El trágico incendio forestal registrado en Los Gallardos, en la provincia de Almería, que causó un balance desolador de trece víctimas mortales, se ha convertido en el detonante de una contundente denuncia colectiva sobre la extrema precariedad y vulnerabilidad en la que sobreviven miles de peones agrícolas en la comunidad autonómica. Una treintena de entidades sociales, organizaciones políticas, sindicatos y colectivos ecologistas han alzado la voz de manera unánime para exigir responsabilidades a los distintos estamentos públicos tras más de un cuarto de siglo de chabolismo desatendido y abandono institucional, una coyuntura estructural que expone de manera reiterada la vida de las trabajadoras y trabajadores temporeros en el campo andaluz.
El desastre forestal desencadenado en Los Gallardos, cuyas llamas se propagaron con virulencia por el levante almeriense afectando también a los términos municipales de Bédar, Antas, Lubrín y Sorbas, ha puesto de relieve el insostenible nivel de desprotección que rodea a los colectivos más vulnerables durante las emergencias. Este dramático siniestro en suelo almeriense, sumado a los virulentos fuegos que recientemente calcinaron alrededor de trescientas casetas precarias en campamentos del litoral onubense, demuestra, a juicio de los colectivos denunciantes, que la infravivienda construida con plástico y madera por los propios jornaleros constituye una trampa mortal frente a cualquier contingencia o catástrofe ambiental.
A través de un manifiesto unitario suscrito por 32 organizaciones, este bloque social ha definido el panorama habitacional del colectivo migrante como "la insostenible e indigna realidad" que se prolonga desde hace 26 años. Las entidades lamentan profundamente que las edificaciones improvisadas continúen siendo la única respuesta habitacional al alcance de miles de peones que sustentan la recolección agrícola. En su pronunciamiento, consideran que las iniciativas teóricas y los tímidos planteamientos adoptados hasta el momento han sido incapaces de abordar un problema de semejante envergadura, ofreciendo "una prueba flagrante de la falta de voluntad política y de una gravísima descoordinación entre las tres administraciones y el empresariado del sector".
El documento confeccionado de forma conjunta detalla que el Foro Provincial de la Inmigración de Huelva lleva desde el año 2014 buscando alternativas sin haber conseguido trasladar soluciones concretas al terreno. Del mismo modo, censuran la escasa repercusión práctica del Protocolo General de Actuación firmado en el verano de 2022 entre el Ministerio de Derechos Sociales, la Junta de Andalucía y varios consistorios locales, dotado con un presupuesto superior a los 2,5 millones de euros. Asimismo, afean que el I Plan Estratégico para la Erradicación de los Asentamientos Informales en Andalucía impulsado por el Gobierno autonómico, presentado en 2023 y relanzado un año después, siga sin dar resultados palpables mientras la población afectada permanece expuesta a riesgos diarios.
En relación con los compromisos institucionales e inversiones públicas, las entidades firmantes ponen el foco sobre el convenio marco de Doñana, rubricado entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía a finales de 2023. Aunque dicho marco preveía fondos dirigidos a la inclusión social y a la eliminación progresiva del chabolismo con horizonte en 2027, el reciente encuentro celebrado el pasado 14 de julio con la Comisionada del Ciclo del Agua se saldó con "una profunda decepción para algunas asociaciones, que lamentan que las acciones realizadas hasta la fecha no llegan al fondo". Ante esta situación, las organizaciones reivindican su derecho a examinar con absoluta transparencia el uso que las corporaciones municipales hacen del presupuesto transferido desde la administración central.
Las críticas del manifiesto se dirigen de igual modo hacia la gestión de varios ayuntamientos, a los que acusan de incurrir en un "racismo institucional" traducido en lo que califican de "castigo colectivo". Entre los hechos denunciados destaca la "ausencia mayoritaria de ayuda humanitaria de emergencia" tras los reiterados conatos e incendios en los núcleos chabolistas, donde se ha negado asistencia básica a los damnificados. A ello añaden el "bloqueo ilegal del empadronamiento" llevado a cabo de forma continuada, una práctica que vulnera la legislación española sobre el registro de habitantes e impela a las personas extranjeras a caer en redes irregulares que comercializan con los empadronamientos, agravando su desamparo administrativo.
A este conjunto de reproches se suma la falta de salubridad y la deficiente recogida de residuos en las inmediaciones de las infraviviendas. Los colectivos consideran difícil de justificar que una actividad económica que mueve miles de millones de euros al año, representa cerca del 8% del Producto Interior Bruto autonómico y genera más de cien mil puestos de trabajo en cada campaña agraria, sea incapaz de articular un alojamiento digno para unas cinco mil personas trabajadoras. Ante esta crisis, las 32 organizaciones exigen el empadronamiento inmediato de la totalidad de las temporeras y temporeros, la distribución urgente de tiendas de campaña, saneamiento básico y agua potable, la puesta en marcha inmediata de espacios provisionales dignos liderados por la Junta de Andalucía junto al resto de administraciones y agentes sociales, y la paralización cautelar de los fondos destinados a los ayuntamientos con asentamientos hasta que no se garantice de forma efectiva su inversión en la mejora de las condiciones de vida de estas personas.
Así, las entidades firmantes han sido: Ecologistas en Acción, Asociación Multicultural de Mazagón, Asociación de Malienses de Mazagón, Asociación de Mujeres Inmigrantes de Andalucía, Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA), Asociación Latinoamericana Huelva para Todos y Todas, Asociación 'La Calle"' (Sevilla), Asociación 'En la Calle' de Sevilla, Adelante Andalucía, Alianza Verde, Centro Andaluz del Pueblo 'José Félix Rivera', Coordinadora Estatal Padrón por Derecho, CCOO, Entrepueblos, Fundación Nueva Cultura del Agua, Fundación Savia, Greenpeace y Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC).
También se han suscrito al manifiesto Iniciativa del Pueblo Andaluz, Izquierda Unida, Jornaleras de Huelva en Lucha, Mairena Solidaria, Mesa de la Ría, Movimiento Contra la Intolerancia, Mujeres 24 horas, Paralelo 36 Andalucía, Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA), Podemos Andalucía, Por Andalucía, Traperos de Emaús de Huelva, Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua y SOS Refugiados.
Agenda
Si (
No(
