Oceana alerta del impacto del arrastre sobre las áreas protegidas de las aguas de Almería

 

La organización medioambiental Oceana ha identificado más de 51.000 horas de pesca de arrastre aparente en seis espacios marinos teóricamente protegidos de la Red Natura 2000 durante el año 2025. De ese cómputo total, 3.456 horas se localizaron directamente sobre hábitats específicamente mapeados como vulnerables. Esta actividad pesquera destructiva afecta de forma directa a ecosistemas marinos de elevado valor ecológico y con un litoral de singular relevancia como el de la provincia de Almería, donde se ubican dos de las zonas analizadas, poniendo en riesgo praderas de posidonia, arrecifes, cañones submarinos, corales de aguas frías y otros fondos marinos especialmente sensibles a las perturbaciones físicas que provoca el aparejo de arrastre.

Según los datos dados a conocer por la ONG en un estudio presentado durante una rueda de prensa celebrada en Madrid, un total de 205 buques ejecutaron este tipo de pesca destructiva para los fondos marinos a lo largo del pasado ejercicio. Las cifras han sido cuantificadas a través del análisis sistemático de las señales de navegación y arrastre emitidas por los propios barcos. El informe focaliza su diagnóstico en seis áreas marinas protegidas aprobadas oficialmente en 2014 pero cuyos planes de gestión continúan pendientes de aprobación a pesar de haber sobrepasado con creces el plazo legal establecido. Entre los espacios afectados destacan de manera prioritaria el Sur de Almería-Seco de los Olivos y el Espacio Marino de Alborán, además del Canal de Menorca, el Sistema de Cañones Submarinos de Avilés, los Volcanes de Fango del Golfo de Cádiz y el Sistema de Cañones Submarinos Occidentales del Golfo de León.

Estas zonas forman parte del 25% de la superficie marina del Estado español declarada bajo figuras de protección. Sin embargo, desde la organización ecologista han remarcado que la presencia continuada de embarcaciones de arrastre pone de manifiesto una grave contradicción entre las obligaciones legales de conservación asumidas por España y la situación real de los mares. Por ello, han reclamado formalmente al Ejecutivo central la aprobación inmediata de, como mínimo, cuatro de los planes de gestión que se encuentran actualmente en trámite antes de la celebración de las próximas elecciones generales fijadas para el 29 de noviembre. Esta medida es considerada imprescindible para mantener la trayectoria hacia el objetivo del 30% de protección marina comprometido para el año 2030.

 

La entidad también ha criticado la falta de transparencia demostrada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), así como por las distintas autoridades pesqueras, al no facilitar los datos oficiales de seguimiento de las embarcaciones requeridos para profundizar en el estudio. El asesor político de la ONG, Michael Sealey, ha denunciado en la rueda de prensa que esta opacidad administrativa dificulta la evaluación independiente de las presiones pesqueras reales que sufren los espacios protegidos. Por su parte, Soledad Gallego, directora para España y el Mediterráneo de la organización legal ClientEarth, entidad que ha colaborado en el plano jurídico, ha recordado que en otros países europeos como Países Bajos o Alemania ya se han emprendido litigios judiciales con resultados favorables para garantizar la protección efectiva del medio marino. Gallego ha hecho hincapié en que España cuenta con una de las biodiversidades marinas y terrestres más ricas del continente, por lo que los planes de gestión constituyen la piedra angular para evitar la degradación de las aguas, requiriéndose además una estrategia coordinada a escala europea.

El plano político del debate ha contado con la intervención del fundador y coordinador federal de Alianza Verde y exdiputado en el Congreso, Juantxo López de Uralde, quien ha advertido sobre el aumento de las posturas negacionistas y el auge de corrientes de extrema derecha que buscan dinamitar las políticas de protección ambiental. López de Uralde ha lamentado el cambio drástico en el marco de actuación pública, señalando el impacto del discurso populista frente al rigor de los informes científicos y alertando del peligro que supone desmantelar la regulación ecológica en un momento crítico para la biodiversidad marina.

El desarrollo de estos planes de gestión resulta vital para otorgar previsibilidad y seguridad jurídica a todos los sectores socioeconómicos que operan en el mar, incluida la propia flota pesquera, constituyendo además el eje central del proyecto Intermares. Dicho proyecto nació con el propósito de consolidar una red Natura 2000 marina gestionada con eficacia e impulsada por el conocimiento científico. Pese a que el proyecto debía haber concluido en 2024, el Gobierno ha solicitado dos prórrogas consecutivas que demorarán su finalización hasta 2027, incurriendo por segunda vez en un incumplimiento de los plazos para la aprobación de nueve planes de gestión en espacios marinos. Helena Álvarez, científica marina senior de Oceana, ha advertido de que la iniciativa cuenta con una dotación presupuestaria de 14 millones de euros y que, si los planes no están formalmente aprobados en la nueva fecha límite, España tendría que devolver íntegramente dicha financiación, lo que convierte la resolución de este trámite en una prioridad urgente e ineludible.