En la tarde de este lunes, un tribunal de jurado en la Audiencia Provincial de Almería ha declarado culpable a una mujer acusada de "intencionadamente" poner fin a la vida de su recién nacida en marzo de 2020, en su cortijo ubicado en Vícar. La mujer llevó a cabo el acto sin la asistencia de ninguna otra persona.
Tras cinco sesiones de vista oral, los miembros del jurado emitieron su veredicto, concluyendo que la acusada actuó en solitario al arrebatar la vida a la bebé, aprovechándose de su indefensión. La Fiscalía y la acusación particular han solicitado una pena de prisión permanente revisable, argumentando que la mujer es culpable de un delito de asesinato según el artículo 140 del Código Penal.
El veredicto del jurado se basó en gran medida en el informe de los médicos forenses, quienes, a partir de la autopsia, determinaron que la bebé nació con vida, evidenciando reacciones químicas propias de la respiración natural en sus pulmones y estómago.
La niña, según testimonio de un agente de la Guardia Civil que participó en la exhumación, estaba bien formada y fue enterrada cerca de la entrada del domicilio, cubierta con grandes bidones de agua.
El tribunal también tuvo en cuenta el informe forense que indicaba que la causa de la muerte de la niña fue una "asfixia mecánica" mediante "estrangulamiento" con las manos, evidenciado por las marcas de dedos y uñas en el cuello, así como un traumatismo en el labio superior derivado de la presión en la boca.
Además, se consideraron otras pruebas, como el ADN encontrado en una azada que la acusada solicitó a una vecina, y que se encontraba en el lugar donde estaba enterrada la bebé. También se mencionó la placenta localizada por vecinos en una balsa de riego en desuso, a la cual la acusada se dirigió.
El jurado destacó el comportamiento de la acusada en exploraciones forenses posteriores, orientado a obstaculizar la investigación. No se pronunciaron directamente sobre la posibilidad de indulto para la mujer, dejando esa decisión en manos de la legislación correspondiente.
Además de la pena de prisión, la fiscal Teresa Prieto solicitó una medida de libertad vigilada de 10 años y una indemnización por daños morales al padre de la bebé por 120.000 euros, mientras que la acusación particular elevó la cuantía a 150.000 euros. La defensa pidió considerar las atenuantes de dilaciones indebidas y la brevedad de la investigación para mitigar la pena. El juicio ha quedado visto para sentencia.
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