La controversia urbanística y judicial que rodea al complejo hotelero situado en la playa de El Algarrobico, en la provincia de
Almería, suma un nuevo episodio de tensión tras la presentación de cuatro recursos interpuestos a lo largo del mes de agosto contra el acuerdo pleno que encarrila la cancelación definitiva de su licencia de obras.
El procedimiento aprobatorio, formalizado a mediados del periodo estival por el Ayuntamiento de
Carboneras, pretendía dar cumplimiento a las exigencias dictaminadas por la justicia para dejar sin efecto la autorización urbanística concedida a principios de 2003. Sin embargo, la resolución municipal ha encontrado una firme oposición legal encabezada por la constructora del inmueble, Azata del Sol, que busca defender la validez de un permiso otorgado para edificar en terrenos que el planeamiento actual sitúa en suelo no urbanizable de especial protección.
A esta ofensiva de la promotora se han sumado diversos representantes políticos de la corporación local. Por un lado, el exregidor y edil no adscrito Felipe Cayuela ha registrado su propio recurso. En la misma línea han actuado el exalcalde socialista José Luis Amérigo junto a otros dos concejales. Todos ellos decidieron ausentarse del pleno en el momento clave de la votación, la cual logró salir adelante gracias al respaldo del actual regidor Salvador Hernández, los representantes del
PP y tres miembros del grupo del
PSOE.
La cuarta impugnación ha sido articulada por el exalcalde Cristóbal Fernández en representación de un colectivo de desarrollo pesquero. Precisamente Fernández desempeñaba el cargo de primer edil en el momento en que el consistorio otorgó la licencia original para levantar el complejo hace más de dos décadas, una gestión que el actual equipo de gobierno achaca directamente a la esfera política y familiar de los antiguos dirigentes por haber sumido al municipio en una dilatada incertidumbre.
El trámite administrativo y la posterior elevación del acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pretenden certificar la invalidación del título urbanístico, respaldada previamente por el dictamen favorable del Consejo Consultivo autonómico. Con este movimiento, las autoridades locales confían en dar por ejecutada la resolución judicial dictada en julio de 2023 para resolver definitivamente la situación legal de este enclave en el litoral almeriense.
Si (
No(
