La lucha contra el crimen organizado y el tráfico de droga suma un nuevo capítulo institucional. La Junta de Andalucía se encuentra reforzando la capacidad operativa de las sedes judiciales andaluzas, reservando para la provincia de Almería un contingente de 21 efectivos de refuerzo en sus juzgados, además de mantener turnos de guardia extraordinarios de carácter estacional en puntos clave del litoral almeriense como la propia capital y El Ejido.
Durante una comparecencia en sede parlamentaria, el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, defendió que la administración autonómica está actuando con contundencia en el ámbito de sus competencias. Frente a la postura de un Gobierno central que optó en su día por el desmantelamiento del grupo OCON-Sur, el representante del Ejecutivo autonómico remarcó que la postura regional pasa por apuntalar las estructuras del Estado en aquellos puntos donde los delincuentes buscan desafiar la legalidad.
Las medidas adoptadas abarcan el despliegue de 140 funcionarios adicionales repartidos en cinco provincias de la Comunidad, entre los que destacan los destinados a la geografía almeriense junto a los asignados a Granada, Málaga, Cádiz y Huelva. A este dispositivo se añaden dotaciones estacionales de guardia programadas hasta final de año tanto en tierras almerienses como en los municipios de Barbate, Motril y Ayamonte.
Paralelamente a estas actuaciones sobre el terreno, el Consejo de Gobierno aprobó formalmente solicitar al Estado la creación de juzgados dedicados en exclusiva a la investigación del crimen organizado y el tráfico de sustancias ilícitas. La petición institucional, que respalda las demandas manifestadas previamente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y las fiscalías Antidroga y de Cádiz, solicita asimismo la reactivación de OCON-Sur como grupo policial especializado.
Desde el Gobierno autonómico recuerdan que la incidencia de estas redes delictivas ha sobrepasado los límites del Campo de Gibraltar para extenderse por la cuenca del Guadalquivir y toda la franja marítima andaluza. La complejidad que entrañan estas causas —con macroprocesos que involucran a numerosos investigados, inspecciones patrimoniales y un amplio alcance territorial— requiere una respuesta especializada que, una vez autorizada por las Cortes y el Ministerio correspondiente, contará con el apoyo de medios materiales y humanos a cargo de las arcas autonómicas.
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