El Parlamento autonómico ha sacado adelante por mayoría una iniciativa promovida por el PP con la que se requiere formalmente al Ejecutivo central una modificación del Real Decreto que regula las condiciones de implantación de los centros de datos en el país. La propuesta, defendida en el pleno por la parlamentaria almeriense Ángeles Martínez, advierte de que las exigencias planteadas desde Madrid ponen en riesgo directo proyectos de inversión valorados en más de 10.000 millones de euros y la creación de un millar de empleos altamente cualificados dentro del territorio andaluz.
Durante su alocución, la representante de la provincia de Almería ha remarcado el papel estratégico que desempeñan estas infraestructuras en el ecosistema digital actual, recordando que gestiones cotidianas como la mensajería instantánea, el correo o los servicios de computación en la nube dependen de estas instalaciones físicas. En este sentido, ha enfatizado que "los centros de datos son indispensables para el desarrollo de la Inteligencia Artificial. Sin centros de datos, sencillamente, no hay Inteligencia Artificial".
La iniciativa parliamentary pone de relieve que la Comunidad ostenta una posición competitiva relevante en la transformación digital, situándose como la tercera autonomía en aporte al valor añadido bruto del sector tecnológico en el Estado. No obstante, Martínez ha criticado duramente el Real Decreto estatal al considerar que impone barreras desproporcionadas en materia de uso de agua y recursos energéticos, habiéndose tramitado mediante un procedimiento de urgencia y sin consenso previo con el sector ni con los gobiernos autonómicos.
Frente a la rigidez del texto gubernamental, la diputada del
PP ha reclamado un marco normativo "ordenado, razonable y posible de cumplir" que atienda las particularidades de la zona, fomente el uso de aguas regeneradas y permita esquemas de almacenamiento energético sin penalizar los proyectos en marcha. A este respecto, ha argumentado que "está en juego la capacidad de Andalucía para competir en la economía digital, como factor esencial de crecimiento, productividad y autonomía estratégica. Por eso hoy reclamamos al Gobierno que regulate con visión de país, porque no se puede convertir la transición energética en una barrera para la transición digital y no se puede frenar una oportunidad de inversión y empleo que Andalucía se ha ganado con esfuerzo".
Asimismo, ha puntualizado que la posición parlamentaria no aboga por una ausencia de regulación, sino por hacer compatible la sostenibilidad ambiental con la atracción de capital, advirtiendo de que las restricciones excesivas podrían provocar la fuga de estas inversiones estratégicas hacia otros mercados exteriores. La iniciativa cuenta con el respaldo técnico del procedimiento de alegaciones presentado por la
Junta de Andalucía, administración que junto a colectivos profesionales y patronales del sector ha registrado más de 600 objeciones al Real Decreto.
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