El Tribunal Supremo ha dictado una resolución clave para el ámbito de la función pública que tiene su origen en la provincia de Almería. El alto tribunal ha ratificado que aquellos empleados públicos que desempeñen de forma efectiva funciones y responsabilidades correspondientes a un nivel superior al de su plaza oficial no solo deben percibir las retribuciones asociadas a ese puesto, sino que también tienen derecho a la consolidación del grado personal.
Este pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, fechado el pasado 12 de noviembre de 2025, beneficia directamente a una inspectora destinada en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Almería.
La empleada pública, perteneciente al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo, venía desarrollando durante años tareas de una categoría superior a la que figuraba en su plaza de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), asumiendo una carga de responsabilidad que no se veía reflejada ni en su nómina ni en su expediente administrativo.
La justicia ha estimado de este modo el recurso de casación de la funcionaria, quien decidió actuar en defensa de sus derechos tras ver cómo la Administración ignoraba su petición inicial. El litigio, que previamente pasó por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía antes de llegar a la máxima instancia judicial, reclamaba que se le asignara el nivel superior tanto en el complemento de destino como en el específico, además de los efectos correspondientes en su carrera profesional.
En los fundamentos de la sentencia, el tribunal recuerda que ya existe una jurisprudencia consolidada respecto a los inspectores de Trabajo y otros cuerpos de funcionarios en situaciones prácticamente calcadas. La resolución subraya que el ejercicio de funciones de nivel superior genera automáticamente el derecho a cobrar los complementos del puesto más alto y, de forma crucial, permite consolidar ese grado personal siempre que se cumplan los tiempos estipulados por la normativa vigente.
Este fallo judicial supone un importante precedente para el personal que presta servicio en instituciones como la Diputación de Almería, la Universidad de Almería o la Junta de Andalucía, ya que clarifica que la realidad de las tareas ejecutadas debe prevalecer sobre la denominación formal del puesto ocupado en la estructura administrativa.
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