 2 de Almería ha concluido la investigación del "caso Poniente" con la imputación de 65 personas y ha acordado el sobreseimiento respecto a 13 de los investigados, cuatro de ellos a causa de su fallecimiento. El magistrado ha dictado hoy el auto de transformación en procedimiento abreviado de las diligencias previas abiertas en relación con la presunta comisión de diferentes delitos en la gestión de la Empresa Mixta de Servicios Municipales de El Ejido, S.A. (EL SUR, S.A.) denunciados por la Fiscalía de Almería. Las diligencias previas fueron incoadas en el mes de abril de 2009 y su transformación en Procedimiento Abreviado supone la finalización de la fase de instrucción.

El auto de PROA al que ha tenido acceso Noticias de Almería, se dirige contra un total de 65 personas por su relación en diferente grado con los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

Como se recordará, este asunto refleja una trama de corrupción en el Ayuntamiento de El Ejido cuando era presidido por Juan Enciso, presidente del Partido de Almería tras excindirse del Partido Popular. Entre él y algunos miembros de sus familia, así como las del interventor, José Antonio Alermán Bracho, y un grupo de empresarios entre los que se encontraban los hermanos Lirola o Galán entre otros, participaron en el saqueo de las arcas municipales por medio casi siempre de al empresa mixta municipal Elsur.

IMPUTADOS

José A. R., Aurora A. R., Alberto A. A., Irene A. A., María Luisa A. A., Manuel C. S. y Alvaro T. M., los delitos de cohecho, tráfico de influencias, Falsedad documental, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y contra la Hacienda Pública.
Fernando M. G., Milagrosa L. S., María Mercedes B. O., María del Rosario B. O., Rafael B. O., María del Carmen R. M. y Marta R. D., los delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.
Jaime C. M., María C. De La C., José Manuel C. R., Julio F. G., Soledad J. M., Juan José L. E., David M. P., Diego M. A., Manuel M. F., María Del Carmen R. T., Inmaculada Concepción R. C. y Ramón V. E., los delitos de Falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
José María M. M., Antonio B. V., Justo B. H., Manuel F. H., Miguel Angel A. C., Serafín B. P., Ignacio B. E., José María C. C., Manuel C. P., Antonio M. H., Francisco Javier M. M., José Luis M. C., Jaime R. R., Miguel Angel R. B. y Alfredo Ramón V. E., los delitos de cohecho –art. 419, 420 y 424 del CP-, falsedad en documento mercantil –artículo 392 CP-, malversación de caudales públicos, y delito contra la hacienda pública.
Juan Antonio G. M., Gema D. la P. M. y Yolanda G. de la P., los delitos de cohecho – art. 419, 420 y 424 del CP-, blanqueo de capitales –artículos 301 y ss del CP-, falsedad documental y delito contra la hacienda pública.
Ambrosio C. G. y Buenaventura C. J., los delitos de cohecho –art. 419, 420 y 424 del CP-, falsedad documental y delito contra la hacienda pública.
Jesús A. G., los delitos de cohecho –art. 419, 420 y 424 del CP-, falsedad documental y delito contra la hacienda pública.
Juan Julián H. V., el delito de cohecho.
José Antonio A. B., los delitos de cohecho –art. 419, 420 y 424 del CP-, de tráfico de influencias –artículo 428 del CP-, de falsedad en documento mercantil –artículo 392 CP-, blanqueo de capitales –artículos 301 y ss del CP-, malversación de caudales públicos – artículo 432 y ss del CP, y delito contra la Hacienda Pública –arts. 305 del CP.
Isabel C. S., Enrique Francisco A. B. y Rosalía G. V., los delitos de falsedad documental, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.
Gabriel L. L., Francisco Javier L. L. y José Carlos L. L., administradores de las Mercantiles Contenedores Lirola SL y Hermanos Lirola SL, los delitos de cohecho –art. 419, 420 y 424 del CP-, y contra la hacienda pública.
Juan Antonio Enciso Ruiz –alcalde de El Ejido y consejero de Elsur- los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y prevaricación.
María Francisca A. C. y Encarnación E. A., los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.
Francisco Javier A. C., los delitos de cohecho y malversación de caudales públicos.
Agustín S. R., los delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociación prohibida a funcionarios públicos y malversación de caudales públicos.
Emilio G. A., los delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociación prohibida a funcionarios públicos y malversación de caudales públicos.
Francisco Gabriel G. L., los delitos de tráfico de influencias, negociación prohibida a funcionarios públicos y malversación de caudales públicos.
María Natividad C. G., los delitos de cohecho y malversación de caudales públicos.
Antonio C. G. y María Jesús M. M., el delito de negociación prohibida a funcionarios públicos.

