El salón de plenos del Ayuntamiento de
Almería ha sido el escenario de un tenso choque político durante la deliberación de la moción impulsada por el concejal de Podemos, Alejandro Lorenzo, mediante la cual se pretendía el respaldo de la corporación municipal a la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre. La iniciativa, articulada en torno a la exigencia de salarios dignos, el acceso a la vivienda y el refuerzo de los servicios públicos, decayó tras ser rechazada por el equipo de Gobierno del
PP y el grupo municipal de Vox, contando únicamente con el voto a favor del edil proponente y del grupo del
PSOE.
Durante la defensa del texto, Alejandro Lorenzo expuso la necesidad de articular medidas políticas ante el deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora en
Almería, argumentando que "esta moción por una razón bastante sencilla, y es que trabajar debería permitir vivir con dignidad. Debería permitir pagar una vivienda, llenar la nevera, encender la calefacción y afrontar un gasto imprevisto sin tener que pedir dinero prestado". El edil contrapuso la situación económica de los empleados precarios frente a los discursos sobre la cultura del esfuerzo, aseverando que "a quienes responden que la gente tiene que esforzarse más, les diría que se acercaran a hablar con quienes limpian los edificios, quienes conducen nuestros autobuses o quienes atienden a las personas dependientes o quienes trabajan en la hostelería. Hay mucha gente que llega agotada a su casa, que se esfuerza mucho y que, aun así, no llega a fin de mes. No necesitamos, ni ellos tampoco necesitan, una conferencia sobre la falsa cultura del esfuerzo. Necesitan que su esfuerzo se traduzca en un salario suficiente y en unas condiciones de trabajo dignas".
En materia habitacional, Lorenzo advirtió sobre la gravedad del problema del alquiler en la capital almeriense y arremetió contra la inacción administrativa, señalando que "nos hemos acostumbrado a escuchar que el mercado está como está, que los precios suben y que no se puede hacer mucho al respecto. Pero detrás de esas frases hay personas que no pueden emanciparse, familias que tienen que abandonar sus barrios y vecinos que viven con miedo de perder sus casas. No podemos tratar esta situación como si fuera un fenómeno meteorológico". Asimismo, criticó que el éxito de las políticas municipales se mida únicamente por los anuncios de promociones, recalcando que "una persona con ingresos insuficientes para comprar una vivienda no resuelve su problema viendo a la alcaldesa presentar pisos que tampoco puede pagar". El portavoz proponente evocó la situación vulnerable de una vecina, Mari Carmen, para poner rostro a la desprotección y reclamó a la
Junta de Andalucía garantías efectivas en materia residencial, concluyendo su intervención con una firme defensa de la sanidad, la educación y el transporte público al afirmar que "cuando un servicio público funciona mal, quien tiene dinero puede buscar una alternativa; quien no, tiene que esperar, renunciar o endeudarse. Por eso, defender los servicios públicos también es defender la igualdad".
Por parte del grupo municipal de Vox, el edil Martín de Los Reyes cargó contra los promotores de la moción situando la problemática del acceso al hogar como la principal preocupación tras ocho años de Ejecutivo estatal socialcomunista y cuestionó abiertamente la oportunidad de la protesta al lanzar la pregunta: "¿se arrepienten de haber convocado esta huelga general? También me pregunto, ante la necesidad de trabajo, lo único que se les ocurre es paralizar el país. En vez de hacer una huelga a la japonesa, de trabajar más, proponen el caos de un día de huelga general, el 11 de noviembre, el día de San Martín, recordando que a todos los cerdos les llega su San Martín, dice el dicho popular". De Los Reyes acusó a las formaciones de izquierda de promover campañas de caos tras perder expectativas electorales y de patrocinar la okupación con acampadas como la instalada en la Plaza Circular de
Almería, al tiempo que denunció que la traba a la actuación policial en diversos puntos de España ha puesto en peligro "el orden público, la economía de los comerciantes, la vida de los agentes de policía y la seguridad del Estado".
