El regadío de la provincia de Almería contará con respaldo financiero estatal para contener el coste del agua desalada durante los próximos años. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la autorización para adquirir compromisos de gasto por un importe máximo de 206,4 millones de euros entre los ejercicios 2027 y 2029, un paso indispensable que desbloquea la firma de la tercera adenda al segundo convenio de gestión directa de obras hidráulicas suscrito entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed).
Según ha detallado el Ministerio de Hacienda, esta inyección económica tiene como finalidad principal compensar el déficit tarifario generado por el suministro de recursos hídricos desalados con destino agrícola dentro del régimen transitorio de apoyo vigente. Además de beneficiar directamente a los regantes de Almería, la medida abarca el abastecimiento en la cuenca del Segura y en la conducción Júcar-Vinalopó.
La distribución anual de los techos máximos de gasto fijados por el Ejecutivo central contempla una primera dotación de 62.076.850 euros para el año 2027. Posteriormente, la cuantía se elevará hasta alcanzar los 72.162.940 euros en el ejercicio 2028, repitiéndose exactamente esa misma cifra de 72.162.940 euros durante 2029 para completar el montante global previsto.
Mediante este nuevo acuerdo modificativo, la Administración del Estado actualiza los recursos precisos para enjugar las pérdidas derivadas de la producción y distribución de agua desalada para riego correspondientes tanto al trienio 2023-2025 como al periodo comprendido entre 2026 y 2029. Siguiendo las directrices marcadas por la Oficina Nacional de Contabilidad y los principios contables que rigen la actividad de Acuamed, las partidas se financiarán con cargo al capítulo de transferencias corrientes del presupuesto de la Dirección General del Agua.
Dado que la aplicación presupuestaria afectada no disponía en estos momentos de crédito inicial asignado, el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros resulta imprescindible para habilitar legalmente la asunción de estos compromisos financieros en ejercicios futuros, dando así estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley General Presupuestaria.