Almería tiene 2.993 personas con derecho reconocido esperando prestación y 1.322 pendientes de grado sobre 33.222 solicitudes. La media andaluza es de 603 días, casi dos años, y en marzo de 2026 la provincia acumulaba 35.886 almerienses esperando resolución con 464 días de media. La nueva ley, calificada por el Gobierno como refundación, llega cuando en España hay más de 255.000 personas en espera.
Para entender por qué Almería tarda hoy casi 2 años, hay que mirar a 2018.
La Junta de Juanma Moreno sostiene que se encontró la dependencia "al borde del colapso". Su secretaria general de Inclusión, Ana Vanessa García, recuerda que en 2018, último año del PSOE en la Junta, "más de 13.149 personas fallecieron en las listas de espera" y el sistema llegó a tres años y medio de espera en 2015.
El argumentario del PP-A va más allá:
"Resulta llamativo que quienes hoy critican sean los mismos que la dejaron al borde del colapso, con 34.000 personas expulsadas del sistema entre 2012 y 2014, miles de dependientes fallecidos escondidos en los cajones y un tiempo de espera que llegó a alcanzar los tres años y medio".
Esa cifra del cajón es recurrente en la hemeroteca popular: el PP denunció que el Gobierno socialista "metió en un cajón a 35.000 dependientes para que sus expedientes no contabilizaran en la lista de espera" y que en Jaén había medio millar de solicitudes sin registrar durante la etapa socialista. También tachó la gestión de Susana Díaz de "mezquina" por vender a los vulnerables "por un puñado de votos", enmascarando una lista "irreal".
El PSOE de Almería, en la oposición ahora, invierte el relato: cuando el PP llegó a la Junta en 2019 denunció que las listas se habían disparado un 70% en la provincia, con casi 1.000 personas más a la espera de ser valoradas, y que había 3.183 almerienses atascados.
La Junta replica con datos de hoy: 338.932 personas atendidas en Andalucía en diciembre de 2025, un 59,7% más que en 2018, y 523.381 prestaciones, un 87,4% más, con 496 días de espera, el mejor dato de los últimos 15 años, frente a los más de dos años que se han recortado desde 2015.
El agravio catalán
La ley marca que el Estado debe financiar el 50% de la dependencia. En la práctica:
- Andalucía financia el 68,09% del sistema en 2025, con 1.587 millones, frente a 743 millones del Estado. Es decir, destina el doble que el Gobierno central.
- El presupuesto andaluz de 2026 destina 2.610 millones, la mayor cifra de la historia, con la Junta asumiendo el 71% frente al 29% del Estado, pese a que la ley establece un reparto al 50%.
- Desde 2019 a 2025 la Junta ha invertido 8.742 millones frente a 3.705 millones del Estado, por lo que el Gobierno adeuda a Andalucía 5.037 millones por no cumplir el 50%.
La consejera Loles López ha sido explícita: el Gobierno "considera a los dependientes andaluces de segunda, frente a otras comunidades como el País Vasco o Cataluña en las que la financiación por parte del Gobierno alcanza el 50%".
Y el reproche se ha institucionalizado: Andalucía pide "una financiación justa, al igual que la comprometida con el País Vasco y Cataluña para financiar el 50% del coste" porque "las personas en situación de dependencia de Andalucía se merecen el mismo trato que los dependientes del País Vasco y Cataluña".
En el Senado se ha denunciado que "el Gobierno ha acordado la financiación del 50% con el País Vasco, mientras Andalucía recibe únicamente el 35%" con datos de 2024.
Traducción para Almería: cada almeriense que espera 603 días lo hace en la comunidad que sostiene el mayor sistema de España - 302.871 beneficiarios y 455.031 prestaciones, 7.696 euros por persona atendida - pero que recibe 244 euros menos por habitante ajustado que Cataluña según el nuevo modelo de financiación autonómica.
La letra pequeña
La reforma aprobada el 16 de septiembre sí cambia reglas clave: elimina incompatibilidades de 2012, la ayuda a domicilio podrá salir del domicilio, teleasistencia como derecho subjetivo y plazo de resolución de 6 a 3 meses.
Pero mientras, en la puerta del Congreso ese mismo día, 300 personas según policía y 900 según organizadores protestaban convocadas por ASFACUME porque el Gobierno vetó ampliar la CUME más allá de los 26 años para hijos con cáncer. Gritaron "Somos padres, no delincuentes". El coste de esa enmienda, según el propio Gobierno, era de 2,36 millones en 2027.
Para Almería, con el SAD en manos de pymes locales -el precio/hora ha pasado de 13 euros congelados una década a 16,63 euros hoy-, la clave es si los 517 millones extra que ya han llegado en dos meses se convertirán en más valoradoras y en tarifas que eviten el colapso que denuncian UGT y CCOO.
Si (
No(
