Anulada la nacionalidad española a un residente de El Ejido por no acreditar la integración

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, emitida en Madrid el 27 de noviembre de 2025, ha determinado la anulación de la concesión de nacionalidad española por residencia a una persona domiciliada en El Ejido, en la provincia de Almería. Este fallo atiende al recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ministerio de Justicia contra la resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP) de septiembre de 2021.

La revocación del acto administrativo se fundamenta en la previa declaración de lesividad para los intereses públicos acordada por el Consejo de Ministros en mayo de 2025. Dicha declaración se sustentó en la constatación de que la concesión de la nacionalidad se había otorgado sin que se acreditara el requisito de integración en la forma establecida por la normativa. La ley establece, como requisito esencial para la adquisición de la nacionalidad española, el suficiente grado de integración en la sociedad española, lo cual se materializa en la superación de unas pruebas específicas.

La base fáctica para la anulación es la ausencia de los diplomas relativos a la superación de las pruebas de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE) y/o la prueba de Conocimiento del Idioma Español como Lengua Extranjera (DELE). Estas pruebas son gestionadas por el Instituto Cervantes y su superación se exige conforme a lo dispuesto en el artículo 22.4 del Código Civil. La persona interesada, originaria de Canchungo, Guinea Bissau, no presentó tales certificados al formular su solicitud el 11 de diciembre de 2020.

El tribunal subraya que, si bien el solicitante autorizó la comprobación de la realización de estas pruebas en el Instituto Cervantes, no adjuntó certificado alguno con su solicitud. El argumento central del fallo judicial es que este requisito de integración no es un mero formalismo, sino un elemento sustantivo que debe estar cumplido en la fecha de la solicitud. Por tanto, la falta de acreditación en el momento inicial no puede ser subsanada con posterioridad a la petición, y mucho menos en un trámite posterior a la concesión.

La sentencia ahonda en la naturaleza de la nacionalidad como una de las manifestaciones de la soberanía del Estado español, cuyo otorgamiento conlleva un conjunto de derechos políticos. Por ello, se exige un conocimiento, incluso mínimo y básico, del idioma y de la realidad del país del que se aspira a ser nacional. La adquisición de la nacionalidad se considera incompatible con un desconocimiento idiomático, institucional y cultural, dado que implica el derecho a participar en los asuntos públicos y a acceder a funciones y cargos públicos.

Como resultado directo para la provincia de Almería, el tribunal ordena que se remita testimonio de la sentencia al Registro Civil de El Ejido, donde residía la persona, a fin de evitar la consolidación de la adquisición de la nacionalidad o, si esta ya se hubiera producido, dejar constancia de la anulación. La resolución judicial busca privar al acto de concesión de cualquier efecto constitutivo, con el objetivo de evitar posteriores efectos derivados, como los relativos al censo electoral o a la obtención de documentos basados en la nacionalidad española, como el DNI o el pasaporte. Además, se impone al demandado el pago de las costas procesales, que la Sala establece en la cantidad máxima de 1500 euros, más IVA si se devengase.