Un total de 32 familias que residen en dos promociones de vivienda pública situadas en la calle Manolo Caracol, dentro del barrio de El Puche en el municipio de Almería, se encuentran amenazadas con la pérdida de sus hogares debido a la imposibilidad de presentar facturas de suministro eléctrico. La administración autonómica, a través de la Junta de Andalucía, ha emitido una notificación formal mediante la cual requiere a los inquilinos la acreditación documental de sus contratos de energía en un plazo de diez días laborables. La falta de cumplimiento de este trámite administrativo derivaría en el inicio de los procedimientos para recuperar la posesión de los inmuebles y ejecutar los correspondientes desalojos.
El origen del conflicto radica en que los edificios afectados carecen de contadores de electricidad individuales instalados en las viviendas. Según exponen los propios residentes de este enclave de la capital de
Almería, los inmuebles fueron adjudicados originalmente sin los equipos de medición necesarios para que cada usuario pueda formalizar de manera directa la contratación del servicio con las compañías distribuidoras. Esta carencia técnica impide a las familias disponer de facturas a su nombre, situándolas en un escenario de vulnerabilidad administrativa ante el requerimiento institucional que condiciona la continuidad de sus alquileres sociales a la aportación de dichos recibos.
Frente a las exigencias planteadas por la
Junta de Andalucía, los vecinos afectados señalan que la adaptación técnica de las instalaciones comunitarias requiere actuaciones y adecuaciones previas en la infraestructura eléctrica general de los edificios que exceden sus competencias particulares. Los residentes sostienen su predisposición a regularizar los contratos para seguir habitando de forma legal en sus pisos públicos, argumentando que la intervención económica y técnica necesaria en la red representa un obstáculo inaccesible sin el concurso directo de la administración titular de las promociones.
Esta problemática se enmarca en la compleja situación que arrastra el barrio de El Puche en
Almería en materia de servicios energéticos, caracterizada por incidencias históricas en el suministro eléctrico, sobrecargas en la red y expedientes de regularización pendientes en diversos bloques del entorno. Las actuaciones administrativas persiguen verificar la regularidad de los suministros y la correcta utilización del parque de vivienda protegida en la provincia de
Almería, mientras las familias afectadas reclaman vías de diálogo para adecuar los inmuebles antes de que expire el plazo fijado y se inicien las medidas de desalojo.
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