La jueza decana del partido judicial de Huércal-Overa, Andrea Martín, y el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Almería, Juan Luis de Aynat, han mantenido en el día de hoy una reunión institucional en la sede judicial de Huércal-Overa, en la que también han participado el resto de jueces del partido judicial, representantes del Colegio de Procuradores de Almería, de la Fiscalía, de los Letrados de la Administración de Justicia, de la Junta de Personal, sindicatos y funcionarios; con el fin de analizar las consecuencias que podría acarrear la entrada en vigor, el próximo 1 de julio, de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, en el contexto particular de este partido judicial del Levante almeriense.
Dicha norma introduce una amplia reforma de la organización judicial mediante la creación de los tribunales de instancia, lo que implica la transformación de los actuales juzgados unipersonales en una única estructura judicial organizada por jurisdicciones. Esta modificación estructural, que afecta directamente a la manera en que se presta el servicio público de justicia, exige de forma imprescindible una sede judicial común, dotada de condiciones adecuadas para el desempeño profesional y la atención ciudadana.
Sin embargo, en Huércal-Overa, esta transición se enfrenta a una realidad especialmente compleja: los tres juzgados que actualmente prestan servicio se encuentran repartidos en dos ubicaciones diferentes, una de las cuales —donde se encuentran dos de los órganos judiciales— presentan unas condiciones que tanto la judicatura como la abogacía consideran inadecuadas para el desarrollo de la actividad jurisdiccional. Esta dispersión no solo dificulta el trabajo de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios y profesionales del Derecho, sino que compromete la calidad del servicio que se ofrece a los ciudadanos, en forma de dilataciones, barreras de acceso y pérdida de eficiencia en la gestión de los procedimientos.
La jueza decana ha registrado que las carencias del edificio que alberga actualmente dos de los tres juzgados ya fueron puestas de manifiesto en un informe formal de deficiencias remitido en su día a la Administración autonómica. “La respuesta fue únicamente una mano de pintura en las paredes de los despachos de las juezas, cuando el problema de fondo es mucho más grave”, ha señalado, advirtiendo que el estado del inmueble rosa lo insalubre y resulta claramente incompatible con una prestación digna del servicio público de justicia. Falta de ventilación adecuada, instalaciones obsoletas y espacios mal distribuidos configuran un entorno que perjudica tanto al personal judicial como a los ciudadanos que acuden diariamente a estas dependencias.
1. Salubridad