En el discurso político de Santiago Abascal, candidato de Vox a la presidencia dle Gobierno cnetral el próximo 29N, las prestaciones públicas suelen recibir el apelativo despectivo de «paguitas». Sin embargo, la hemeroteca administrativa ha dejado al descubierto que el propio dirigente de Vox y su esposa figuran entre los beneficiarios del bono social térmico —la ayuda directa vinculada al bono social eléctrico— tras acreditar su condición de familia numerosa especial con cinco hijos.
Aunque ambos perciben retribuciones públicas y privadas muy elevadas y sostenidas en el tiempo, el matrimonio ha sabido exprimir un resquicio del Real Decreto 897/2017 que permite a cualquier familia numerosa acceder al descuento energético con independencia de su patrimonio o nivel de ingresos. La paradoja que ha sacudido la actualidad política española cobra una dimensión especialmente cruda al aterrizar las cifras en la provincia de Almería. Mientras en las rentas más altas del país basta con conocer la letra pequeña de la normativa para obtener una rebaja en el recibo de la luz y una transferencia anual en cuenta bancaria, decenas de miles de familias almerienses en situación de pobreza real se quedan fuera de esa misma ayuda a la que tienen pleno derecho legal.
El desfase almeriense
La radiografía de los datos oficiales en Almería deja al descubierto la magnitud de esta brecha. Según los últimos balances de las comercializadoras de referencia, en la provincia apenas superan los 23.000 hogares los que tienen activo el Bono Social Eléctrico, que otorga en 2026 una rebaja directa del 42,5 % en la factura para los consumidores vulnerables y del 57,5 % para los vulnerables severos.
El contraste resulta llamativo al cruzar esa cifra con la estadística de la Seguridad Social correspondiente a este mismo mes de noviembre de 2026: en Almería hay 24.538 hogares (donde viven 83.428 personas) que perciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV). La normativa vigente establece que cualquier perceptor del IMV tiene reconocido por ley el acceso automático al bono eléctrico en su tramo máximo de protección. Es decir, solo el colectivo que cobra la renta mínima estatal en la provincia supera ya el total de bonos eléctricos concedidos en todo el territorio almeriense.
Si a esos hogares se suman las familias trabajadoras con salarios bajos, los pensionistas con cuantías mínimas y las familias numerosas sin recursos de la provincia —donde la tasa de paro alcanza el 16,10 % y el riesgo de pobreza rebasa con holgura la media estatal—, el desequilibrio se multiplica. Las estimaciones del propio Ministerio para la Transición Ecológica y de las organizaciones sociales que trabajan sobre el terreno sitúan entre el 40 % y el 50 % la bolsa de hogares vulnerables que no llegan a solicitar la ayuda. Proyectado sobre la realidad demográfica de Almería, esto significa que entre 40.000 y 60.000 familias vulnerables almerienses están pagando hoy su factura eléctrica íntegra sin beneficiarse de un descuento que les corresponde.
Un laberinto burocrático
La razón por la que una renta elevada como la del líder de Vox accede con facilidad al sistema mientras miles de hogares humildes de Almería quedan excluidos responde al propio diseño administrativo de la prestación. Para obtener el bono eléctrico por renta, una familia vulnerable debe demostrar que no supera determinados umbrales ligados al IPREM, aportar certificados de empadronamiento colectivo y renovar periódicamente su expediente. En cambio, el título de familia numerosa actúa como un salvoconducto directo sin ningún filtro económico asociado.
A ese agravio comparativo se suman las barreras cotidianas que frenan a los hogares almerienses con menos recursos. Muchas familias perceptoras del Ingreso Mínimo Vital o de pensiones no contributivas desconocen sencillamente que el bono eléctrico no se aplica de oficio, sino que exige una tramitación expresa. A ello se añade la trampa del mercado energético: la ley obliga a tener contratada la tarifa regulada (PVPC), pero miles de consumidores vulnerables siguen atrapados en el mercado libre tras haber sido captados por ofertas comerciales y creen que no pueden regresar al sistema regulado. En barrios vulnerables y zonas agrícolas de la provincia pesa además la precariedad residencial, ya que numerosos inquilinos viven en pisos donde el contrato de la luz sigue a nombre del propietario anterior, lo que bloquea cualquier solicitud.
La penalización climática
La desigualdad se completa en el segundo escalón de la ayuda. Tener activo el Bono Social Eléctrico a 31 de diciembre convierte automáticamente al titular en beneficiario del Bono Social Térmico del año siguiente, un ingreso directo en cuenta destinado a gastos de calefacción o agua caliente.
Mientras que en zonas climáticas más frías como Madrid este cheque supera los 210 euros anuales —la cuantía percibida en el hogar de Abascal—, la mayor parte de la población almeriense reside en la capital y en la franja litoral, catalogadas dentro de la zona climática A de inviernos suaves. Como consecuencia, los hogares vulnerables de la costa almeriense que sí logran sortear la burocracia perciben el tramo mínimo de toda España: 50 euros al año tras la actualización normativa de 2026, o alrededor de 80 euros en el caso de los vulnerables severos.
Mientras continúa el cruce de acusaciones sobre la conveniencia de introducir topes de renta para las familias numerosas, en Almería persiste una realidad mucho más silenciosa: la de decenas de miles de familias que necesitan cada euro para encender la luz o calentar su vivienda y que siguen sin ver ni rastro de esa «paguita» que otros cobran sin necesitarla.