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Las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Oficina de Extranjería sirven para justificar un despido
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Las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Oficina de Extranjería sirven para justificar un despido

viernes 23 de marzo de 2018, 07:07h

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Cuestiona que la empresa de seguridad pueda aportar copias de la grabación, que es algo que solo puede hacer la Policía

Las cámaras de seguridad que hay en la Subdelegación del Gobierno de Almería han servido para justificar el despido de un trabajador de la empresa Grupo Control, siendo éste un asunto que ha llegado hasta la Audiencia Nacional, con el fin de conocer si esa utilización es legal o vulnera la Ley de Protección de Datos, como sostiene el afectado.

En la sentencia a la que ha tenido acceso Noticias de Almería, y que es fruto de una demanda contra la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y contra la Subdelegación del Gobierno, se recoge que “como señala la resolución recurrida, aceptada por el órgano jurisdiccional correspondiente la legitimidad de la prueba aportada, no cabe iniciar por parte de la AEPD, actuaciones encaminadas a la apertura de un procedimiento administrativo del tipo sancionador en materia de protección de datos.”

El extrabajador de la empresa de seguridad presenta la denuncia que da lugar a la resolución impugnada el 26 de enero de 2016, después de dictarse la Sentencia de fecha 21 de diciembre de 2015 del Juzgado de lo Social nº 1 de Almería, en la que desestima la demanda formulada por él contra Grupo Control Empresa de Seguridad S.A., para la que trabajaba, como vigilante de seguridad, destinado en la Oficina de Extranjería de Almería, dependiente de la Subdelegación del Gobierno. En ella se declara la procedencia del despido del que fue objeto, así como la extinción del contrato, y entre otros medios de prueba, toma en consideración las grabaciones de las cámaras de video vigilancia instaladas en la citada Oficina de Extranjería.

Uno de los detalles a los que hace referencia la nueva sentencia es que “De la lectura de la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Almería, aportada con la denuncia, resulta que en el procedimiento judicial se admitió la prueba propuesta por la parte demandada Grupo Control Empresa de Seguridad S.A., por lo que si como sostiene la actora, por la citada empresa se aportaron las grabaciones de las cámaras de video vigilancia, resulta que dicha prueba fue admitida, no teniendo constancia de que fuera rechazada.”

El exempleado recurrió la aportación de las grabaciones efectuadas por las cámaras de video vigilancia ya que “dichas grabaciones fueron obtenidas por la citada empresa y aportadas a los autos del juicio laboral de despido 1186/2014, tramitado ante el Juzgado de lo Social nº 1 de Almería, sin haberse observado lo establecido al respecto en la LOPD, vulnerando la misma, y generando dicha utilización indebida grave perjuicio para dicha parte, toda vez que el resultado de dichas grabaciones fue decisivo para el fallo de la Sentencia del Juzgado de lo Social”. Precisa que en la oficina de extranjería de la Subdelegación del Gobierno, las cámaras y grabaciones que se realizan están bajo el control directo de la policía, no pertenecen a una empresa privada que sólo tienen acceso al visionado en tiempo real, pero no pueden acceder al sistema o hacer copias de las grabaciones, denunciando que dicha empresa estuviera en posesión de las citadas grabaciones sin autorización del responsable del fichero y con clara vulneración de la LOPD. Hechos que, según el denunciante, “son independientes y ajenos al hecho de que se acordara por el Juzgador de lo Social nº 1 de Almería, como diligencia final, solicitar a la Subdelegación del Gobierno las grabaciones traídas inicialmente a los autos por la empresa Grupo de Control S.A.”

Habla de una posible cesión inconsentida de datos o de vulneración del derecho de información en la recogida de datos o de infracción del deber de secreto, infracciones de las Administraciones Públicas etc y finalmente señala que no puede obviarse que su trasfondo evidencia que deriva de un caso claro de videovigilancia laboral versus protección de datos, aludiendo a la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional sobre la videovigilancia laboral desde la perspectiva de la protección de datos. Añade que "No se presenta la autorización de la Subdelegación del Gobierno de Almería para que dicha grabación pueda ser utilizada en el juicio laboral por la empresa", "las grabaciones visualizadas en el juicio, supuestamente es una copia de la grabación de la oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno de Almería", "La visualización es de muy mala calidad y tiene como cortes, lo que me hizo sospechar que la grabación está tocada".

Por su parte, el Abogado del Estado opone, que la demanda obvia que por tratarse de datos aportados a un Tribunal de Justicia y admitidos por éste incluso considerados por el propio Tribunal, según reconoce la propia demandante, como prueba fundamental de su decisión, no puede considerarse la existencia de infracción en su obtención ni en su cesión al Juzgado, pues ello viene impuesto por la necesidad de proteger el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte que aportó datos al proceso y supone una excepción a la necesidad de consentimiento del afectado.

La Audiencia Nacional concluye que “como expresa el Abogado del Estado la procedencia de sanción a quien al amparo a su derecho a la tutela judicial efectiva, ha aportado determinado dato o elemento probatorio que lo contenga, en un proceso judicial, siendo que tal dato o elemento probatorio ha sido admitido por el Juzgado y tomado en consideración, junto con otros elementos de prueba, para la resolución del procedimiento judicial. En definitiva, a la vista de las circunstancias concurrentes expuestas y sin necesidad de efectuar mayores consideraciones, procede desestimar el recurso interpuesto, por estimar ajustada a Derecho la decisión de no incoar actuaciones inspectoras y no iniciar procedimiento sancionador o de infracción de las Administraciones Públicas adoptada por la AEPD.”
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