La publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Orden INT/1069/2026, de 7 de octubre, marca un punto de inflexión en la gestión de emergencias sísmicas en el Estado español, con una repercusión directa e inmediata en la provincia de
Almería. La disposición, que hace oficial el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado 6 de octubre de 2026, actualiza un marco preventivo que permanecía sin cambios sustanciales desde abril de 1995. Dada la relevante actividad geológica del territorio almeriense, reflejada en episodios históricos como el terremoto que destruyó la capital en el año 1522, este nuevo texto legal obliga a una profunda revisión de las estrategias de mitigación, los protocolos de respuesta rápida y las competencias operativas de las distintas administraciones.
La nueva Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de terremotos, impulsada a propuesta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez, se fundamenta en los principios de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil y en el Real Decreto 524/2023, por el que se aprobó la Norma Básica de Protección Civil. Tras obtener el informe favorable por unanimidad del Consejo Nacional de Protección Civil el 29 de julio de 2026, la norma entra en vigor al día siguiente de su publicación oficial, dejando sin efectos el acuerdo previo de 1995. A partir de este momento, la
Junta de Andalucía debe proceder a adecuar su plan especial autonómico para garantizar la máxima coherencia y homogeneidad en las actuaciones de auxilio e intervención.
Uno de los puntos clave del documento radica en la delimitación de las áreas de peligrosidad y en la exigencia de elaborar planes de ámbito local en aquellos municipios donde se prevean sacudidas con una intensidad igual o superior al grado VIII de la escala macrosísmica europea para un periodo de retorno de 475 años. Esta prescripción técnica afecta de lleno a una amplia nómina de localidades almerienses expuestas a una aceleración del suelo significativa, entre las que se encuentran centros urbanos y costeros de la importancia de
El Ejido,
Roquetas de Mar,
Adra,
Níjar,
Berja,
Vera,
Huércal-Overa,
Cuevas del Almanzora,
Carboneras o
Albox. Todos estos ayuntamientos deberán estructurar o poner al día sus mecanismos de autoprotección, análisis de vulnerabilidad y atención a la ciudadanía ante eventuales crisis telúricas.
Junto a la salvaguarda de las personas y de las infraestructuras críticas, la directriz incorpora importantes novedades en materia de protección de bienes culturales, medio ambiente y animales, en consonancia con la reciente legislación sobre bienestar animal. En una provincia como
Almería, dotada de un valioso patrimonio histórico y de entornos naturales singulares, los planes de emergencia deberán contemplar protocolos concretos de evacuación y resguardo de estos elementos. En esta tarea de diagnóstico y elaboración de inventarios de riesgo, la asistencia técnica de la
Diputación de Almería hacia las entidades locales con menores recursos, así como el respaldo científico de la
Universidad de Almería, resultarán determinantes para adaptar las exigencias estatales a la realidad del terreno.
La normativa establece asimismo un modelo unificado de ficha técnica para la primera evaluación de daños en edificaciones y homogeneiza los canales de información a través del Mapa Nacional de Riesgos de Protección Civil y la Red Nacional de Información. De este modo, los servicios de intervención, técnicos de edificación y fuerzas de seguridad dispondrán de criterios estandarizados para decretar desalojos o verificar la estabilidad de las estructuras tras un seísmo. El acuerdo del Ejecutivo central precisa que la implantación de todas estas medidas no supondrá incremento alguno de dotaciones, retribuciones ni gastos de personal público, por lo que las administraciones implicadas deberán acometer la reestructuración y el mantenimiento de los planes de emergencia optimizando sus recursos ordinarios para elevar el nivel de resiliencia sísmica en la provincia de
Almería.
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