La agricultura de la provincia de Almería atravesa un momento crítico debido a la voracidad de la plaga de Thrips parvispinus, un insecto que ya azota a la totalidad de las plantaciones de pimiento y ha comenzado a colonizar las explotaciones de pepino. Ante la ineficacia de los tratamientos biológicos tradicionales y el incremento desorbitado de los costes para los productores, la organización agraria COAG ha trasladado formalmente a la Subdelegación del Gobierno la necesidad imperiosa de autorizar tratamientos fitosanitarios excepcionales, emulando los permisos concedidos en otros países miembros de la Unión Europea.
El origen de este problema fitosanitario en la provincia se remonta a 2020, cuando se detectó la presencia del trips en plantas ornamentales dentro del municipio de
Almería. Sin embargo, su dispersión experimentó un repunte vertiginoso a partir del ciclo agrícola 2022-2023, propagándose inicialmente por las fincas del Poniente para después invadir la comarca del Levante. Pese al esfuerzo económico realizado por las explotaciones agrarias en sistemas de control biológico, los resultados no están surtiendo efecto. A ello se suma la incertidumbre que generan los fabricantes de productos fitosanitarios, quienes aún no han determinado qué sustancias específicas deben solicitarse para combatir de manera efectiva a este plaguicida.
Junto a los estragos provocados por la plaga, el sector agrario advierte de la asfixiante falta de recursos hídricos en el campo. Las altas temperaturas, que continúan prolongándose bien entrado el otoño, ponen en jaque las previsiones de siembra e incrementan el riesgo de abandono de cultivos de verano. COAG denuncia que la tramitación administrativa marcha a un ritmo muy inferior a las urgencias reales del terreno. En el caso de la ampliación de la desaladora del Campo de
Dalías, aprobada a mediados de 2025, las instalaciones continúan estancadas en proceso de licitación sin que el caudal extra llegue aún al regadío. De forma paralela, el sector reclama dar un impulso decisivo a las infraestructuras de la planta del Bajo Almanzora y optimizar la eficiencia energética de la instalación ubicada en
Carboneras para garantizar de manera permanente el suministro con agua regenerada y desalada.
La complicada coyuntura del sector en la provincia de
Almería se ve agravada además por la proliferación de robos en las instalaciones agrícolas durante la presente campaña. Frente a esta situación de inseguridad, las agrupaciones agrarias solicitan agilizar los mecanismos para interponer denuncias y simplificar los trámites requeridos. A esta demanda se añade el malestar por los retrasos en la concesión de las subvenciones del Estado destinadas a paliar los daños de pasados episodios meteorológicos. Transcurrido prácticamente un año desde el paso de los temporales contemplados en el Real Decreto-ley 5/2026, los agricultores continúan a la espera de la publicación del tercer listado oficial de beneficiarios por parte del Ministerio competente, exigiendo una fecha concreta que aporte certidumbre a las explotaciones afectadas.
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