Hacienda defiende la legalidad del sobrecoste en las obras del AVE entre Pulpí y Vera

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha salido al paso de las recientes informaciones que sitúan bajo la lupa judicial una infraestructura clave para la provincia: el tramo de alta velocidad que conecta Pulpí con Vera. Tras conocerse un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) remitido a la Audiencia Nacional, la ministra ha sostenido que las modificaciones presupuestarias en grandes obras son una práctica habitual y ajustada a derecho, negando que estos cambios impliquen necesariamente una irregularidad.

El documento técnico, elaborado a petición de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la instrucción del denominado 'caso Koldo', analiza varios contratos de Adif y Carreteras. Entre ellos destaca la plataforma del Corredor Mediterráneo en el trayecto que une Pulpí y Vera, una obra de gran envergadura donde participó la constructora Acciona. La ministra ha insistido en que, en proyectos de larga duración y volumen de recursos importante, es "frecuente" que surjan imprevistos, hallazgos técnicos o nuevos requerimientos que obliguen a elevar la inversión inicial.

Durante un acto público, la también dirigente del PSOE ha pedido prudencia al tratarse de un asunto bajo estudio judicial. "El problema podría estar en de qué manera se haya hecho ese modificado", ha matizado Montero, diferenciando entre la gestión administrativa ordinaria y las posibles conductas ilícitas que investigan la policía nacional y los tribunales bajo secreto de sumario. Según su argumentación, si no concurren otros factores externos a la propia obra, el incremento de costes está "perfectamente regulado por la ley".

Además de la conexión ferroviaria en Almería, el informe de la IGAE menciona otras actuaciones en la Junta de Andalucía, como el refuerzo del Puente del V Centenario en Sevilla. En este caso, los técnicos advierten de un encarecimiento de 13,5 millones de euros, lo que supone un desvío del 19% respecto al precio de adjudicación. Pese a estas cifras, desde el Ministerio de Hacienda se insiste en que no disponen de toda la información que maneja el juez y confían en la legalidad de los procedimientos seguidos por las administraciones públicas.