El PP reclama respuestas urgentes al Gobierno central ante la ola de violencia que sacude a Almería

La creciente preocupación por la seguridad ciudadana en la provincia almeriense ha llevado al grupo parlamentario popular a elevar una exigencia pública de explicaciones a la administración central. La representante en el Congreso por el PP de Almería, Ana Martínez Labella, ha calificado de extrema gravedad el escenario actual tras encadenarse dos mortales tiroteos en las calles de la ciudad en un periodo tan breve como dos jornadas. Ante estos hechos, la dirigente ha solicitado una intervención directa del Ejecutivo para frenar esta deriva y abastecer con urgencia a los cuerpos policiales de los medios técnicos y de personal adecuados.

Pese a mantener la cautela sobre la conexión de ambos episodios criminales a la espera del avance de las pesquisas policiales, la diputada ha remarcado el clima de alarma social generado entre el vecindario almeriense. Según su planteamiento, resulta inaceptable asumir la violencia armada como algo cotidiano o permitir que la ciudadanía habite con temor mientras los índices delictivos continúan su senda ascendente.

Desde las filas populares se ha hecho hincapié en que esta advertencia sobre el repunte de la delincuencia no es aislada. Tomando como base los balances oficiales del Ministerio del Interior, la formación sostiene que las infracciones penales en el territorio provincial se han incrementado un 27,5% si se compara el contexto presente con los registros de 2018, un indicador que catalogan de altamente alarmante.

La representante del PP ha recriminado al Gabinete central su inacción y la falta de dotación para los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional que prestan servicio en la zona. Asimismo, ha lamentado que desde la Administración del Estado se haya desestimado la edificación de la nueva sede policial prevista para la capital almeriense, una infraestructura que figuraba comprometida por escrito.

Para finalizar, Martínez Labella ha insistido en que la protección de la población constituye una obligación primordial e ineludible para las autoridades públicas, por lo que ha instado al Ejecutivo central a abandonar la pasividad y aclarar de forma inmediata con qué recursos prevé atajar la problemática delictiva en suelo almeriense.