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Almería tiene 65.864 adultos sin ingresos y 306.764 mileuristas

Sólo dos provincias andaluzas presentan una tasa de precariedad superior a la de nuestra provincia, y a su vaz Andalucía tiene la mayor tasa de precariedad de toda España

miércoles 23 de abril de 2014, 10:55h

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Almería tiene 65.864 adultos sin ingresos y 306.764 mileuristas

La crisis aumentó en 484.026 el número de personas adultas que viven en situación de precariedad en Andalucía, debido sobre todo al repunte del desempleo, a la reducción de salarios y a los ajustes llevados a cabo por el Gobierno en los últimos años, según se desprende del informe 'Adiós a las clases medias', elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), presentado hoy en su XII Congreso anual, celebrado en Bilbao.

El informe, elaborado a partir de datos oficiales de diferentes organismos estatales y autonómicos, revela que la tasa de precariedad en Andalucía –que incluye núcleos familiares con ingresos conjuntos iguales o inferiores a 12.000 euros brutos anuales, así como familias sin ingresos– se sitúa en el 51% de la población, por lo que en la actualidad afecta a un total de 4.296.781 de personas.

De esta forma, según los Técnicos del Ministerio de Hacienda, las rentas de los hogares mileuristas en Andalucía se concentran, sobre todo, entre los asalariados que suman 3.314.034, seguidos por los adultos sin ingresos (702.553) y los autónomos (280.194). Por provincias, Huelva (59,1%), así como Jaén y Córdoba (55,8%) son las que más precariedad presentan; seguidas de Almería (53%), Granada (51,5%) y Sevilla (50,3%). Tras ellas se sitúan Cádiz (47,4%) y Málaga (46,4%).

En España, a finales de 2007, cuando apenas se empezaban a notar los efectos de la crisis, la precariedad se extendía al 40% de la población, unos 18,5 millones de personas, entre los que se contabilizaban 2,1 millones de adultos sin ingresos, 744.000 personas menos. Desde entonces, los rendimientos del trabajo de los asalariados y autónomos no han dejado de caer, mientras que, por el contrario, las rentas altas han invertido gran parte de su capital en diferentes instrumentos como las SICAV, sociedades patrimoniales y otros instrumentos de inversión para reducir o eludir sus pagos al Fisco. De hecho, Hacienda pierde anualmente cerca de 300 millones de euros por la baja tributación de las sociedades de inversión, que se sitúa en sólo un 1%.

Esta cantidad es solo la punta del iceberg que oculta una bolsa de rentas del capital y plusvalías de dimensiones gigantescas en manos de los accionistas que no tributan en el IRPF, mientras no retiren su participación; y las grandes fortunas evitan retirar sus fondos para no pagar al Fisco.

Extremadura y Andalucía, a la cabeza en precariedad
La elevada tasa de precariedad es diferente en función del lugar de residencia. De este modo, con el 53% y el 51% respectivamente, Extremadura y Andalucía son las comunidades con una mayor proporción de adultos mileuristas y sin ingresos, seguidas de Murcia (47,7%) y Galicia (47,7%). Por su parte, Navarra y el País Vasco registran la menor precariedad del Estado, con el 22,2% y el 24,1%, respectivamente.

Las clases medias y bajas soportan más carga fiscal
Asimismo, los contribuyentes más pudientes también han evitado tributar el grueso de su patrimonio en el IRPF, declarándolo como ganancias de capital, cuyo gravamen más elevado hasta la reforma de diciembre de 2011 era del 21%, aunque el nuevo tipo máximo para estas rentas (27%) sigue siendo muy inferior al que soportan los asalariados por su trabajo, que va desde el 24,75% hasta el 52%. Con todo, GESTHA valora la mayor tributación que, a partir de 2013, se aplicará a las plusvalías generadas en menos de un año, una medida que pretende reducir la especulación y el fraude, como un primer paso hacia la mejora de la progresividad del IRPF.

Según los Técnicos del Ministerio de Hacienda, esta desigualdad entre rentas bajas y altas también se ha ampliado por las sucesivas subidas de impuestos, especialmente en el IVA e IRPF. A estas se han sumado los recortes aprobados en los últimos dos años y medio, que han impactado especialmente en el poder adquisitivo de las rentas inferiores a los 33.000 euros anuales, que engloban al 85% de los trabajadores.