En relación con los lanzamientos judiciales, el representante de Vox remarcó la validez del estado de derecho al subrayar que el cumplimiento de los desahucios responde a resoluciones dictadas por los jueces en aplicación de la ley vigente recogidos en el artículo 1.1 de la Constitución Española. Respecto a los decretos dirigidos a frenar lanzamientos de inquilinos vulnerables, arremetió contra la carga que se transfiere al pequeño tenedor privado, preguntando a la bancada proponente: "¿por qué no piden que sea el Estado el que asuma la labor social de ayudar al que lo necesita? ¿Qué culpa tiene el casero de que el inquilino tenga problemas o simplemente no pague el alquiler o que un ocupa entre en su vivienda?". Asimismo, el edil tachó la convocatoria del 11N de tardía frente a deficiencias acumuladas en la gestión de emergencias o causas judiciales, augurando un fracaso de la jornada que se saldará con violencia y coacción en las calles, razón por la cual rechazaron de pleno dar su respaldo.
En el turno del grupo socialista, la concejala Carmen Aguilar manifestó el apoyo rotundo del
PSOE a la moción invocando el ejercicio del derecho fundamental consagrado en el artículo 28.2 de la Constitución Española, y respaldando la convocatoria realizada por las centrales sindicales Comisiones Obreras y
UGT junto al movimiento de inquilinos. Aguilar defendió la necesidad de alcanzar salarios dignos como mecanismo clave para la equidad social y la dinamización económica local en
Almería, cuestionando la postura de los grupos que rechazan las subidas salariales o la revalorización de las pensiones: "¿Quién puede estar en contra de unos salarios dignos? La verdad es que es un poco incomprensible la medida del Gobierno de España de subida del salario mínimo interprofesional y de revalorización de las pensiones, que grupos políticos voten en contra o se pongan de perfil. Totalmente incomprensible. Porque tener un salario digno garantiza el acceso a los servicios básicos, a una vivienda adecuada, a la salud y a la educación. Rompe con el ciclo de pobreza".
Aguilar incidió igualmente en las barreras para la aplicación de las herramientas de la Ley de Vivienda estatal a nivel autonómico y local, lamentando de forma explícita que en la provincia y la ciudad de
Almería, al igual que en el resto del territorio andaluz por decisión de la
Junta de Andalucía, no se haya declarado ninguna zona tensionada. La edil socialista detalló que dicha omisión impide aplicar beneficios como limitar el precio de las nuevas rentas al contrato anterior, aplicar el índice estatal a grandes tenedores o permitir prórrogas extraordinarias de tres años a los inquilinos. Finalmente, reivindicó la titularidad colectiva del sistema público afirmando que "defender la sanidad, la educación, el transporte, las pensiones, la dependencia, no es una cuestión de ideología política, es una cuestión de dignidad humana y de justicia social, porque los servicios públicos son el verdadero corazón de una sociedad democrática".
La réplica final por parte del equipo de Gobierno municipal recayó en la portavoz del
PP, Sacramento Sánchez, quien afeó el uso partidista que, a su juicio, realiza la izquierda de las situaciones vulnerables como la expuesta en la moción, aseverando que "la historia de Maricarmen, a la que el señor Lorenzo le dedica varios párrafos en su moción, merece respeto y por eso no puede hacerse un drama de la vivencia que ha padecido esta señora. La izquierda lo que ha hecho ha sido utilizar el drama de Maricarmen para movilizarse". Sánchez atribuyó la responsabilidad del problema habitacional a la ineficacia del Gobierno de España durante sus ocho años de mandato, recordando que en todo el territorio estatal se han acumulado más de 300 000 lanzamientos judiciales y señalando que "gobernar no consiste solamente en anunciar que tenemos derecho, eso ya lo sabemos. Gobernar consiste en que esos derechos sean una realidad. Los jóvenes siguen sin poder emanciparse, muchas familias destinan gran parte de su sueldo a pagar el alquiler y comprar una vivienda en este país es una auténtica quimera".
En contraposición a las promesas estatales, Sánchez puso en valor la labor desplegada en la capital por el equipo de Gobierno mediante la empresa pública Almería 21, resaltando la construcción de más de 600 viviendas protegidas como una actuación concreta frente al discurso de la movilización. La portavoz del
PP rechazó que se pretenda dirigir una jornada de huelga contra las formaciones de la oposición y cuestionó si el Ejecutivo central carece de responsabilidad en el encarecimiento de la cesta de la compra, los carburantes o la electricidad, censurando igualmente el papel de los sindicatos. De esta forma, concluyó afirmando que su grupo apoya el derecho constitucional a la huelga pero no las convocatorias impregnadas de sesgo político, sintetizando la posición municipal en la premisa de "menos pancarta y más vivienda, menos propaganda y más soluciones", lo que motivó el voto en contra del grupo popular y la consiguiente desestimación de la iniciativa.
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