La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha emitido una alerta sobre los "graves retrocesos" que presenta el anteproyecto de la nueva Ley de Asilo, aprobado recientemente por el Consejo de Ministros. La organización ha solicitado al Gobierno que "recapacite y retire" esta propuesta, argumentando que no se han considerado las demandas de las organizaciones de derechos humanos.
CEAR sostiene que el contenido del anteproyecto, publicado en medios de comunicación, ignora las reiteradas peticiones para un pacto centrado en las personas y sus derechos. En cambio, critica que se plantea aplicar la nueva normativa de manera diferente a lo prometido por el presidente del Gobierno.
Críticas a la dirección del Gobierno
La ONG denuncia que el Ejecutivo ha optado por adoptar "opciones más duras", alineándose con países que tienen políticas más restrictivas dentro de la Unión Europea, en lugar de implementar un enfoque "garantista y humano".
Mónica López y Mauricio Valiente, directores generales de CEAR, han expresado su descontento: "Hemos perdido una oportunidad histórica de liderar la Europa de los valores y los derechos. Con este proyecto de Ley, nuestro Gobierno plantea medidas regresivas que no solo han demostrado ser ineficaces, sino que también ponen en grave peligro a quienes necesitan protección internacional".
Demandas incumplidas y nuevas restricciones
Entre las propuestas rechazadas por el Gobierno, CEAR había solicitado el refuerzo de vías legales y seguras para solicitar asilo, como la opción de hacerlo desde embajadas y consulados. Sin embargo, esta posibilidad se debilita al quedar a discreción de estas representaciones.
Además, el anteproyecto establece causas no obligatorias para aplicar procedimientos fronterizos menos garantistas. Por ejemplo, considera aspectos como el primer país de asilo o si la persona proviene de un país seguro. Actualmente, según CEAR, el Pacto de Migración y Asilo solo exige a los Estados miembros aplicarlo bajo ciertas condiciones específicas.
Nuevas medidas controvertidas
El anteproyecto también incluye la creación de listados nacionales de países seguros y excepciones al derecho de asilo en situaciones críticas. Estas medidas son opcionales para los Estados miembros.
En cuanto a la detención durante los procesos relacionados con asilo, se prevé una extensión del tiempo máximo permitido. Las detenciones podrían aumentar hasta dos semanas durante el procedimiento fronterizo y mantenerse hasta 120 días si se solicita protección internacional nuevamente.
Consecuencias para los refugiados
CEAR advierte que estas reformas dificultarían enormemente la reagrupación familiar para refugiados al imponer requisitos económicos y habitacionales tras un año desde la solicitud.
Finalmente, la organización ha subrayado que se proponen "enormes retrocesos" en garantías fundamentales como la libertad de movimiento y el derecho a la información. Además, no aborda adecuadamente el reconocimiento de personas apátridas.
"La nueva Ley de Asilo será la tercera aprobada durante el periodo democrático. Pedimos al Gobierno español que recapacite y retire esta propuesta para evitar que sea recordada como la más involucionista", concluyeron desde CEAR.
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