El Pleno del Ayuntamiento de
Almería ha sacado adelante una propuesta institucional para reclamar un censo electoral limpio, fiable y transparente. La iniciativa, tramitada en la última sesión plenaria celebrada en
Almería, ha contado con el voto favorable del Grupo Municipal Popular y el rechazo explícito de los grupos de
PSOE y Podemos-IU-Los Verdes con
Almería.
Durante el debate municipal, la portavoz del grupo municipal popular, Sacra Sánchez, justificó el posicionamiento de su formación alegando que responde a «una posición muy clara: defender la limpieza del censo electoral, exigir transparencia y garantizar la seguridad jurídica, sin necesidad de convertir una cuestión tan seria como ésta en un instrumento de confrontación política».
En sus explicaciones ante la corporación, la concejala enfatizó que los registros electorales representan «una pieza esencial de nuestro sistema democrático», dado que su función principal estriba en determinar qué personas poseen el derecho legítimo a participar con sus sufragios. Por ello, remarcó que un mecanismo de esta trascendencia «no puede quedar sometida a intereses partidistas, arbitrariedades o dudas que las instituciones tienen la obligación de aclarar», sintetizando el criterio del
PP en la premisa de que «democracia y manipulación son conceptos absolutamente incompatibles».
No obstante, la edil dejó constancia de que dar luz verde a la propuesta no implica suscribir «cada palabra, cada afirmación o cada acusación» contenidas en la exposición del texto original, sino sumarse a unos principios fundamentales indiscutibles, basados en «que se cumpla la ley; que los procedimientos sean transparentes; que la documentación sea comprobada con el máximo rigor; y que el censo electoral refleje fielmente quién tiene derecho a votar».
Al abordar las divergencias surgidas en torno al registro de residentes ausentes y la adquisición de la ciudadanía por parte de descendientes de españoles en el exterior, la portavoz sostuvo que acatar las normas es «perfectamente compatible» con velar por la máxima exigencia en los controles administrativos. Frente a las dudas planteadas sobre las adscripciones territoriales fuera del país, la representante aclaró que cualquier posible anomalía debe ser valorada de manera exclusiva por los tribunales e instancias competentes: «Nosotros no somos jueces. Ni pretendemos serlo».
En este sentido, la portavoz rechazó que el requerimiento de mayor rigor suponga poner en entredicho a la comunidad de votantes con residencia fuera del Estado. «No cuestionamos su condición de españoles ni, por supuesto, su derecho a votar cuando cumplen los requisitos establecidos legalmente. Todo lo contrario», argumentó, insistiendo en que el respeto hacia este colectivo pasa precisamente por ofrecer respuestas y desvanecer sospechas mediante una gestión pública transparente.
A través del acuerdo aprobado, el consistorio solicitará formalmente a la Oficina del Censo Electoral la información detallada acerca de los movimientos de altas y bajas en el padrón de residentes en el extranjero, abriendo el paso a fiscalizar cualquier inscripción sobre la que concurran indicios fundados, siempre acogiéndose al marco competencial vigente. A juicio de la corporación, «el censo debe protegerse con el máximo rigor», subrayando la edila que el sistema democrático «no necesita sospechas, necesita garantías; no necesita acusaciones sin demostrar, necesita transparencia; no necesita discursos incendiarios, necesita instituciones que funcionen y ciudadanos que puedan confiar en ellas».
Con este pronunciamiento, el consistorio persigue una meta inequívoca: «que vote quien tenga derecho a hacerlo; que nadie que tenga derecho quede fuera; y que nadie que no reúna los requisitos legalmente establecidos pueda ser incluido». Finalmente, Sacra Sánchez concluyó apelando a la neutralidad de las herramientas sobre las que se asienta el Estado: «El censo electoral no pertenece al Gobierno de turno. No pertenece al
PSOE. No pertenece al Partido Popular. No pertenece a Vox. Ni pertenece a ninguna otra formación política. El censo electoral pertenece a nuestra democracia».
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