La vía judicial ha sido la opción elegida por la administración municipal de Almería para abordar la concentración permanente que un grupo de manifestantes mantiene en el extremo sur del Paseo de la capital. La portavoz del equipo de gobierno, Sacramento Sánchez, ha anunciado la presentación de una denuncia ante los juzgados contra las cerca de veinte personas instaladas en la Plaza de Emilio Pérez, una medida fundamentada en la existencia de una "ocupación ilegal de la vía pública".
El origen de este campamento urbano se sitúa en la tarde del pasado domingo, tras la movilización convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos. La representante municipal ha matizado que el Ayuntamiento ha dado traslado de la acción legal a la Subdelegación del Gobierno en la provincia, insistiendo en la necesidad de deslindar el derecho a las movilizaciones debidamente autorizadas de este tipo de pernoctaciones no reguladas. En este contexto, ha remarcado que "como cualquier ciudadano, no pueden ocupar la vía pública de manera ilegal porque también tenemos que primar el cumplimiento de las ordenanzas y el derecho también de los vecinos a la seguridad, a la buena convivencia, al respeto al silencio y, en fin, todas esas cosas".
La postura del Gobierno municipal se ha dado a conocer en respuesta a las cuestiones planteadas por los grupos de la oposición al cierre de la sesión plenaria. Durante la sesión, la representación de Vox, encarnada por Juan Francisco Rojas, se interesó por la presencia de autorizaciones oficiales, la duración comunicada de la protesta y la posibilidad de imponer expedientes sancionadores por la ocupación indebida del espacio público. Por otro lado, el portavoz de IU-Podemos, Alejandro Lorenzo, requirió información sobre si desde la corporación de
Almería se había solicitado la intervención de los agentes locales frente a esta movilización.
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No(
