Almería vive un momento de profunda vergüenza e indignación institucional. Lo que el Partido Socialista venía advirtiendo desde hace tiempo se ha confirmado de la manera más cruda: la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha confirmado la existencia de indicios que apuntan a una presunta organización criminal centrada en la manipulación de contratos públicos en la Diputación provincial.
Las detenciones del presidente, el vicepresidente y el alcalde de Fines, son la prueba irrefutable de que no estamos ante un hecho aislado, sino ante lo que, tememos, es solo la punta del iceberg de una trama que supuestamente operaba desde el corazón del poder del PP en Almería.
Lo ocurrido obliga a una acción política contundente. Javier Aureliano García y Fernando Jiménez, y cualquier otra persona implicada, no pueden continuar un minuto más en sus puestos. La obligación de abandonar las instituciones y todos sus cargos en el PP debe ejecutarse de inmediato.
Y la responsabilidad de esta depuración recae directamente en la cúspide del PP: exigimos a Moreno Bonilla y a Feijóo que aclaren hasta qué punto esta manzana estaba podrida porque Almería no puede permitirse un solo día más de deterioro institucional.
Mirar hacia otro lado, con la excusa de que nadie cogía el teléfono, solo aumenta las sospechas. La realidad es que, a día de hoy, desde un calabozo, Javier Aureliano García sigue siendo presidente de la Diputación, diputado provincial y concejal en el Ayuntamiento de Almería porque ni se le ha cesado ni él ha entregado su acta. El PP debe exigirle a Javier Aureliano que entregue el acta de concejal del Ayuntamiento de Almería y la dimisión fulminante como presidente de la Diputación. Desde el PSOE así lo exigimos.
Recordemos que el PP ha mantenido durante años a altos cargos imputados en el caso mascarillas sin un solo reproche y que Moreno Bonilla los ha protegido incorporándolos a su ejecutiva hace apenas unos días. Pero un presidente del PP provincial y de la Diputación que no ha actuado en todo este tiempo sugiere que existen indicios de su propia implicación en la presunta trama. El Partido Popular tiene la obligación de demostrar que respeta a la ciudadanía almeriense: dimisión inmediata, cese de toda persona implicada y colaboración total con la Justicia. Los almerienses no esperan menos.
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