El informe anual de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre la rendición de cuentas del Sector Público Local Andaluz correspondiente al ejercicio 2024 refleja un elevado nivel de incumplimiento en la provincia de
Almería, donde cerca del 60 % de sus municipios no ha presentado su Cuenta General en el plazo estipulado. En concreto, 61 de los 103 ayuntamientos almerienses, lo que representa un 59,22 % del total provincial, han omitido su obligación legal de rendir cuentas relativas al ejercicio fiscal de 2024 antes de la finalización del trabajo de campo del órgano fiscalizador, fijado el 15 de mayo de 2026. Con este registro, la provincia de
Almería se sitúa como el segundo territorio con peor índice de cumplimiento de toda la comunidad autónoma, únicamente superada por la provincia de Cádiz, donde el incumplimiento alcanza el 68,89 %, y por delante de Sevilla, con un 56,60 %, y Málaga, con un 53,40 %.
En el lado opuesto de la gestión institucional se sitúa la
Diputación de Almería, que ha cumplido estrictamente la normativa al rendir su Cuenta General del ejercicio 2024 dentro del plazo legalmente establecido, el cual concluyó el 1 de noviembre de 2025. La institución provincial almeriense forma parte del grupo de cinco diputaciones andaluzas que entregaron sus estados presupuestarios a tiempo, junto a las de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, mientras que las corporaciones provinciales de Cádiz, Granada y Málaga no habían rendido sus cuentas a fecha de 15 de mayo de 2026. Según los datos del censo oficial, de la
Diputación de Almería dependen seis entidades instrumentales, desglosadas en una sociedad mercantil, un organismo autónomo y cuatro consorcios. Asimismo, la única Entidad Local Autónoma censada en la provincia cumplió íntegramente con la rendición de sus documentos contables.
El desglose por tramos de población muestra que entre los consistorios almerienses con más de 50.000 habitantes —grupo integrado por tres municipios que aglutinan a una parte muy sustancial de la población provincial— se halla el ayuntamiento de
El Ejido, el cual no ha presentado la Cuenta General correspondiente a 2024 y cuyo último expediente rendido ante el órgano de control corresponde al ejercicio 2023. En el estrato de municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes, compuesto por cuatro localidades en la provincia, han dejado de rendir cuentas dos ayuntamientos:
Adra, que mantiene como último ejercicio fiscal entregado el de 2022, y
Huércal-Overa, cuya última rendición auditada data de 2021. Por su parte, en el tramo comprendido entre los 5.000 y los 20.000 habitantes, diez de los 14 municipios almerienses omitieron la entrega de la Cuenta General, mientras que en el segmento de localidades con menos de 5.000 habitantes, integrado por 82 municipios en la provincia, hasta 48 consistorios no han rendido sus estados financieros.
Frente a estos incumplimientos, un total de 42 ayuntamientos de la provincia de
Almería, equivalentes al 40,78 % del censo provincial, lograron fiscalizar sus cuentas. De este grupo, 26 municipios formalizaron la rendición en plazo ordinario —dos en el tramo de más de 50.000 habitantes, dos en el de 20.000 a 50.000, dos entre 5.000 y 20.000, y 20 en el de menos de 5.000 habitantes—, mientras que otros 16 consistorios remitieron sus estados contables fuera de plazo pero antes del cierre del informe —dos municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes y 14 de menos de 5.000 habitantes—. El informe refleja además que doce consistorios almerienses cuentan con un entramado de 26 entidades dependientes o adscritas, distribuidas en 15 sociedades mercantiles, siete organismos autónomos y cuatro consorcios.
En lo que respecta a la colaboración con el órgano fiscalizador, el ayuntamiento de
Carboneras figura entre los siete municipios de Andalucía que no respondieron a los requerimientos formales de información enviados por la institución de control externo para indagar en las causas del incumplimiento continuado durante el trienio 2022-2024. Esta falta de atención por parte de
Carboneras ha impedido analizar los motivos de la falta de rendición, verificar la coherencia de su tesorería o conocer la composición actualizada de su censo instrumental. Por otro lado, el ayuntamiento de
Macael aparece recogido en la fiscalización por haber incurrido en una incidencia de validación al firmar de forma manual el documento de remisión de la Cuenta General, lo que contraviene la exigencia de tramitación por medios electrónicos establecida en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
La situación de cumplimiento es especialmente crítica en el ámbito supramunicipal, donde la totalidad de las ocho mancomunidades censadas en la provincia de
Almería ha dejado de rendir sus cuentas de 2024, registrando un 100 % de incumplimiento. Entre las entidades supramunicipales que no han cumplido figuran la Mancomunidad de Municipios del Valle del Almanzora, cuyo último ejercicio rendido es 2023; la Mancomunidad de Municipios Pueblos del Interior, con 2022 como último año presentado; y la Mancomunidad del Bajo Andarax, que no rinde cuentas desde 2020. La reincidencia es aún mayor en las otras cinco mancomunidades almerienses, que acumulan cinco años consecutivos sin rendir cuentas en el periodo 2020-2024: la Mancomunidad Comarcal Mármol Blanco Macael, la Mancomunidad del Levante Almeriense, la Mancomunidad de Municipios Río Nacimiento, la Mancomunidad de Municipios de Los Vélez y la Mancomunidad de Municipios Medio-Alto Andarax y Bajo Nacimiento.
En el conjunto de Andalucía, el Sector Público Local engloba a 894 entidades principales y 542 entes dependientes, sumando un censo global de 1.436 entidades. De las 894 entidades locales principales andaluzas, únicamente 429 rinden sus cuentas de 2024 hasta el cierre de la fiscalización, lo que representa un 47,99 %, mientras que 465 entidades (el 52,01 %) han incumplido su obligación. En términos demográficos, los municipios andaluces que no han rendido cuentas representan al 41,31 % de la población autonómica. Ante este panorama, la Cámara de Cuentas de Andalucía ha recomendado instar a las administraciones del Estado español y de la Junta de Andalucía a reforzar la suficiencia de recursos en las intervenciones locales, potenciar la asistencia de las diputaciones provinciales a los municipios de menor población y promover medidas para la disolución formal de aquellas mancomunidades que se encuentren inoperativas o incumplan de forma sistemática con sus obligaciones contables.
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