La Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en
Almería ha impulsado el procedimiento de licitación para la contratación del servicio de transporte de cadáveres y restos cadavéricos en la zona sur y poniente de la provincia. La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 158.042,39 euros, con impuestos incluidos, destinado a dar cobertura a las necesidades de traslado ordenadas de oficio por los órganos judiciales para la realización de autopsias, necropsias y pruebas de investigación forense. El ámbito territorial de actuación comprende los partidos judiciales de
Almería,
Berja,
El Ejido y
Roquetas de Mar, canalizando todos los desplazamientos hacia la sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses situada en la Ciudad de la Justicia de la capital almeriense.
El contrato se tramita mediante un procedimiento abierto de carácter ordinario y con presentación de ofertas exclusivamente por vía electrónica. Su periodo de ejecución se ha fijado en 24 meses a contar desde la fecha de formalización o hasta que se agote el importe máximo establecido en el presupuesto, quedando sujeto a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio económico. La empresa adjudicataria asumirá la obligación de realizar los trayectos directamente y sin dilación, partiendo desde el Instituto de Medicina Legal hasta el lugar del levantamiento o exhumación, para posteriormente trasladar los restos al Servicio de Patología Forense. Del mismo modo, el pliego contempla el retorno del cadáver al municipio de recogida una vez practicadas las diligencias judiciales correspondientes, así como los supuestos en que la autoridad judicial autorice la inhumación por beneficencia según la normativa local.
El servicio exige una disponibilidad total durante las 24 horas del día y los 365 días del año, fijando un tiempo de respuesta inmediato a partir del momento en que se reciba la petición, la cual solo podrá ser realizada por la autoridad judicial o personal autorizado de la Delegación Territorial y del Instituto de Medicina Legal. La adjudicataria será responsable directa de la custodia de los cadáveres desde la recogida hasta su entrega en la sede judicial, lo que incluye la obligación añadida de introducir los restos en las cámaras frigoríficas de las instalaciones y notificar el número de cámara asignado al personal administrativo. Asimismo, en el caso de las exhumaciones acordadas de oficio, el contrato contempla la puesta a disposición de un nuevo féretro si resultara necesario, suministrando un modelo de las gamas más económicas del mercado, quedando excluidas aquellas exhumaciones tramitadas a instancia de parte.
En materia de medios materiales, el pliego exige el cumplimiento estricto del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de Andalucía aprobado por el Decreto 95/2001. La empresa deberá adscribir vehículos en perfectas condiciones técnicas y de conservación, provistos de sistemas de localización inmediata, anclajes de sujeción para féretros y una cabina de transporte totalmente aislada de la del conductor con una longitud mínima de 225 centímetros. Los furgones deberán contar con materiales impermeables de fácil lavado y desinfección, material sanitario homologado como sudarios resistentes, guantes de látex y mascarillas, además de lucir la identificación uniforme con la imagen corporativa de la
Junta de Andalucía y del Instituto de Medicina Legal. Al menos uno de los vehículos puestos a disposición deberá ser isotermo y estar acondicionado para el traslado simultáneo de varios cuerpos.
Para la ejecución del servicio, la adjudicataria deberá disponer como mínimo de dos operarios funerarios con funciones de conductor, debidamente contratados e inscritos en la Seguridad Social con la correspondiente licencia de conducción. La empresa mantendrá habilitado de forma permanente un teléfono de localización inmediata y estará obligada a suscribir pólizas de seguro de responsabilidad civil y de circulación con coberturas suficientes para responder de eventuales daños materiales o corporales. La facturación se tramitará de forma mensual y electrónica, desglosando los servicios prestados junto a los partes de control debidamente firmados por la autoridad judicial y el personal receptor en el Instituto de Medicina Legal.