Sociedades Mercantiles responsables:
Avilama, S.L., Merfaros Almarire Servicios, S.L., Merfaoran Servicios, S.L., Carseal Servicios, S.L., Alseconsa Indalo, S.L., Jarbauros Obras y Servicios, S.L., Fracenta Servicios, S.L. y Mafran Obras y Servicios SL, Maviroad SL, Arborimar SL y Carfama SL; Agua y Gestión de Servicios Ambientales SA (Aygesa); Abensurasa AIE, después Agua y Gestión de Servicios Urbanos SL; Abengoa Servicios Urbanos SA, después Abensur Servicios Urbanos SA, después Befesa Construcción y Tecnología Ambiental SA, y después Befesa Agua SA; Jardines del Poniente SL, Jardines del Alcor SL, Lobelia Gestión SL, Clabert Gestión SL, G P Santander SL, y Multi Gestión Nuevo Ejido SL, Gestora Ejidense y Laupa Gestión SL; Sociedad Mercantil Colaboradora de Gestión y Recaudación SL; Sistema de Dirección SL y Sociedad de Aparcamiento y Señalización SL; Contenedores Lirola SL y Hermanos Lirola SL;
A.C.G. S.L., Sillar y Raíz SL, Clabert Gestión SL, Euria Sol SLU (antes Laupa Gestión SL y Euria Gestion SLU); Enciso y Aguilera SL y Francisco Javier A. C. SL; Urdial Mariyya SL.

Además de la Fiscalía de Almería, en la causa están personados como acusaciones populares el Ayuntamiento de El Ejido, Partido Popular e Izquierda Unida, y la Agencia Estatal de Administración Tributaria como acusación particular. En el auto, el magistrado instructor ordena dar traslado del procedimiento al ministerio fiscal y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de 60 días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que excepcionalmente puedan solicitar la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables para formular procesamiento.

Contra el auto de transformación en procedimiento abreviado podrá interponerse recurso de reforma ante el magistrado instructor en el plazo de tres días y, subsidiaria o directamente sin necesidad del anterior, recurso de apelación ante la Audiencia de Almería en plazo de cinco días.

La primera fase de la operación derivó en el ingreso en prisión de Enciso, Alemán, a quien se considera presunto cerebro de la trama de corrupción municipal, y los empresarios José Amate, Juan Antonio Galán y Jesús Aragón entre otros. Posteriormente, en concreto, dos meses después, se arrestó a los hermanos Lirola, también administradores de subcontratas relacionadas con Elsur.

A lo largo del procedimiento, que sufrió un parón de más de dos años debido a la elaboración de los informes preceptivos que tenían que dictar los peritos de la Agencia Tributaria, para lo que tuvieron que analizar un total de 1.371.219 archivos electrónicos en 461.401 megas de información, se han adoptado 33 medidas cautelares civiles.

La macrocausa, que acumula 185.400 folios distribuidos en 544 tomos, de los que 52 corresponden a la pieza principal, 25 a las diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción desde 2007 a 2009, y 18 a diligencias ampliatorias, tiene otros diez tomos de documentación bancaria y 455 de documentación intervenida a las 86 personas inicialmente investigadas. Además de los citados 65 procesados, figuran 31 testigos, de los cuales nueve tienen la condición de testigos protegidos y también diez peritos.

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