Para contrarrestar esta situación de precariedad, GESTHA propone una serie de iniciativas que por sí solas permitirían recaudar más de 63.000 millones de euros anuales sin necesidad de ampliar las diferencias salariales -de los que más de 3.500 millones se recaudarían en el País Vasco- y centrando las inspecciones sobre grandes corporaciones y patrimonios, que concentran el 71,7% de la evasión fiscal.

Una de las medidas incluidas en este paquete, que consiste en excluir las ganancias patrimoniales especulativas -principalmente inmobiliarias y sobre valores mobiliarios- del concepto de rentas del ahorro, permitiría al Estado recaudar 1.380 millones de euros adicionales cada año.

Nuevo Impuesto sobre la Riqueza en 2013

Además, entre las propuestas para aumentar la recaudación y reducir la desigualdad entre rentas, GESTHA también defiende la aprobación de un proyecto de ley para crear un Impuesto sobre la Riqueza de ámbito estatal -evitando así las bonificaciones autonómicas al 100% de la cuota- con mínimos exentos similares a los vigentes en el Impuesto sobre Patrimonio, al que sustituiría a partir de 2013.

Sin embargo, consideran que el tipo efectivo de esta nueva tasa debería triplicar al del actual impuesto, además de incorporar fórmulas para evitar la interposición de sociedades con las que las grandes fortunas puedan eludir su pago, así como incluir la ya mencionada exención de la plena propiedad de la deuda pública.

Pese a estar a favor del Impuesto de Patrimonio, los Técnicos de Hacienda consideran que hasta ahora su aplicación ha sido poco efectiva por las vías de escape de las grandes fortunas y por las políticas existentes en las diferentes comunidades autónomas.

En este sentido, el presidente de GESTHA, Carlos Cruzado, señaló que la puesta en marcha de un Impuesto sobre la Riqueza de carácter estatal “tendría un mayor efecto sobre la recaudación y serviría para evitar la aplicación de nuevos recortes, con los que sólo se añade más presión sobre la economía de las clases medias y trabajadoras”.

Además, para ser efectivas, todas estas medidas deberían ir acompañadas de una reorganización del Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria estatal, otorgando mayores responsabilidades y competencias a los 8.000 técnicos de Hacienda, y posteriormente dotándoles de más efectivos en la lucha contra el fraude. Actualmente la Agencia Estatal Tributaria cuenta con un empleado por cada 1.928 contribuyentes, la mitad que la media de los países de la OCDE, que se sitúa en uno por cada 903 contribuyentes.

Una prueba de la ineficacia de la Agencia Estatal Tributaria está en que buena parte de las 2,9 millones personas adultas sin ingresos sobreviven con trabajos dentro de la economía sumergida, y esa cifra no para de aumentar, alentada por el aumento del paro y de la impunidad en que se mueven las empresas del país.

Los Cuerpos Técnicos del Ministerio de Hacienda, creados en el año 1978, son, con un total de 8.000 técnicos, el colectivo más representativo dentro de este Ministerio y de la Agencia Tributaria. En la actualidad, los Técnicos del Ministerio de Hacienda realizan estudios macroeconómicos de gran calado con el objetivo de conocer la realidad fiscal de nuestro país y conseguir una Administración Financiera moderna y eficaz, con una estructura que garantice las necesidades del servicio público de un modo más eficiente y racional. Precisamente, con esta vocación, Gestha participa activamente en importantes debates abiertos ante la opinión pública, como son las Leyes tributarias, la lucha contra el fraude y el control del gasto público y las subvenciones. En la actualidad, la economía sumergida en España asciende a 245.000 millones de euros, lo que representa el 23,3% del PIB, diez puntos por encima de la media de otros países de nuestro entorno, como Alemania o Francia. Para mejorar la gestión de los ingresos fiscales, los Técnicos proponen, entre otras medidas, ampliar el papel de los efectivos en la lucha contra el fraude para aumentar la recaudación en 6.200 millones de euros anuales.
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