El freno en las obras de acondicionamiento del acueducto Tajo-Segura pone en jaque el suministro hídrico para los agricultores del levante y la provincia de
Almería. Las críticas de las autoridades valencianas señalan directamente al Ejecutivo de España por provocar una "demora intencionada" en la ejecución de las reparaciones del canal, unos trabajos orientados a atajar fugas de agua pero cuya programación temporal amenaza con dejar secos los envíos previstos.
El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina, perteneciente al
PP, denunció que unas labores que requerían una intervención urgente "se van a demorar alevosamente durante más de cinco meses para concluir el año y evitar un necesario trasvase de agua". Esta ralentización técnica afecta no solo al riego agrícola de la provincia de
Almería y Murcia, sino también al abastecimiento de agua potable en áreas urbanas de la geografía alicantina.
El rechazo a la planificación del Ministerio de Transición Ecológica coincide con las quejas trasladadas por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), entidad que alertó del perjuicio causado por el retraso en la reparación de los tramos dañados. Según los datos expuestos, la falta de mantenimiento adecuado y la imprevisión de la administración central han provocado la pérdida de unos 85 hectómetros cúbicos, un volumen que termina derivándose hacia territorio portugués sin aportar retorno productivo para las zonas agrícolas afectadas.
Frente a las consecuencias económicas de estos parones en el suministro, desde el Consell se ha puesto en valor el esfuerzo económico que realizan los propios productores del sector primario. Los profesionales del campo destinan mensualmente 975.000 euros al mantenimiento de esta infraestructura básica, suma que roza los 12 millones de euros anuales, por lo que reclaman el máximo compromiso institucional para garantizar la continuidad del flujo hídrico en las cuencas receptoras.
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