Hay plenarios municipales en los que da la sensación de que a la corporación local le aburren los asfaltados o las licencias urbanísticas y prefiere jugar a la alta diplomacia internacional. El último pleno en la capital no defraudó en ese sentido: el Partido Popular de María del Mar Vázquez y el grupo municipal de Vox, liderado por Juan Francisco Rojas, acudieron a la sesión con sendas mociones para cerrar filas en torno a la españolidad de Ceuta y Melilla. Un gesto de reafirmación ante la soberanía del Estado que acabó derivando en un enconado debate sobre la inmigración.
La incoherencia estaba servida. Si algo ha quedado acreditado desde aquella irrupción masiva en Ceuta —donde unas 80.000 personas cruzaron la frontera en una maniobra calculada, y de las que cerca de 70.000 regresaron casi de inmediato, en cuanto su gobierno se lo pidió— es que aquello no respondía a un flujo migratorio habitual. El propio presidente, Pedro Sánchez, y por extensión el grupo municipal del PSOE, compartían en el fondo el mismo diagnóstico: no se trató de un fenómeno migratorio, sino de una maniobra de presión y de un ataque a la integridad territorial del Estado español, promovido activa o pasivamente desde el Gobierno marroquí. Por eso precisamente lo que tocaba hacer en la sesión plenaria era reafirma el compromiso con esta ciudad y sus habitantes, rechazando tanto la reclamación marroquí, como las malas artes con las que insiste en hostigarles continuamente.
Dicho de otro modo, quienes niegan que esa entrada masiva fuese un flujo migratorio, y sí una invasión territorial, y quienes llevaron a pleno esa idea, no tiene sentido que acabaran hablando de lo buena o lo mala que es la inmigración, o de la política migratoria... estamos ante un hecho distinto.
Mezclar conceptos es caer en la trampa del PSOE y de Vox. Del PSOE, porque Sánchez, tras reconocer lo ocurrido como un ataque a la soberanía territorial, apuntó a las mafias de la inmigración como responsables de lo acecido: y de Vox, porque ha hecho de la inmigración su principal arma de guerra y le vale lo mismo para un roto que para un descosido (vamos, que les da igual tratar el asunto como si fuesen un puñado de inmigrantes irregulares que asaltan la valla para buscarse la vida tras huir de la miseria y la guerra, que un ataque de guerra híbrida... sin son distintos, son el enemigo).
Quien busca migrar desde Marruecos dispone de canales administrativos con pasaporte y visado; por otro lado, quienes solicitan asilo procedente de países castigados por la guerra, como Malí, Mauritania o Costa de Marfil, se acogen a convenios internacionales de protección legal que nada tienen que ver con el régimen fronterizo de Rabat. Son dos cosas absolutamente distintas, y lo único que ha ocurrido es que quienes provienen del Sahel y estaban en Marruecos, han visto una puerta abierta, nunca mejor dicho... pero no pueden confundirse su situación con la de los marroquíes.
La gran incógnita que deja la sesión es de fondo: si todos los grupos representados en el salón de plenos eran conscientes de que lo ocurrido en Ceuta fue un desafío directo a la soberanía del Estado, ¿por qué terminaron todos polemizando sobre la atención a los migrantes y el reparto de competencias? La respuesta es simple: resulta mucho más cómodo parapetarse en los argumentarios prefabricados sobre extranjería que abordar con rigor las flaquezas de la política exterior del Estado.
