La Junta tiene que recurrir al BOJA para localizar a beneficarios de Dependencia

 

La administración de los servicios sociales en la provincia de Almería afronta un complejo entramado burocrático que trasciende el mero cómputo de los plazos de tramitación. Mientras el debate político promovido por el PSOE se centra de manera recurrente en la demora acumulada para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de dependencia, la Junta de Andalucía tropieza sobre el terreno con un obstáculo operativo determinante al no lograr notificar sus dictámenes en el domicilio fijado por los propios interesados. Esta circunstancia ha obligado a la Delegación Territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad en Almería a recurrir a la vía edictal mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de un anuncio oficial que afecta a un total de 47 personas con expedientes tramitados en la provincia y a las que no ha sido posible comunicar distintas resoluciones y actos administrativos.

La notificación pública, firmada por el delegado territorial Francisco González Bellido a través de la Unidad Territorial de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, responde a lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Este paso formal se realiza de manera previa a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, trámite que fijará el cómputo legal de los plazos. El desglose de las 47 actuaciones administrativas refleja un amplio espectro de procedimientos, entre los que destacan diez resoluciones de reconocimiento del grado de dependencia y concesión del derecho al Servicio de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia en municipios como Huércal-Overa, Turre, Adra, Arboleas, Vera, El Ejido —incluyendo la pedanía de Santa María del Águila— y diversos puntos de la capital almeriense, como la barriada de Retamar.

 

 

Asimismo, la nómina de trámites que no han podido entregarse en mano abarca ocho expedientes referentes a la revisión del grado de dependencia con la posterior aprobación del Programa Individual de Atención (PIA) en localidades como Albox, Mojácar, Arboleas, El Barranquete, en Níjar, y la propia ciudad de Almería. A estos se suman trece expedientes orientados a la aprobación de un nuevo programa de atención o al mantenimiento de las prestaciones en vigor para usuarios de Roquetas de Mar, Níjar, Senés, Terque, Albox y sectores periurbanos como La Cañada. Dentro del paquete edictal figura también la notificación de un trámite de audiencia a una persona interesada cuya dirección de contacto figuraba en Madrid, lo que pone de manifiesto la dispersión geográfica que en ocasiones adquiere el seguimiento de las solicitudes tramitadas en la provincia.

En el ámbito de la finalización de los servicios, la publicación oficial recoge catorce expedientes relativos a la extinción, decaimiento o acuerdo de inicio de extinción del Servicio de Ayuda a Domicilio. Las resoluciones de extinción directa atañen a ciudadanos empadronados en Almería, Oria, Roquetas de Mar, El Ejido y La Cañada de San Urbano. Resulta de especial relevancia el caso de tres expedientes cuya extinción responde formalmente al traslado del expediente fuera de la provincia o del territorio autonómico andaluz. Entre estos supuestos destaca el de un usuario cuyo domicilio actualizado se sitúa en la localidad de Puerto Lumbreras, en la Región de Murcia, además de otros traslados formalizados hacia municipios como Cádiar, en la provincia de Granada, y La Línea de la Concepción, en la provincia de Cádiz. La relación de expedientes se completa con la aceptación de una renuncia formal al servicio en Vélez-Blanco y la declaración de decaimiento del derecho en Antas.

Esta acumulación de notificaciones infructuosas por correo certificado se enmarca en un escenario de constante debate político sobre la gestión del sistema de autonomía personal en Almería. Mientras desde la oposición representada por el PSOE se denuncia de forma continuada que los tiempos medios de espera para resolver los expedientes superan ampliamente los 400 e incluso los 500 días en el ámbito provincial —frente al plazo máximo de 180 días estipulado por la legislación del Estado español—, la administración autonómica defiende la agilización de las valoraciones y la ampliación de la cobertura. Sin embargo, situaciones como la ilocalización de casi medio centenar de solicitantes ilustran los condicionantes operativos del procedimiento, donde las variaciones de residencia no comunicadas o los cambios de domicilio retrasan la efectividad de las prestaciones concedidas a las personas vulnerables.