Pocas cosas hay más propias del verano almeriense que el sopor del Levante, salvo quizás la asombrosa capacidad de la clase política para transformar una tragedia ambiental con palabrería. El debate acontecido en el Parlamento de Andalucía a raíz de la comparecencia del consejero de la Presidencia e Interior, Antonio Sanz, tras el devastador incendio en la provincia de Almería —concretamente en el término de Los Gallardos, con un saldo trágico de casi 7.000 tareas arrasadas y 13 vidas humanas perdidas—, dejó una estampa insólita: por una vez, todos los grupos parlamentarios coincidieron en el diagnóstico. La conclusión unánime fue que los montes están sucios y que la falta de limpieza es detonante de la catástrofe. Sin embargo, a partir de ese punto de encuentro, la lógica volvió a extraviarse en el mercadeo partidista.
Mientras la izquierda sostiene en tribuna que el cambio climático es el principal ejecutor, la extrema derecha niega de plano cualquier alteración térmica. En ese marco destacó la intervención de Rodrigo Alonso, portavoz de Vox en la camara autonómica y natural del municipio de Antas, quien afirmó en tono sarcástico que en su pueblo nunca ha nevado en julio. Es probable que a Rodrigo Alonso se le olvide que nadie esperaba una estampa alpina en pleno Levante almeriense a mitad de verano. Lo que no resulta habitual es encadenar semanas enteras superando holgadamente los 40 °C de forma continuada ya desde el mes de junio. Negar la tendencia de los termómetros en la comarca es tan absurdo como esperar pingüinos en la playa de las Negras.
Pero aceptemos la premisa común: si el monte está sucio y requiere saneamiento, ¿por qué no se actúa? Según el argumento vertido por Vox, la culpa recae en la «malvada Agenda 2030», convertida en el comodín preferido para justificar cualquier inacción. Conviene acudir a los datos objetivos: la Agenda 2030 no es una ley prohibitiva, sino un marco internacional de compromisos de sostenibilidad que no impone sanciones ni vetos legales a ningún Estado ni a ninguna administración.
Lo que sí regula el marco jurídico del Estado es la Ley 43/2003 de Montes, actualizada en 2023 bajo el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos. Su artículo 48 establece con claridad meridiana que las Comunidades Autónomas —entre ellas la Comunidad Autónoma de Andalucía— tienen la obligación legal de elaborar y ejecutar planes anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. La norma especifica que dichos planes deben incluir tratamientos selvícolas obligatorios: podas, desbroces, aclarado de masa forestal, mantenimiento de cortafuegos, apertura de vías de acceso y abastecimiento de puntos de agua.
La legislación vigente en el Estado no prohíbe limpiar el monte; al contrario, lo exige expresamente a las administraciones autonómicas. Que el matorral se acumule hasta convertirse en combustible no obedece a conspiraciones internacionales, sino a la falta de ejecución de las competencias de gestión forestal. La extrema politización de una desgracia que ha golpeado con dureza a la provincia demuestra que, mientras el matorral se quema en el campo, en los escaños prefieren seguir jugando con fuego verbal.
(Ojo: Seguro que Ayuso también culpa a la Agenda 2030 de los incendios que arrasan Madrid... pero no podemos pedir peras al olmo)
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