La jueza decana del partido judicial de Huércal-Overa, Andrea Martín, y el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Almería, Juan Luis de Aynat, han mantenido en el día de hoy una reunión institucional en la sede judicial de Huércal-Overa, en la que también han participado el resto de jueces del partido judicial, representantes del Colegio de Procuradores de Almería, de la Fiscalía, de los Letrados de la Administración de Justicia, de la Junta de Personal, sindicatos y funcionarios; con el fin de analizar las consecuencias que podría acarrear la entrada en vigor, el próximo 1 de julio, de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, en el contexto particular de este partido judicial del Levante almeriense.
Dicha norma introduce una amplia reforma de la organización judicial mediante la creación de los tribunales de instancia, lo que implica la transformación de los actuales juzgados unipersonales en una única estructura judicial organizada por jurisdicciones. Esta modificación estructural, que afecta directamente a la manera en que se presta el servicio público de justicia, exige de forma imprescindible una sede judicial común, dotada de condiciones adecuadas para el desempeño profesional y la atención ciudadana.
Sin embargo, en Huércal-Overa, esta transición se enfrenta a una realidad especialmente compleja: los tres juzgados que actualmente prestan servicio se encuentran repartidos en dos ubicaciones diferentes, una de las cuales —donde se encuentran dos de los órganos judiciales— presentan unas condiciones que tanto la judicatura como la abogacía consideran inadecuadas para el desarrollo de la actividad jurisdiccional. Esta dispersión no solo dificulta el trabajo de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios y profesionales del Derecho, sino que compromete la calidad del servicio que se ofrece a los ciudadanos, en forma de dilataciones, barreras de acceso y pérdida de eficiencia en la gestión de los procedimientos.
La jueza decana ha registrado que las carencias del edificio que alberga actualmente dos de los tres juzgados ya fueron puestas de manifiesto en un informe formal de deficiencias remitido en su día a la Administración autonómica. “La respuesta fue únicamente una mano de pintura en las paredes de los despachos de las juezas, cuando el problema de fondo es mucho más grave”, ha señalado, advirtiendo que el estado del inmueble rosa lo insalubre y resulta claramente incompatible con una prestación digna del servicio público de justicia. Falta de ventilación adecuada, instalaciones obsoletas y espacios mal distribuidos configuran un entorno que perjudica tanto al personal judicial como a los ciudadanos que acuden diariamente a estas dependencias.
En concreto, las deficiencias que presenta esta sede en concreto son las siguientes:
1. Salubridad
-
Despachos en el sótano sin luz natural ni ventilación, utilizados por médicos forenses para atender a víctimas y personas con discapacidad.
-
Ubicación contigua a un archivo cerrado que, al abrirse, desprende un fuerte olor a putrefacción.
-
Presencia de "distintas clases de animales" en la sede, lo que genera una situación insalubre.
-
Informe sobre presencia de murciélagos en los huecos de las persianas, con heces visibles cada mañana.
2. Seguridad
-
Ausencia de calabozo, lo que obliga a ubicar a los detenidos en la sala de abogados (junto a la entrada), donde tienen visión directa de víctimas y familiares.
-
Espacio muy reducido en la sala destinada a víctimas de violencia de género, dificultando su derecho a estar acompañadas.
-
Coincidencia de víctimas con sus agresores por la mala distribución de espacios y circulación.
3. Eficiencia
-
Caídas recurrentes del sistema informático, afectando el desarrollo normal de las actuaciones judiciales.
-
Necesidad de tomar declaraciones a mano por fallos del sistema informático y la imposibilidad de usar videoconferencias.
4. Accesibilidad
-
Graves dificultades para personas en silla de ruedas: entradas estrechas, necesidad de mover bancos para permitir el paso.
-
En algunas salas no hay espacio suficiente para que una silla de ruedas pueda girar.
-
En ocasiones se han visto obligados a tomar declaraciones fuera de sala para evitar que una persona con discapacidad tenga que regresar otro día.
5. Distribución y estructura inadecuadas
-
Separación de sedes que genera disfunciones operativas.
-
Falta de planificación de cara a una futura mudanza o implantación del tribunal de instancia.
-
Accesos y estancias que no garantizan mínimos estándares funcionales ni de dignidad para usuarios y trabajadores.
Por su parte, el decano de la Abogacía ha lamentado que el partido judicial de Huércal-Overa carezca de una sala específica para los abogados, una infraestructura mínima y esencial en cualquier sede judicial. “No tenemos un espacio habilitado para mantener conversaciones confidenciales con nuestros clientes, vestirnos con la toga o simplemente esperar a ser llamados a juicio; ese espacio ha sido ocupado para uso de calabozo”, ha explicado Juan Luis de Aynat, quien ha subrayado que esta situación afecta gravemente al ejercicio profesional ya las garantías del derecho de defensa.
Tanto la jueza decana como el decano del Colegio de la Abogacía han coincidido en expresar su preocupación por la falta de comunicación oficial por parte de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía sobre el proyecto de una nueva sede judicial, cuya ejecución resulta imprescindible para cumplir con los objetivos de eficiencia y proximidad que promueve la nueva legislación.
Por ello, ambas instituciones reclaman de forma conjunta a la Delegación Territorial de Justicia en Almería información actualizada y veraz sobre:
- El estado actual del proyecto de nueva sede judicial en Huércal-Overa.
- Los plazos previstos para su ejecución y habilitación.
- Las condiciones técnicas, logísticas y de accesibilidad contempladas.
- Y los mecanismos previstos para garantizar la participación del personal judicial y de los operadores jurídicos en el proceso.
Andrea Martín y Juan Luis de Aynat han insistido en que una reforma de este calado no puede implementarse sin contar con los recursos e infraestructuras adecuadas, ya que, de lo contrario, no solo se frustran sus multas, sino que se agrava la situación ya precaria de algunos partidos judiciales como el de Huércal-Overa.
Ambos representantes han reiterado su compromiso con la mejora del sistema de justicia y su voluntad de trabajar de forma coordinada para asegurar que la transición al nuevo modelo se produzca en condiciones que garanticen la dignidad institucional, la seguridad jurídica y la adecuada prestación de un servicio esencial para la ciudadanía.
Agenda
Si (
No(
