Un giro en la planificación urbanística de la provincia de Almería devolverá el protagonismo al sector primario en el Valle del Almanzora. La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha dado su visto bueno inicial a la reforma planteada por el consistorio de Purchena para alterar la clasificación de un amplio espacio que iba a ser urbanizado, devolviéndole su condición de terreno rústico común.
La decisión implica reordenar un sector completo del término municipal que abarca cuarenta y tres fincas catastrales, sumando una extensión que supera las cincuenta y seis hectáreas. Esta reconversión se apoya en las directrices de la legislación del territorio de la Junta de Andalucía, conocida como la ley LISTA, facilitando que unos terrenos que veían frenado su potencial por las trabas del suelo urbanizable sectorizado se abran ahora de lleno a la explotación agrícola y ganadera.
El delegado territorial de Cultura y Deporte, Juan José Alonso, quien lidera este órgano de control, ha remarcado que esta variación en el planeamiento amolda el diseño urbano a las demandas actuales de la localidad, potenciando el sector primario mientras se blinda de forma estricta la riqueza arqueológica del entorno.
El espacio objeto de la reforma alberga elementos de gran valor histórico, entre los que sobresale el denominado Yacimiento 17, bajo un régimen de amparo preventivo por parte de las normas locales. Del mismo modo, en este perímetro se localizan diversos puntos de interés de origen romano y medieval adscritos a la red patrimonial de la Junta de Andalucía, tales como Llano de la Cuesta Blanca, Jorges, Las Olivillas, Las Retamas y Pago Jorges Oeste, que dan testimonio de las dinámicas de población primitivas en la comarca. La zona norte ya había sido analizada arqueológicamente debido a obras de conectividad pública en el pasado, incluyendo el trazado de la autovía A-334 y las conducciones vinculadas al embalse del Negratín.
Para asegurar que el patrimonio subterráneo no sufra alteraciones con los futuros usos del suelo, el dictamen institucional fija condiciones estrictas de cara a los próximos años. Cualquier intervención o remoción de tierras que se proyecte en el área requerirá de un examen específico de la delegación competente para fijar las medidas cautelares pertinentes. Igualmente, las normativas andaluzas obligarán a paralizar los trabajos y notificar de inmediato cualquier hallazgo fortuito, logrando así un equilibrio entre el impulso económico del campo y la protección de la herencia cultural.
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